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En la última audiencia del juicio por los crímenes de La Cacha, antes del receso por la feria judicial, el abogado defensor Juan José Losinno leyó un poema. “chispas de rumores quiebran el silencio olvidado (…) avanzo hacia la nada tan temida”, recitó el letrado particular de Claudio Raúl Grande, un presunto guardia del centro clandestino con el apodo “Pablo”.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y las partes oían –todavía- en silencio. La autora de aquella prosa era Martha Mazilli, había sido tomada de su cuenta de facebook y estaba dirigida a Estanislao Chiara Vieyra, su esposo, el hombre que -según denuncia el abogado- debería ocupar el lugar de su cliente en el banquillo de los acusados. “La poesía, fue escrita dos meses después de la detención los imputados (en febrero de 2010), es la misma y tiene dos títulos distintos: ‘el día del juicio’ y ‘todos los miedos’”, enfatizó el abogado, presentándola como uno de los indicios para demostrar la inocencia de su pupilo. “Ha sido una estafa procesal, y voy a denunciar un encubrimiento del tan mentado Pablo por parte del Ejército”, concluyó.

Losinno concretó de esta forma la estrategia que venía deslizando en forma de adelantos: que Claudio Grande cumplió funciones en el Destacamento de Inteligencia 101 con una categoría A2 de “redactor dactilográfico”, y se limitaba a hacer recortes de diarios y producir informes sobre seguimientos de las áreas gremiales y políticas de la realidad nacional. Es decir: un simple escribiente que nunca estuvo en La Cacha ni supo de su existencia. Según esa versión, el guardia apodado “Pablo” que hace más de quince años vienen mencionando en distintas sedes judiciales los sobrevivientes del centro clandestino, es Estanislao Chiara Vieyra, un agente de inteligencia de gran parecido físico, que aparece en las listas desclasificadas del personal civil del Batallón 601 y estuvo destinado al Destacamento 101, y que también, como Grande, estudiaba en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Plata. Un hombre que los altos mandos del Ejército estarían protegiendo.

El ADN suplente

Para probarlo, Losinno aportó al tribunal el legajo microfilamado de Chiara Vieyra y un anexo documental que obtuvo –mayoritariamente- en un buceo por el Facebook de su esposa, una fuente de información a la que le adjudicó aportar “datos similares a los de un ADN, cuestiones de la intimidad de las personas, afirmaciones y fotos que hacen a la verdad de los hechos”. Junto a la prosa soñadora de la esposa de Chiara Vieyra, desplegó un arsenal de indicios que servirían para confluir en aquella conjura: diez fotos de ovejeros alemanes y de cachorros que coincidirían con los testigos que recuerdan que Pablo solía ir con un perro policía al centro clandestino. Otra en la que se vería una mano de Chiara Vieyra. Y una foto “como dato ilustrativo” de tres de las hijas de Grande, su cliente, con “Manchita”, una perra chiquita que habría sido su única mascota 20 años. También imágenes del hijo y el nieto de Chiara Veyra con unos “potentes ojos celestes”, que sería un rasgo común a toda la familia. Eso, porque algunos sobrevivientes recordaron los ojos de Pablo claros y profundos, como dos gotas de mercurio. Y hasta discos del quinteto “Tiempo”, un grupo vocal que el guardia de La Cacha dijo a uno de los secuestrados que integraba.

Junto con ésos, Losinno aportó otros datos de una trama político-institucional que justificaría el encubrimiento: una copia del perfil de linkedin de la hija de Chiara Veyra –aunque si se ingresa ahora no está disponible- que indicaría que era secretaria privada del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis María Carena. Eso explicaría, para el letrado, que cuando pidió el legajo personal de Chiara Vieyra fue remitido sin foto y con los destinos militares sólo hasta el año 1981. Del microfilm, asegura, surge que su apodo es “Pablo”, que tenía un nombre de cobertura y excelentes aptitudes en inteligencia. Consultado por Infojus Noticias, dijo que Grande “no tenía ni nombre de cobertura ni apodos”, y que no tenía “ningún tipo de curso de inteligencia ni aptitud”. Y pidió los legajos de Carena, su esposa Ana Irene Goyti -civil del Batallón 601-, Chiara Veyra, su hija María Guadalupe, y el del jefe del Ejército César Milani, para corroborar si él, Carena y Chiara Vieyra compartieron destino.

