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El Grupo de los Seis (G-6) no termina de ponerse de acuerdo sobre avanzar o no con el planteo de inconstitucionalidad de la nueva Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (26.991), que reemplazó a la vieja Ley de Abastecimiento. Los más convencidos siguen siendo los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) y los hombres de la Sociedad Rural (SRA) pero no logran torcer la decisión de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que cree que “no es el momento” para avanzar en los tribunales.

El cuestionamiento está centrado en la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, que ya constaba en la antigua ley 20.680. Lo que irrita la dermis de las grandes empresas –muchas de ellas controlantes de los precios de los insumos difundidos- es la posibilidad que la ley le otorga al Estado para intervenir en el proceso económico ante los abusos de posición dominante.

Sobre el tema trabajaron tres estudios de abogados pero los argumentos no llegaron a la Justicia porque “no hay acuerdo para avanzar”, confirmaron dos hombres de negocios a Infojus Noticias. También hay otro tema que frena un poco el debate y está ligado al pago de honorarios para los abogados: cada sector retacea fondos y habla de “dificultades económicas”.

Sobre cuánto ponía cada sector bromearon en los pasillos del almuerzo que organizó el miércoles pasado el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP). “Los únicos que están dispuestos a poner son los de Adeba (bancos privados argentinos)”, comenzó un empresario mientras se retiraba del encuentro organizado en el Hotel Alvear por el jefe de la Corporación América y presidente del CICyP, Eduardo Eurnekian.

A esa reunión no fue Jorge Brito, titular de Adeba. Todos los otros dirigentes del G-6 llegaron puntuales, unos minutos antes de las 13, y compartieron la mesa principal. Héctor Méndez (Unión Industrial Agentina), Carlos De la Vega (Cámara Argentina de Comercio), Luis Etchevehere (Sociedad Rural), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio) y Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción) se sentaron junto al anfitrión Eurnekian y al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien fue el orador principal del almuerzo.

“No es el momento para avanzar porque no hay ningún caso concreto”, sostienen en la Cámara Argentina de Comercio, que encabeza De la Vega, según detalló un empresario. Lo que dicen es que no tienen temor a confrontar con el Gobierno sino que no hay un leading case sobre el cual plantear la inconstitucionalidad. Eso es lo que dijeron los abogados que consultó el directorio de la cámara y en esa posición se plantó De la Vega en la discusión que tuvo dentro del directorio, donde Eurnekian –vicepresidente de la CAC- sostuvo que había que avanzar con la judicialización de la norma.

Esa misma postura empujan desde la UIA y la Sociedad Rural y, aunque la acompañan desde los bancos, no alcanza para terminar de abroquelar a los constructores ni a los hombres de la Bolsa de Comercio. Mucho menos a los comerciantes que se mostraron más permeables a la discusión: fueron al Congreso a plantear varias modificaciones al proyecto –una decena de ellas fueron incluidas- y asistieron a la reunión organizada por la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Justicia para participar de la reglamentación de la norma.

El último de esos encuentros fue el miércoles 15 de octubre y se hizo en la Secretaría de Comercio, donde también fueron las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación. La idea original era invitar a que las cámaras empresarias, las asociaciones de consumidores y las asociaciones de pequeñas y medianas industrias aportaran elementos al borrador que habían diseñado entre ambas carteras. A ese encuentro habían invitado a todos los integrantes del G-6. Todos dieron el visto bueno pero al último momento, unos minutos antes del inicio de la reunión, avisaron que no irían. Sólo estaba –de los grandes jugadores de la economía local- el representante de la Cámara Argentina de Comercio. 

“La regulación de las leyes es muy importante para nosotros y queremos hacer participativo este proceso. Por eso tomamos algunos aportes como sacar de las leyes a las pymes y otros no los tomamos porque iban en contra del espíritu de la ley. Hoy no están todas las voces representadas porque una parte decidió no venir y hablar por los medios o por la justicia”, dijo Costa al abrir la reunión. La referencia fue para las cinco cámaras del G-6 que apostaron a vaciar la reunión: UIA, Adeba, Bolsa de Comercio, Sociedad Rural y Cámara Argentina de la Construcción.

Ese día,  el secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez, anunció que en diciembre se abrirán los concursos para jueces del nuevo fuero judicial para dirimir conflictos entre empresas y consumidores. También dijo que siete meses más tarde estarán designados los jueces del nuevo fuero del consumidor, que forma parte del paquete de leyes aprobado junto a la reforma de la Ley de Abastecimiento.

Al final de esa reunión, el representante de los comerciantes, las asociaciones de consumidores y las pymes se llevaron una copia del borrador de la reglamentación para el Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios. Sobre esa base, enviaron propuestas para sumar a cada uno de los documentos finales que reglamentarán la ley del observatorio y la de las relaciones de consumo. Ambas están listas para promulgarse.