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A pesar de la intensa lluvia que caía sobre los tribunales de Comodoro Py, María Julia Alsogaray  llegó poco antes del mediodía de punta en blanco al cuarto juicio en su contra. Antes de comenzar el debate oral, el Tribunal Oral Federal Nº6 rechazó dos pedidos de probation que pidieron los imputados Hernán Pflaun y Juan Carlos Pyekenhay. Se los acusa de presunta defraudación al Estado en 250 millones de dólares, por la privatización de Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) a principios de los noventa. Además de los imputados mencionados, también está Gustavo Daneri, ex coordinador general de ENTel. El TOF anunció que el debate continuará el próximo jueves a las 10 de la mañana.  

La ingeniera se sentó al banquillo de los acusados con pantalón blanco, zapatos de cocodrilo y un saco negro que no se quitó en toda la audiencia por el fuerte aire acondicionado que estuvo prendido en la Sala B de la planta baja.

Mientras la abogada oficial de la ex funcionaria, Pamela Bisserier, pedía la nulidad del debate oral y la prescripción de la causa, los jueces Julio Panelo y María del Carmen Roqueta tomaban nota a mano mientras tomaban café. El tercer juez, José Martínez Sobrino, tipeaba en su notebook y apenas se le veía el rostro.

Los abogados de los otros imputados adhirieron a los pedidos de Bisserier, pero no se atrevieron a dos medidas tomadas por María Julia. Su abogada anunció que presentará un recurso extraordinario, si la Cámara Federal de Casación no la aprueba recurrirá a la Corte Suprema con un recurso de queja.

Después de un cuarto intermedio, que sirvió para que los imputados almorzaran en la confitería del noveno piso, la fiscal federal Sabrina Namer rechazó los planteos de las defensas. Dijo que se trataban de adelantos de los alegatos.

Hoy se leyó la elevación a juicio oral escrita por el fiscal de instrucción Carlos Rívolo, que data de mayo de 2005. A lo largo de las audiencias está previsto que se den a conocer los contratos de liquidación y certificación de obras públicas que firmó Alsogaray con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por el estudio Jaime Fernández Madero, Copiga S.A y la consultora KPMG. Pflaun y Pyekenhay eran representantes de esa empresa, que estuvo involucrada en la operación.

En la acusación, Rívolo afirmó que durante su gestión en Entel, Alsogaray duplicó los precios sin justificativos en los contratos y amplió los plazos de ejecución, movimientos que habrían perjudicado al Estado en 250 millones de pesos, que en esos años equivalían a la misma suma en dólares.

En abril de 2013, Alsogaray enfrentó otro juicio oral por supuesta corrupción en los contratos en la Secretaría de Recursos Naturales que ella encabezó (también durante la gestión menemista) y la Universidad de Lomas de Zamora, entre 1992 y 1995. Fue condenada a 4 años de cárcel. Un tiempo antes también fue condenada por enriquecimiento ilícito y obligada a devolver el dinero. En el juicio por la supuesta contratación irregular de una campaña publicitaria, fue sobreseída porque la causa prescribió.

Alsogaray, tiene 71 años y se formó políticamente en las filas del partido derechista Unión de Centro Democrático (UCeDé), fundado por su padre, Álvaro. En 1989 se sumó al gobierno del peronista Carlos Menem. Entre agosto de 2003 y mayo de 2005 estuvo detenida por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral. Fue en el marco de la causa en la que se la investigaba por el presunto pago de sobreprecios en una serie de refacciones que efectuó en la sede de la Secretaría de Recursos Naturales durante su gestión.

El tribunal oral del que dependía su detención le concedió la excarcelación con el argumento de que toda persona cuenta con el derecho constitucional de permanecer en libertad durante el proceso judicial en su contra, siempre que no exista peligro de fuga.