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Si los juicios iniciados durante el 2014 fueron un gran avance para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, los tres juicios que ya tienen día de inicio cierto en febrero de 2015 permiten pronosticar otro año en el que la persecución penal al terrorismo de Estado estará en el centro de la agenda judicial. El año pasado, cerró con 23 juicios orales que empezaron en todo el país, y 19 sentencias, algunas de procesos abiertos en años anteriores, según el balance de gestión del Programa Verdad y Justicia, al que accedió Infojus Noticias. El número no es insignificante: se condenaron a 95 represores, mientras que sólo 7 fueron absueltos.

El Programa Verdad y Justicia, creado en 2007 bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, está embarcado también en ese doble juego: sopesar los aciertos y los obstáculos del pasado inmediato para profundizar el rumbo de la etapa que comienza. Desde el año 2006 hasta hoy, se llevaron adelante 133 juicios por crímenes de lesa humanidad. “Los resultados difundidos dan cuenta de las 613 condenas en 133 juicios orales, 23 de los cuales se iniciaron en 2014, son la consecuencia de una política llevada adelante por todos los poderes del estado”, dice en el prólogo del Informe de Gestión Luciano Hazan, el abogado que coordina el Programa Verdad y Justicia.

Los que empiezan ya

El 18 de febrero, en Catamarca, empezará el primer juicio después de la feria judicial. Es el segundo tramo por las desapariciones y los asesinatos de Francisco Gregorio y Griselda Del Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda. Por el caso están acusados los coroneles retirados Enrique Henzi Basso, Rodolfo Mujica y Carlos Lázaro Ruiz, y los tenientes coroneles retirados Darío Otero Arán, Jorge Ripoll y Enrique José del Pino. La primera parte de ese juicio fue en 2012, el primero en la provincia, cuando resultaron condenados otros dos militares, Juan Daniel Rauzzino y Juan Carlos Lucena, por ser los ideólogos de esos crímenes.

El 24 de febrero en la ciudad de Buenos Aires será la audiencia inaugural del juicio por la apropiación de Javier Gonzalo Penino Viñas. En el banquillo de los acusados se sentará su apropiadora, Ana María Grimaldos, que estuvo prófuga de la justicia durante 24 años. No era una circunstancia ajena para la mujer: su esposo Jorge Vildoza fue jefe del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA hasta 1979, y todavía se mantiene en la clandestinidad.

Dos días más tarde, también en Buenos Aires, será el inicio del debate contra tres imputados que revisará un área vital en el entramado de la represión ilegal: la inteligencia militar. En este caso, se enjuiciará a Leandro Angel Sánchez Reisse, Rubén Osvaldo Bufano y el japonés Luis Martínez, ex agentes de Inteligencia del Batallón 601 que ejecutaron secuestros extorsivos a empresarios en 1979 empleando la logística y los métodos de los grupos de tarea. Las audiencias incluyen una trama de fugas cinematográficas y cuentas secretas en Suiza.

Los siete ya confirmados

Hay otros siete juicios que ya están confirmados para el 2015, pero todavía no tienen fecha de inicio. Dos, en provincias del interior del país. Uno en Jujuy, con la carátula “Galean, Paulino y otros”: Paulino fue un maestro mayor de obra desaparecido que trabajaba en la Dirección de Arquitectura de la provincia de Jujuy. Otro es contra el ex subjefe de la Policía de Formosa, Agustín Echeverría, por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos contra tres personas.

Dos juicios más serán en La Plata, uno de los distritos que más represores ha llevado al banquillo. El primero contra la Fuerza de Tareas N°5, en el que se juzgará por primera vez a las fuerzas del mar en la región: la Armada Argentina y Prefectura Naval Argentina, que intervinieron en el secuestro y desaparición de trabajadores, en su mayoría de los Astilleros y el polo industrial de Berisso y Ensenada. El segundo, un nuevo juicio contra los policías de Ramón Camps, esta vez por los crímenes cometidos en el “Pozo de Banfield”.

