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El Gobierno porteño recusó al juez Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, en la causa por los despidos y reducciones de salarios de cerca de 1500 médicos del sistema público municipal. La noticia se conoció a las 11.30hs, en lo que debía ser una audiencia pública en el Cabildo Histórico que terminó suspendida. La reunión había sido convocada por el juzgado, a pedido del Ejecutivo de Mauricio Macri. El juez había citado a la ministra de Salud Graciela Reybaud, los directores de 33 hospitales dependientes del GCBA y al titular del SAME, Alberto Crescenti. No asistió ninguno.

La Defensoría General de la Ciudad -representada por el defensor General Mario Kestelboim y el defensor administrativo Ramiro Dos Santos Freire- le exige explicaciones al Ejecutivo: una cautelar del 27 de diciembre suspendió los efectos de la resolución ministerial 1657. Esa norma, firmada por Reybaud, redujo a la mitad las “suplencias de guardia”, un régimen de contratación precario en el que están enmarcada buena parte de los médicos de la ciudad. Con la medida, muchos médicos sufrieron una reducción del 42 por ciento en sus salarios, y otros tantos quedaron sin trabajo.

La audiencia se convocó para las 11hs en el Salón Hardoy del Cabildo, frente a la Jefatura de Gobierno de la ciudad. Para esa hora, cerca de doscientas personas colmaron la sala y el patio. En su mayoría, eran médicos pertenecientes a las asociaciones de Psicólogos, de Profesionales del Hospital Gutiérrez, de Enfermeros del Durand y del Servicio Social del Moyano. También habían asistido Kestelboim y Dos Santos, el Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, y los legisladores María Rachid, Alejandro Bodart, Gustavo Vera, Laura Marrone. Los médicos cantaban: “Con escuelas sin vacantes, con recortes y despidos, va a estar bueno Buenos Aires, cuando Macri se haya ido”.

La medida cautelar fue dictada por la jueza López Vergara el 27 de diciembre, y suspendió los efectos de la resolución. La decisión obligaba al Gobierno porteño a retrotraer la situación al estado que tenía antes de que se firmara la resolución 1657. El Ejecutivo, violando la cautelar, nunca reincorporó a los trabajadores despedidos ni recompuso los programas del SAME desmantelados. La cautelar sigue plenamente vigente a pesar de la recusación. Y el Gobierno de Macri, sin acatarla.

La secretaria del juzgado, Beatriz Campos, presidió la audiencia. Una vez que se cumplió la media hora de rigor para esperar a los funcionarios del GCBA -que nunca aparecieron-, leyó un comunicado firmado por Andrés Gallardo. “En el día de la fecha, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha recusado al suscripto”, comenzó. Los argumentos de la Procuración General, que representa al Ejecutivo, fueron que “según una noticia publicada en la página web del Diario Z”, habrían sido convocados a la audiencia las distintas asociaciones de profesionales afectados por los despidos, cuando “no son parte” en el juicio, “ni han tomado intervención alguna”.

El GCBA también se quejó de que la audiencia porque “fue convocada por fuera del ámbito del Poder Judicial local”, en la sede del Cabildo. En la carta, Gallardo explicó que el espacio fue solicitado porque no existe en el fuero Contencioso Administrativo ningún salón capaz de albergar a la cantidad de funcionarios y partes citadas. “Su ubicación es ideal por su cercanía con las dependecias  del Juzgado y con las sedes administrativas de los convocados”, agregó.

Gallardo rechazó la recusación, y señaló que “vuelve a ser una práctica del Gobierno de la Ciudad para desplazar a los jueces que, cumpliendo su jurada misión, controlan y neutralizan prácticas reñidas con la ley y la Constitución”. Al finalizar el comunicado, transmitió “la vergüenza ajena por  el desprecio que evidencia la presentación del Gobierno de la Ciudad por sus instituciones judiciales, sus trabajadores profesionales y por los miles de pacientes que sufren las consecuencias de medidas arbitrarias e ilegales descriptas ya en la medida cautelar de fines del año pasado”.

Decenas de esos programas dejaron de funcionar. El PADU, Pediatras en casa, el GORIP o el BAP son de los más perjudicados. Los médicos asistían a personas en situaciones vulnerables o a quienes no pueden trasladarse al hospital por sus propios medios. Uno de los hospitales más afectados es el Álvarez, donde la mayoría de los profesionales trabajaba bajo esa modalidad , también utilizada para cubrir las vacantes de cargos fijos sin nombrar a los profesionales en planta permanente.

La mayor parte de los cientos de recusaciones que el Gobierno poteño ha interpuesto contra Gallardo en numerosos juicios, fueron rechazadas por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad. Con esas presentaciones, lo único que logró es ganar tiempo. Ahora esta causa pasará a otro juez interino hasta que la Cámara analice la recusación y resuelva si la confirma o la revoca. Si fuera revocada, el expediente volvería al Juzgado Nº2.