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“No hay delito. No existe un complot de miembros del Poder Judicial contra el juez Pedro Cornelio Federico Hooft. Debe confirmarse el fallo del juez Luciano Bianchi”, concluyeron los fiscales Guillermo Friele y Laura Mazzaferri en la audiencia para determinar si las manifestaciones obtenidas por Federico Guillermo Hooft, a través de una grabación oculta, constituyen una prueba a favor de su padre, en la causa que se le sigue por delitos de lesa humanidad cometidos en la denominada “Noche de las Corbatas”, durante la última dictadura cívico militar.

En una sala de audiencias improvisada en el subsuelo de la Cámara Federal de Apelaciones, los camaristas Alejandro Tazza,  Jorge Ferro y César Álvarez escucharon por más de dos horas, los argumentos de las partes. Eligieron una sala amplia donde puedan entrar el público y la prensa, que fue lo que pidió expresamente la querella. Familiares y amigos del juez Hooft ocuparon las dos primeras filas de sillas, en las dos restantes se ubicaron integrantes de los organismos de derechos humanos de la ciudad.

Los querellantes Federico Hooft y Alejandro Martín Borawski Chanes solicitaron al tribunal que anule el fallo del juez Luciano Bianchi por entender que tanto el magistrado como los fiscales realizaron un análisis sesgado de la supuesta prueba –obtenida a través de una grabación oculta- que daría cuenta de un complot organizado por jueces, fiscales, abogados e integrantes de los organismos de derechos humanos en contra del juez provincial Pedro Hooft.

La grabación reproduce un diálogo entre Federico Hooft y el entonces fiscal de la causa contra su padre, Claudio Kishimoto. Según la querella, en esa charla el fiscal habría confesado que la denuncia contra el juez Hooft por delitos de lesa humanidad al decir que el caso era “un gran verso”. No obstante, el juez Bianchi entendió que esas manifestaciones informales de un funcionario en el ámbito de su vida privada fueron obtenidas de manera “ilícita” y, por lo tanto, no pueden considerarse como prueba.

“Los dichos de Claudio Kishimoto en la conversación generada de modo sorpresivo por Pedro Federico Hooft por sí solas no tienen la entidad suficiente para probar los hechos hipotizados como delitos denunciados en autos hayan ocurrido”, afirmó el juez Bianchi en la resolución de primera instancia.

En su extensa alocución, Hooft  aseguró que el juez no evaluó toda la prueba presentada e incluso, dejó de lado fragmentos de la grabación. En ese sentido, la primera interrupción del presidente del tribunal llegó cuando el abogado quiso reproducir parte de las declaraciones de Kishimoto. “No se trata esta audiencia de un alegato en un juicio. Es una audiencia para exponer cuestiones técnicas”, explicó el juez Tazza. La advertencia a la querella, se repitió dos veces más.

Por último, Hooft dijo sentirse calumniado por el fallo de Bianchi, quien entendió que el hijo del juez actuó con coerción física y psíquica para obtener y grabar las manifestaciones de Kishimoto. Aclaró que fue sobreseído en la causa por “intimidaciones” y que nunca evaluaron la grabación como una confesión del fiscal acerca de un delito sino como una mera conversación entre colegas.

Más allá del sobreseimiento dictado por el juez federal Alfredo López, Federico Hooft enfrenta un sumario administrativo. Como funcionario judicial –es secretario del Juzgado Nº 1 a cargo del juez Alejandro Castellano- se le reprocha la obtención clandestina de una prueba. El expediente se encuentra en tratamiento en la Cámara Federal de Apelaciones.

A su turno, los fiscales  Friele y Mazzaferri fueron concisos y contundentes. Aseguraron que no existe en el fallo de Bianchi, las contradicciones y la falta de objetividad que denuncia la querella. Sobre la grabación oculta, ni siquiera discutieron la licitud o ilicitud de la prueba y ratificaron que no demuestra el complot que la querella denuncia. “Las grabaciones no dan cuenta de un delito ni de un acto exteriorizado subsumido en el Código Penal”, sostuvieron.

“La charla entre Federico Hooft y Claudio Kishimoto es una informalidad, son opiniones personales que están fuera del alcance del derecho penal. El efecto de esta denuncia a fiscales, jueces y abogados, es con la intención de dilatar la declaración indagatoria del juez Pedro Cornelio Federico Hooft en la causa penal por delitos de lesa humanidad”, concluyó Friele.

Hooft está acusado de tener participación en la “Noche de las Corbatas”, el megaoperativo represivo perpetrado por las fuerzas armadas y con la colaboración de integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) entre junio y  julio de 1977. Durante esas jornadas, un grupo de abogados laboralistas fue secuestrado y la mayoría permanece desaparecido.  En su faena, el terrorismo de Estado asesinó a Norberto Centeno y desapareció a Jorge Candeloro, Salvador Arestín, Hugo Alais, Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-. En tanto, los abogados Carlos Bozzi, Camilo Ricci y Marta García –esposa de Candeloro-, lograron sobrevivir.

Para las querellas, el magistrado no sólo cajoneó los habeas corpus presentados por los familiares de los abogados, sino que ocultó el asesinato del abogado Candeloro. Según el expediente judicial, la máxima autoridad militar de Mar del Plata, informó al juzgado de Hooft que el abogado había sido “abatido en un intento de fuga” y el juez no sólo no reclamó el cuerpo sino que tampoco le avisó a los familiares.

Hooft fue sometido a jury de enjuiciamiento en 2014 y resultó absuelto. Todavía ejerce sus funciones y se ampara en los fueros para sortear la requisitoria de la Justicia. Nunca acudió a ninguno de los llamados a indagatoria.

FD/PW