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El gobierno denunció penalmente a cinco empresas que realizan exploraciones ilegales de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, en los alrededores de las Islas Malvinas. La presentación, que alcanza a los directivos de esas compañías, precisó que todas están realizando tareas “sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía”. Así lo detallaron el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga.

La presentación apunta contra los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA. Esas firmas integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semi-sumergible, que el 6 de marzo pasado inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte -a unos 200 kilómetros de las islas- durante la que prevén perforar al menos seis pozos.

"No podemos permitir que se lleven las riquezas del territorio argentino y que son recursos pertenecientes a los 40 millones de argentinos. Estas empresas van a tener que responder ante la justicia argentina", le dijo Filmus a la prensa después de presentar el escrito en la sede de la Procuración General de la Nación. Y agregó que el proceso "puede terminar con un pedido de captura por parte de jueces argentinos a quienes operan ilegalmente en el mar Argentino".

Todas esas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que no están autorizadas por Argentina están violando una serie de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la OEA y del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. Pero con la presentación de la denuncia  se aplicará por primera vez el texto reformado en 2013 de la Ley de Hidrocarburos, que prevé penas de prisión y multas para los directivos de las compañías implicadas en la exploración y explotación de hidrocarburos.

El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, confirmó a Infojus Noticias la recepción del texto. “La denuncia es por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en el sur”, dijo Gonella. “Recién la estamos leyendo, y mañana la voy a girar al fiscal coordinador del distrito Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, quién va a definir las acciones a seguir”, completó el fiscal.

El texto de la denuncia preparada por la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, según pudo saber esta agencia, denuncia a las cinco firmas internacionales citando el artículo 7 de la Ley 26.659 de Hidrocarburos –aprobada en 2011 y actualizada en 2013-, que castiga a quien “sin autorización de la autoridad competente (la Secretaría de Energía), encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos mediante la exploración en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos” con penas de 5 a 10 años de prisión, o multas de 20.000 a 100.000 barriles de petróleo crudo. “Es una actividad que genera muchísimo dinero, por eso esas multas”, detalló Gonella.

Ahora, será García Lois quién deberá definir, por competencia territorial, quién es el fiscal o los fiscales que deberán investigar la denuncia del Poder Ejecutivo. Aunque Gonella destacó que su papel será activo en la investigación. “En delitos tan complejos, es el fiscal coordinador quién debe ser el nexo entre los fiscales en el territorio, la Procuraduría y la Procuración”, concluyó Gonella.

Filmus detalló que el 2 de marzo el gobierno argentino comunicó a su par del Reino Unido su "formal y enérgica protesta" ante el inminente inicio de actividades de perforación, y que el 9 de marzo se presentó una nota a la empresa Ocean Rig, propietaria de la plataforma Eirik Raude, para que se abstenga de realizar las actividades. Pero “todas esas advertencias fueron desoídas”.

Las cuencas

El archipiélago está rodeado por tres cuencas sedimentarias: al norte de las Islas, la Cuenca Malvinas Norte; al oeste‐sur, la Cuenca Malvinas y al este‐sur, la Cuenca Malvinas Oriental. En total poseen unos 400 mil kilómetros cuadrados. Ese perímetro es un 50 por ciento más grande de los campos petroleros que el Reino Unido tiene en el Mar del Norte.

De esas tres cuencas, las que están en la plataforma continental sur de las islas tendrían reservas interesantes, según estimó el Reino Unido. En la década de 1970  perforaron ilegítimamente dos pozos en esa cuenca.  “Los cálculos indican que las reservas que podrían hallarse en la cuenca al sur de las Islas Malvinas podrían ser, en el mejor de los casos, hasta 10 veces superiores respecto de aquellas al norte de las Islas”, dice un informe de Javier Figueroa,  subsecretario de asuntos relativos a las Islas Malvinas.

Esas perforaciones ilegítimas nunca se detuvieron. En marzo de 2012, el Estado nacional puso en marcha una serie de acciones legales en el país y varias gestiones en el exterior contra las empresas que desarrollan actividades ilícitas de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

El trabajo coordinado incluyó una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que inhabilitó a las empresas Argos Resources Limited, Borders & Southern Petroleum PLC, Desire Petroleum PLC, FOGL, Rockhopper Exploration PLC y Premier Oil PLC para realizar actividades en el país por el término de quince y veinte años. Adicionalmente, la AFIP tramitó acciones administrativas.

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