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De impoluta camisa blanca y bronceado radiante, el juez Raúl Reynoso repartía a sus colegas el disco de su hija Nallma Camila, conocida en el mundo artístico como Kmila. Era el souvenir del encuentro federal que reunió a doce jueces federales en la localidad salteña de San Ramón de la Nueva Orán, punto clave en el tráfico de cocaína desde Bolivia hacia la Argentina. Aquel mediodía de mayo de 2014, Reynoso estaba exultante: por esos días los medios lo consideraban un paladín de la lucha contra el narcotráfico en la frontera. El anfitrión regalaba CD’s y despedía a los invitados. Uno de ellos era el salteño Julio Bavio, el juez que un año y medio después de esa reunión lo procesaría como “jefe” de una asociación ilícita que recibía dinero y propiedades a cambio de liberar narcos.

En el Hotel Alto Verde, en el centro de la ciudad, los jueces almorzaron tamales y firmaron un documento conjunto. Después se trasladaron unas cuadras hasta el juzgado, donde hablaron con los medios y se sacaron la foto que al día siguiente apareció en los diarios de todo el país. Reynoso se colocó en el centro. De fondo, el edificio el único juzgado federal de la zona, con jurisdicción sobre sobre los 773 kilómetros de frontera con Bolivia, donde trabajan entre 23 y 25 empleados y tramitan alrededor de treinta mil expedientes por narcotráfico, en su mayoría contra bagayeros y mulas.

Un año y cinco meses después de aquella foto, otra imagen con la misma escenografía volvió a trascender las fronteras de la provincia. En lugar de jueces, dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria –con ropa de combate, chalecos antibalas y armas largas- custodiaban el ingreso al edificio de una planta. El allanamiento fue ordenado por el juez Bavio a pedido del fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias. Los efectivos se llevaron copias de los discos rígidos de las computadoras y once expedientes.

Los policías detuvieron a un empleado de confianza de Reynoso, Miguel Ángel Saavedra, y a cinco de los seis abogados involucrados. El juez federal logró evitar la foto tan temida: él, a sus 57 años, esposado frente a su Juzgado. Los fueros le permitirán seguir ejerciendo hasta tanto el Concejo de la Magistratura resuelva su destitución.

Licencia

“Trabajar con él es muy difícil, tiene una conducta típica narcisista. Dialogar, opinar, consensuar, no es fácil”, contó a un Infojus Noticias uno de los trabajadores del Juzgado. El hombre, que prefirió mantener el anonimato, contó que el jefe no hace distinciones con sus empleados, sean secretarios, ordenanzas o personal de mesa de entradas. “Él es la voz de mando y no admite opinión en contrario. Ahí se hace lo que él dice”, explicó.

—¿Y si lo contadicen?

—A muchos nos inició sumarios administrativos. La mayoría de los empleados estamos contratados, entonces nos dice que no nos va a renovar los contratos. Nos coacciona, nos mete miedo todo el tiempo.

El empleado y varios de sus compañeros declararon contra el jefe en la causa que lleva adelante el juez Bavio. Cuando Reynoso se enteró, los juntó a todos en su despacho. “El que va a declarar ya sabe lo que le va a pasar”, los habría amenazado, según contó el hombre. Esta semana, la Cámara Federal de Salta, para evitar represalias, otorgó licencia a todos los empleados que testimoniaron en la causa.

El escándalo

“Reynoso es una persona soberbia, que maneja su Juzgado como patrón de estancia”. El que habla es el abogado laboralista y de derechos humanos David Leiva. El profesional tiene su estudio a media cuadra de los tribunales provinciales y a dos del Juzgado Federal de Orán. “La ciudad tiene alrededor de cien mil habitantes, hay unos 120 abogados en la calle y unos 100 en la Justicia provincial y federal, nos conocemos todos”, explicó a Infojus Noticias.

