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El Tribunal Oral Federal N° 2 será el encargado de juzgar al expresidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la venta del predio de La Rural, en 1991. Junto a otros diez imputados están acusados de generar un engranaje que permitió vender 12 hectáreas por 30 millones de dólares -cuando las tasaciones superaban los 100 millones- a la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Gorini ahora tendrán la tarea de revisar la instrucción que estuvo a cargo del juez federal Sergio Torres. Si no hay ningún cuestionamiento, el tribunal le pedirá a las partes que presenten pruebas y después se designará la fecha del comienzo del juicio. Fuentes judiciales estiman que no sería antes de la feria de invierno.

El TOF 2 es el mismo tribunal que está llevando adelante el juicio por la tragedia de Once, en el que murieron 151 personas. La fiscalía sorteada fue la federal 3, a cargo de Gabriela Baigún, quien ahora está subrogando en la Cámara Federal de Casación Penal.

De los doce imputados, sólo uno presentó un recurso de queja en la Cámara Federal de Casación Penal por la elevación a juicio, pero fue desestimada por la Justicia. Se trata de Gastón Ramón Figueroa  Alcorta, quien eradirector de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales. Los otros acusados, además de Menem y Cavallo, son el entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, Eduardo De Zavalía y su secretario Juan Ravagnan; el colega de Figueroa Alcorta en la Comisión, Matías Lucas Ordoñez; los empleados del área de préstamos del Banco Ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Insúa, Raúl Angelini y Ricardo Schapiro, y los miembros de la División Tasaciones del Banco Hipotecario Nacional, Jorge Frost, Carlos Ratto y Daniel Ivakhoff.

Para el juez Torres, todos estos imputados no podían desconocer el destino que iba a tener el predio. Incluso, algunos de los funcionarios procesados reconocieron haber tenido contacto con directivos y autoridades de la SRA. En las indagatorias manifestaron que en ningún caso estos encuentros fueron con el objetivo de llegar a un acuerdo en cuanto al precio y a las condiciones de venta del predio.

Sin embargo, el juez consideró que hubo “una ejecución de un plan previamente trazado y acordado entre los intervinientes”. Torres agregó que a la venta se le dio un viso de legalidad y de legitimidad para “brindar a la actividad un andamiaje que, a simple vista, fuera aparentemente incuestionable”.  

En el expediente, la querella, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, presentó una incidencia, en la que pide que se expropie el terreno de Palermo. 

La causa civil

Por la recuperación del predio, además de la incidencia en la causa penal que se tramita en Comodoro Py, hay una denuncia en el fuero civil y comercial.  Hoy el paquete accionario de los terrenos lo conforma un 50% de la Sociedad Rural Argentina; 25% de Fénix Entertainment Group, dedicada a espectáculos y entretenimientos, y 25% de APSA, una firma del Grupo IRSA, dueña de varios shoppings como Alto Palermo, Alcorta, Patio Bullrich, entre otros.

En diciembre de 2012, la presidenta Cristina Fernández decretó que se expropie el predio de La Rural. Pero la corporación agropecuaria presentó una medida cautelar para que no le saquen el predio. Lajueza en lo Civil y Comercial Federal, Silvina Bracamonte, falló que hasta tanto no se resolviera el juicio referido a la situación de predio ferial, no podía hacerse lugar a la medida cautelar. La Sociedad Rural apeló y el 4 de enero de 2013, la Cámara Federal Civil y Comercial –con votos de Graciela Medina, Ricardo Guarignoni y Francisco de las Carreras- falló a favor de la corporación ganadera.

Esta causa continúa sin avances y todavía falta definir la competencia.