Espías en La Cacha

Según la investigación de la justicia federal, el Destacamento de Inteligencia 101 –que tuvo bajo su responsabilidad el centro clandestino de La Cacha- dependía operacionalmente de la Décima Brigada de Infantería del Ejército y reportaba al Batallón de Inteligencia 601. El personal civil contratado, que hacía cursos de formación, tenía un escalafón propio: cuadro A, B y C. El cuadro A lo integraban los “profesionales con título otorgado por universidades nacionales o privadas” que “sean afines a las tareas de inteligencia”. El cuadro B eran auxiliares: cerrajeros, cocineros, choferes, chapistas, electricistas, mayordomos, mecánicos, hasta peluqueros y sastres. La categoría C eran agentes de calle, que cumplían funciones de “conducción de inteligencia, actividades especiales de inteligencia y eran ingenieros militares y profesionales universitarios”, según los define el protocolo castrense. Se dividían C1, C2 y C3; y a su vez, en IN de 1 a 20.

Pero en La Cacha, los civiles cumplieron un rol más participativo: integraron las guardias rotativas que celaban a quienes permanecían cautivos en las catacumbas del chupadero. En sus legajos aparecían cursos de inteligencia, contrainteligencia, subversión, contrasubversión, explosivos y técnicas de maquillaje, apertura de cerraduras, fotografía y dactiloscopía.

Una responsabilidad Grande

Como publicó Infojus Noticias antes del inicio del juicio, Grande entró a trabajar a los 16 años en el área de mayordomía del Consejo de Ingeniería del Ejército. Cuando estaba por graduarse del secundario, un principal del Ejército de apellido Podestá lo recomendó al Destacamento de Inteligencia. El momento exacto es difuso, aunque las listas oficiales marcan como su fecha de ingreso “transitorio” el 1 de diciembre de 1975 con una categoría IN16, Cuadro A2. Dentro del Destacamento, Grande ingresó a la Central de Reunión de Inteligencia (CRI), el corazón operativo del órgano que dirigía la represión en la zona. La dirigía Anselmo Palavezzati, su jefe inmediato, quien reveló que se nutrían también de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (ex DIPBA).

Casi al mismo tiempo que al Destacamento, Grande se inscribió en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Gracias a eso la justicia llegó hasta él: cuando se desclasificaron los nombres de los civiles que habían actuado en la dictadura militar, se cruzaron con los legajos universitarios y algunos sobrevivientes lo reconocieron en esa foto como un guardia que se hacía llamar Pablo y estudiaba Veterinaria.

Durante el juicio oral, al menos tres personas señalaron a Claudio Grande como el guardia. Losinno los consideró nulos por una cuestión técnica –en instrucción les mostraron fotos de Grande sin control de defensa- y dijo a esta agencia que a 37 años “es muy difícil la individualización y lo que determina la suerte de quien es Pablo es la documentación del legajo PCI”. En los reconocimientos, dos testigos señalaron la foto de Chiara Vieyra. Pero uno de ellos dijo que vio dos Pablos en La Cacha y también señaló la foto de Grande. Incluso dijo que los veía juntos en la Facultad, que a uno lo vio una vez en el centro, y al otro varias veces. La versión de que había más de un Pablo fue planteada al menos por dos testigos más.

Un día de 1982, Claudio Grande se recibió y hubo un brindis en el Destacamento. Con el título universitario en la mano, pidió un ascenso. Entre las razones para que se lo concedieran, esgrimió “tener la posibilidad de ejercer tareas docentes que me facilitarían el acceso a las actividades que desarrollan las organizaciones de izquierda dentro de la Universidad donde cursé los estudios, facilitándose producir valiosas informaciones”. Como todo C3 que se precie, recibiría documentos apócrifos y un nombre de cobertura. Su superior estuvo de acuerdo: recomendó que “se acceda a lo solicitado en razón de considerar que su infiltración entre el elemento universitario resultaría de gran valor para esta Unidad”.

Habrá que esperar el final del juicio para develar el enigma de Pablo.