Hace tres años, aproximadamente, en los pasillos de tribunales, un colega le contó a Leiva que había pagado una coima al juez Reynoso para que un cliente quedara en libertad. Ese tipo de conversaciones, con el paso del tiempo, se hicieron frecuentes. “Estaba naturalizado el tema, muchos colegas contaban cuánto habían pagado. Era vox pópuli, se sabía que cuatro o cinco abogados podían litigar en el Juzgado Federal con resultados. Entonces a los abogados les llegaban casos y los derivaban a esos colegas, porque obtenían cosas que ellos no podían”, agregó.

Meses atrás, Leiva contó en Tribunales todo lo que había escuchado sobre el juez federal durante los últimos tres años. Con esa denuncia se inició la causa que desató el escándalo en la Justicia salteña.

Absueltos

En los diez años y diez meses que lleva al frente de su Juzgado, Reynoso supo construir hacia afuera un perfil de juez duro, implacable en la lucha contra el tráfico de drogas. En el pequeño mundillo judicial salteño siempre hubo rumores de que en realidad, el paladín antinarco era un eslabón más de la cadena de corrupción.

“Estamos casi convencidos de que siempre trabajó para los narcos”, contó un funcionario judicial a Infojus Noticias meses atrás, cuando todavía nadie imaginaba el escándalo que estallaría en el poder judicial salteño. En su despacho, detrás de un escritorio de unos dos metros de ancho, sentado de espaldas al amplio ventanal que da a la calle, el investigador remarcó que gran parte de los expedientes que se apilaban en el despacho de Reynoso tienen como imputados a bagayeros y mulas, hombres y mujeres pobres que ni siquiera son dueños de la mercadería que contrabandean.

Los grandes traficantes, explicó, suelen resultar absueltos. Puso un ejemplo: el del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, vicepresidente de la Cámara de Transportes de Santa Cruz de la Sierra, que maneja una flota de más de 90 camiones cisterna que utiliza para enviar mercadería desde Bolivia hacia Argentina. Entre 2011 y marzo de 2015 Gendarmería interceptó nueve de sus vehículos que llevaban cocaína. Reynoso abrió nueve expedientes separados en los que procesó a los choferes de los camiones. Cada vez que las fuerzas de seguridad argentinas incautaban un camión, los hijos del empresario se presentaban acompañados del abogado Ramón Antonio Valor en el Juzgado para pedir la devolución. El juez, muy atento, autorizaba cada entrega.

El juez Bavio

Reynoso respondió el embate judicial apuntando a dos funcionarios judiciales que conoce de cerca: el fiscal Villalba y el juez Bavio. El miércoles a las 10 de la mañana debía declarar en el despacho de Bavio, en el primer piso de la Cámara Federal de Salta, a menos de cien metros de la plaza principal y de la Catedral Basílica de Salta. A esa hora, los empleados del Juzgado recibieron un fax de Reynoso de once carillas en el que pedía la recusación de Bavio y Villalba. El principal argumento, sostenía, era la “enemistad manifiesta” que tienen con él.

En el escrito, contó que él y los funcionarios que lo investigan formaban parte del mismo equipo de fútbol de un torneo amateur. “Jugaban más ustedes, pues yo era el ‘convidado de piedra’, siempre en el Banco de Suplentes, salvo que le faltaran jugadores”, se quejó. La gota que rebalsó el vaso –explicó- fue un partido en que le permitieron pisar el césped recién “cuando faltaban 15 minutos para finalizar el encuentro”. “Si bien pude ingresar no pasaron siete minutos en que el Dr. Villalba me quiso sacar del equipo, es decir, que deje de seguir jugando”. Cansado de ser el “convidado de piedra”, Reynoso decidió su pase a otro equipo.

La Cámara Federal rechazó el planteo y el paladín antidrogas sintió el golpe: Bavio seguirá al frente de la investigación. Es el juez que lo acusa de liderar una asociación ilícita que recibía dinero y propiedades a cambio de firmar sobreseimientos. Sostiene que Reynoso recibió un campo de 700 hectáreas para liberar a un acusado de traficar casi una tonelada de cocaína. Es el mismo juez que un año y seis meses atrás dejó la ciudad de Orán y recibió de sus manos el último disco de su hija.

SO/PW