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El juez federal Julián Ercolini ya tiene sobre su despacho, desde ayer por la tarde, las copias certificadas de las trece actas secretas de la Junta Militar donde se habla de la transferencia de Papel Prensa, una prueba que podría reforzar en el expediente la relación directa entre el secuestro del Grupo Graiver y la transferencia forzosa a Clarín, La Nación y La Razón.

Hoy, el magistrado deberá comenzar a analizarlas, ante la expectativa de las querellas de que la documentación aportada reactive el expediente. “Esperamos que esta nueva documentación acelere nuevamente la causa”, expresó a Infojus Noticias uno de los accionistas de la empresa, Rafael Ianover.

Entre la documentación secreta que se rescató de un sótano clausurado del Edificio Cóndor, a la que la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa calificó como “la burocracia del exterminio”, había trece actas referidas al seguimiento, análisis y traspaso de la empresa de Papel Prensa. Esto demostraría que la empresa productora de papel de diario era un bien muy preciado para los cerebros militares. En promedio, la Junta Militar tenía una reunión cada tres meses para seguir de cerca la apropiación de la empresa, con la producción de informes anexos y la descripción del cautiverio de sus viejos propietarios.

La indexación de las actas referidas a Papel Prensa, especie de memorias de las reuniones que mantenían una vez por semana las tres Armas, permite intuir las prioridades de la Junta. Uno de esos documentos, trata sobre la renuncia del Presidente del Banco Regional, y dice que el tema será tratado por el Ministerio de Justicia y el de Educación. En otra, que tiene además dos anexos, la Junta aprueba “la participación de La Razón, Nación, y Clarín en la empresa Papel Prensa S.A”. Una tercera memoria se titula: “Papel Prensa S.A. Caso Graiver: será tratado nuevamente”.

El acta número 20 informa que “se resuelve revisar lo actuado y evitar que ‘El Grupo Graiver’ cobre las sumas por las acciones vendidas”. Un quinto documento es también muy sugestivo. Pide “Incluir el tema (Papel Prensa) en ‘caso Graiver’ sin afectar el proyecto, con ‘intervención preventiva’”. Además sugiere “Designación Oficial Superior como auxiliar del preventor”. Una sexta acta dice que “El Pen instrumentará medidas para investigar la formación de la Empresa”. Todos eufemismos que, se sabe en qué se traducían.

Además, Ercolini podría recibir por estos días los resultados de las pericias que encargó luego de la declaración reciente de Lidia Papaleo en el expediente, para saber si la empresa fue transferida en “un precio vil” para la época. Por último, Ercolini deberá expedirse sobre el pedido insistente de la Secretaría de Derechos Humanos de que se convoque a dar declaración indagatoria a el CEO de Clarín Héctor Magnetto; la dueña, Ernestina Herrera de Noble; el ex secretario de redacción Reinaldo Bandini; Bartolomé Mitre, de La Nación; Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos, por La Razón; el ex secretario de Desarrollo Industrial Raymundo Podestá.

Mientras tanto, la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones convocó ayer a una audiencia preliminar, donde los querellantes de la causa deberán argumentar por qué no están de acuerdo con la decisión de Ercolini de unificar las querella bajó un único equipo de abogados. “Nosotros hemos venido sosteniendo en la causa que las querellas deben correr por vías separadas, porque una cosa son los intereses de la Secretaría de Derechos Humanos, otra es la causa iniciada por la señora Papaleo que es mucho más importante que la mía, en magnitud, no por el delito, que es el mismo“, dijo sobre ese tema Rafael Iannover a Infojus Noticias.