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El G77+China rechazó el accionar de los fondos buitre y explicitó su "solidaridad unánime" ante la situación judicial que se le presenta al país a causa de una sentencia que fue calificada de "injusta". El pronunciamiento quedará plasmado en una carta que el grupo enviará al juez Griesa y al gobierno de EEUU.

Los representantes de esos países en Naciones Unidas hicieron el pronunciamiento luego de la disertación del ministro de Economía, Axel Kicillof, sobre la reestructuración soberana de deuda, las recientes decisiones judiciales y las acciones que lleva adelante la República Argentina. Durante la sesión, presidida por el boliviano Sacha Llorenti Solís, distintas voces coincidieron en el apoyo en la posibilidad de "negociaciones, justas y equilibradas a ambas partes", según resumió el canciller Héctor Timerman al finalizar el encuentro celebrado en la sede de Naciones Unidas.

En ese marco, se acordó elevar una nota al juez y al gobierno norteamericano, ya que "lo que está en juego no tiene que ver con la República Argentina, sino que tiene implicancias globales y sistémicas", explicó Timerman.

Brasil, el principal socio comercial argentino, expresó que el fallo del juez Thomas Griesa es "irracional y ezquizofrénico". A su turno, Pakistán, que expresó su "solidaridad", consideró que "no se puede forzar a un país a forzar a pagar todo, e instantáneamente". En tanto, el representante de Cuba transmitió su "solidaridad y pleno apoyo ante una justo reclamo" de la Argentina, ante "esta situación de chantaje y extorsión, no sólo contra la Argentina, sino contra todos los pueblos".

Asimismo, Nicaragua consideró que se trata de "una situación de pillaje internacional", y que están poniendo a la Argentina "contra la pared". El país centroamericano dijo que "rechaza y condena la decisión judicial que coloca a la Argentina en una situación extremadamente difícil", y elevó el pedido a "los 134 países miembros, de tener una acción urgente" al respecto, y de "dar mandato de estar en consulta permanente de aquí al 30 de junio", fecha en que vence el plazo del pago a bonistas que ingresaron a los canjes del 2005 y 2010, sostuvo el diplomático nicaragüense al hacer uso de la palabra.

Chile, por su parte, consideró que "esta situación está en desequilibrio a favor de los acreedores", y resaltó que "todos fuimos testigos importantes esfuerzos para reestructurar su deuda, en un ambiente internacional adverso, y habiendo alcanzado una mayoría del 93% de los acreedores".

Ecuador, en tanto, expresó "la urgencia que tiene Argentina" y destacó su solidaridad, los mismo que Sudan y Jamaica, entre otros países. Guatemala expresó deseo que se encuentre "una salida jurídica, a un criterio adoptado por un juez solitario".

El gobierno de Uruguay alertó que "esta clase de problemas puede recaer en otro país en situación equiparable con Argentina, y expresó su "rechazo a la actitud de estos fondos cuyo accionar obstaculiza una solución entre deudores y acreedores y pone en riesgo estabilidad financiera de los países".

Perú indicó que "es solidario, no sólo por principio, sino porque lo hemos vivido y conocemos a fondo estos grupos que en el pasado hicieron peligrar a Perú", remarcando también el "gran sacrificio de la Argentina en llegar solución, y encima fondos adicionales de grupos minoritarios, lo quieren boicotear", se hace una carga insostenible".

Apoyo desde Gran Bretaña

Un grupo de parlamentarios, economistas, periodistas, sindicalistas, activistas y catedráticos británicos presentaron una declaración de "solidaridad con Argentina contra los fondos buitre" en la Embajada del país en Londres.

La declaración, que lleva el nombre de "Solidaridad con la Argentina contra los fondos buitre", repudió a la Corte Suprema de Estados Unidos por rechazar la apelación argentina y advirtió sobre el peligro que el fallo conlleva para los procesos de reestructuración de deuda.

Los firmantes, la mayoría académicos de las universidades de Londres, Leeds, Cambridge y la London School of Economics, entre otras, exhortaron a los principales organismos reguladores internacionales a "rechazar la decisión de la Corte Suprema (de Estados Unidos) y a trabajar en la creación de un mecanismo de arbitraje para deudas soberanas que sea transparente, independiente y justo".