Infojus Noticias

“La ley de Abastecimiento es una ley para la igualdad”, afirmó el diputado Héctor Recalde en el encuentro organizado ayer por las asociaciones Justicia Legítima y Carta Abierta para abordar la nueva regulación de las relaciones de la producción y el consumo de bienes y servicios. El diputado respondió a los planteos de parte de las cámaras empresarias que amenazaron con pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley, y bromeó: “Les falta decir que la Constitución es inconstitucional”.

Más de 200 personas colmaron la sala Juan Ortiz de la Biblioteca Nacional desde las 17. Entre los presentes se destacaron la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, la jueza del máximo tribunal porteño Alicia Ruiz, los fiscales Jorge Auat y Javier De Luca, el ex fiscal Hugo Cañón, y Mario Kestelboim, entre otros. La actividad no terminó con la exposición de los invitados, sino que se cerró pasadas las 21hs con el intercambio de opiniones entre los presentes.

Recalde sostuvo que “esta ley tiene historia en la Argentina”, y recordó que el primer antecedente proviene del gobierno de Irigoyen, con la sanción de una ley que puso topes a los importes de alquileres. Rescató que en 1974 la ley anterior “fue votada por todo el mundo, radicales y peronistas”, y apuntó contra la UCR en la actualidad: “Es difícil comprender a los radicales de ahora, que votan en contra de una ley de Abastecimiento”.

“Es una discusión ideológica”

Horacio Corti, defensor general de la ciudad de Buenos Aires, abrió el primer panel e hizo foco en la idea de la soberanía nacional del Estado. “Dentro de la cuestión de la soberanía hay una capacidad del sistema político para regular las relaciones económicas”, comenzó. Defendió la necesidad de regular las relaciones de producción y comercio. Y afirmó que “la supuesta espontaneidad del mercado es un claro mito político que da lugar a argumentaciones políticas reales”.

“Desde el punto de vista constitucional es claro que el Congreso nacional y el sistema político tiene competencia para dictar el Código de Comercio, que en sí mismo es una regulación económica”, explicó Corti. Y planteó como lógico que una ley de Abastecimiento está dentro de los aspectos comprendidos en esa materia. “La propia ley de 1974 fue considerada constitucional por la Corte y fue aplicada en diversas oportunidades”, agregó. Y resumió: “Es una discusión ideológica, en la que algunos actores asumen estrategias que consideran adecuadas de acuerdo al lugar que ocupan coyunturalmente”.

El fiscal a cargo de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, repasó las características de la criminalidad económica, “que en la mayoría de los casos está en cabeza de profesionales, empresarios que gozan de cierto prestigio social”. Planteó que “el Estado no sólo regula la economía a través de normas, sino que impone sanciones para los infractores”. Y afirmó que “a través de las leyes de abastecimiento el Estado busca garantizar el acceso de toda la población a los bienes y servicios”.

“Quien tiene la última palabra es la sociedad”

El economista Guillermo Wierzba analizó los procesos de concentración de la riqueza y señaló que contra esa tendencia se plantearon estas tres leyes. “Vienen a discutir el tema distributivo, porque se discute la inflación, la formación de precios, la estabilidad económica, y al discutir eso estamos hablando de la puja distributiva”. El especialista llamó a “recuperar las tradiciones del constitucionalismo social para darle continuidad a este proceso”.

El diputado Carlos Raimundi señaló que “el pueblo debe apropiarse de sus derechos fundamentales a la educación, a la salud, a la vivienda, que son confiscados por el poder económico abusivo del sistema financiero internacional”. Y agregó que “hay que dar esa batalla cultural a fondo”. En el mismo sentido se expresó el sociólogo Carlos Girotti, que retomó los lineamientos de la Carta Abierta 17 y señaló “la necesidad imprescindible de la movilización para poner en la agenda política de la sociedad la bandera del interés público”.

El director de la Biblioteca Nacional y referente de Carta Abierta, Horacio González, cerró el encuentro con una síntesis: “Estamos discutiendo una teoría del Estado, una teoría de las relaciones democráticas en su sentido más amplio”. El intelectual sostuvo que este nuevo paradigma “involucra un nuevo tipo de Estado y un cambio social que se está perfilando y debe profundizarse”. Y concluyó que “quien tiene la última palabra es la sociedad, si es que esta carga con el peso de la verdad”.