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Con el fin de los alegatos de la defensa del ex secretario Juan Pablo Schiavi, uno de los 28 imputados por el choque ferroviario de Once, el debate se acerca a su fin. Durante la jornada de hoy, tras la conclusión de la exposición de los abogados de Schiavi, que comenzó la semana pasada y siguió ayer, comenzarán las réplicas de la querellas. La información fue confirmada por el querellante Leonardo Menghini, quien además es tío de una de las 52 víctimas de la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012. “Aún no se sabe si el Tribunal autorizará que haya contra réplicas”, agregó Menghini y agregó que de eso dependerá que esta sea o no la última audiencia del debate. La sentencia podría ser dada a conocer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2,  la semana del 20 de diciembre.  En el debate, que comenzó en marzo de 2014, también están imputados Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi en el cargo, el motorman de la formación Marcos Córdoba, y los ex responsables de Trenes de Buenos Aires, los hermanos Mario y Claudio Cirigliano. 

Ayer la defensa de Schiavi, encabezada por los abogados, Claudio Lamelas y Jorge Sandro, siguió la misma dirección que la de Schiavi, las dos veces que declaró en el debate y que apuntó, entre otras cosas, al alcance de sus funciones. Lamelas aseguró que es “jurídicamente imposible sostener el cumplimiento de una competencia que no se tiene”. Los abogados adelantaron que pedirían la absolución del imputado, para quien la fiscalía y dos de las cuatro querellas pidieron penas de entre 10 años y 10 meses de prisión y 15 años.

Lamelas se refirió a las funciones de Schiavi, que detentaba el cargo de secretario de Transporte, al momento del choque. Y aseguró que la secretaría no era la “autoridad de aplicación”, sino que eso era una facultad del Ministerio de Planificación. Las responsabilidades de la cartera a cargo de Julio De Vido ya fueron señaladas la semana pasada en el debate por el antecesor de Schiavi en el cargo, Ricardo Jaime, también imputado en la causa.

El abogado aseguró que la función de la secretaria era “supervisar el control de la CNRT”  y que “está probado que la secretaría no es la autoridad de aplicación”, sino que era el Ministerio de Planificación, según una “interpretación armónica de la ley 26352”. También aseguró que el secretario “no tiene injerencia directa en el sistema ferroviario, sino indirecta (a través de la subsecretaría de Transporte Ferroviario)”. Y agregó que la secretaria “no tiene función de control en la concesión, sino la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)” y que “el secretario de Transporte no está al tanto de la función diaria de cualquier ramal, ni puede estarlo. Solo puede estarlo el operador”, agregó.

Lamelas también agregó que el secretario “no tiene función legal sobre el mantenimiento de un tren”, ni “competencia para aplicar multas, sino la CNRT”, y que este organismo “actuó acorde a derecho” y que las derivó a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). Explicó que ese era el procedimiento habitual y detalló “no es un mera pasamos como dijo el fiscal”. Al tiempo que, en su afán de liberar de culpa y cargo a su defendido, agregó que la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), responsable de la gestión del ferrocarril Sarmiento al momento del choque, “no fue gestionada ni durante la gestión de Juan Pablo Schiavi, ni el gobierno del que el formó parte”.

“Juan Pablo Schiavi atendió debidamente los informes del CNRT en la materia y los envió a la UNIREN no como un pase burocrático, sino como para que ahí se encauzara el cumplimiento de las obligaciones del concesionario”, detalló. “Lo que se hizo estaba impuesto por la ley vigente”, insistió. También agregó que el secretario de Transporte no podía rescindir el contrato, solo podía ser dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación.

Lamelas siguió el camino desandado por sus compañeros de las restantes defensas y también apuntó contra el maquinista, Marcos Córdoba. “¿Acaso es Juan Pablo Schiavi penalmente responsable por una eventual somnolencia o falla neurológica del motorman? ¿Es responsable de que no haya frenado correctamente cuando tenía todo para hacerlo?”, se preguntó. Y aseguró que las acusaciones que pesan en contra de Schiavi son "infundadas”  y están “basadas en mentiras porque la prueba producida en el debate acredita que el lamentable suceso del 22 de febrero de 2012 fue consecuencia de la impropia conducción humana del maquinista del chapa 16".

Cuando llegó el turno del abogado Jorge Sandro que se refirió, punto por punto, a los diferentes puntos que hacían a la acusación que pesa sobre Schiavi. Habló de las clausulas centrales de concesión y replicó los alegatos de querellas y fiscalías.

La palabra de Schiavi

El 21 de abril de 2014, Schiavi declaró en el debate por primera vez. El juicio había comenzado un mes antes. En agosto pasado, un año y cuatro meses después de aquella jornada, Schiavi amplió su indagatoria. Con un power point, desarrolló punto por punto los principales elementos de la acusación que pesa en su contra y rechazó cada uno de ellos. Aseguró que él “no tenía injerencia funcional directa sobre el transporte ferroviario, sino indirecta”.

Para demostrarlo, utilizó el organigrama de la Secretaría a su cargo y todas las áreas que de ella dependían. “Es imposible que cualquier persona pueda tener injerencia directa, teniendo centenares de concesiones, operadores, empresas, consorcios, de ninguna manera podría haber tenido una injerencia directa en el tren de Once”, recalcó. Y agregó: “La secretaría de Transporte no tiene por función el control sino la supervisión del control, que hacen otros organismos”. Schiavi explicó cuáles eran sus competencias como secretario y dijo que la Secretaría no era la autoridad de aplicación del contrato. “No decidía sobre la ejecución ni la recisión del contrato, no podía ni debía estar al tanto de la operación diaria del ferrocarril, ni tampoco controlar el destino que el concesionario le diera a los subsidios”.

CD/PW