Los tres procesos restantes se llevarán a cabo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Uno está caratulado como “Cuatrerismo”, y juzgará a 11 policías bonaerenses y militares retirados por los hechos ocurridos en el centro clandestino “Cuatrerismo-Brigada Güemes”, llamado también “Protobanco” –por haber funcionado en el mismo lugar en el cual luego funcionara “El Banco”, y otro “chupadero” que operó en la Comisaría de Monte Grande.  El segundo, por los delitos de la patota que operaba en la Superintendencia de la policía federal, y el último por una causa residual del Hospital Posadas.

Los que continúan

En 2015 tendrán sentencia debates iniciados durante el año pasado, que tocan aspectos cruciales del terrorismo de Estado, como la complicidad civil y judicial con las fuerzas armadas. Es el caso de del juicio que empezó en febrero en Mendoza, y que entre los 40 acusados tiene a cinco ex magistrados del poder judicial de la dictadura. Están también los juicios orales en regiones de represión provincial intensiva como Santa Fe y Salta.

También hubo algunos aspectos a tener en cuenta el año próximo. En once provincias no se iniciaron ni concluyeron juicios en 2014: algo que llamó la atención de los abogados que trabajan en el Programa Verdad y Justicia. Otro de los ítems que se anotaron en el debe, que recogió el Informe de Gestión del año pasado, son las dilaciones que se registraron en algunas jurisdicciones. Algunas, originadas en el estado de salud de los acusados. En el Informe se destacó “la multiplicación por parte de las defensas de los imputados de solicitudes de suspensión de la tramitación de las causas respecto de sus defendidos alegando incapacidades sobrevinientes, en especial, la mental, entre otras cuestiones de salud”, que en algunos casos fueron desvirtuadas por los exámenes médicos posteriores.

El otro obstáculo, s para el análisis del Programa Verdad y Justicia, tiene que ver con la conformación de los tribunales orales. “En la gran mayoría de los tribunales federales que deben intervenir en debates por crímenes contra la humanidad se deben designar magistrados subrogantes –ya sea por vacancias, por recusaciones o excusaciones de los titulares”, completa el documento.

En 2015, por último, también se espera que concluyan algunos megajuicios que se iniciaron dos y hasta tres años antes. Uno es el conocido como “Menéndez III”, por los crímenes en La Perla, que inició en diciembre de 2012 con 417 víctimas y 45 represores. El segundo es el tercer juicio por la causa ESMA, iniciado en noviembre de 2012 con 65 marinos imputados y 789 víctimas. Y el último, el proceso que continuará juzgando los crímenes del Plan Cóndor.

Sobre las amenazas

El año pasado, según la base de datos que maneja el Programa Verdad y Justicia, se registraron 24 hechos de amenazas e intimidaciones contra testigos y operadores del sistema judicial. Si se observa las jurisdicciones en las que se produjeron, prevalece -con más de la mitad de los episodios- la provincia de Buenos Aires. El dato no es caprichoso: el Programa se creó unos meses después de que desapareciera en ese distrito –con fuertes pistas que conducen a represores de la Bonaerense- Jorge Julio López. Trece de estos hechos se registraron en la provincia de Buenos Aires, 4 en Jujuy, 2 en Mendoza, 2 en Salta, 1 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 en San Juan, 1 en Santa Fe y 1 en Santiago del Estero. El Programa intervino directamente en 15 de estos incidentes.

Una de las más preocupantes sucedió en el juicio por Monte Peloni, en la ciudad de Olavarría, que terminó con condenas para los cuatro militares acusados –tres prisiones perpetuas- en la última semana de diciembre. Cuando promediaba el debate, apareció una carta en la Universidad –donde se emplazaba la sala de audiencias- contra un grupo de personas vinculadas al juicio, firmada por una organización autodenominada Comando Argentino Olavarriense Solidario (CAOS). “Les aseguramos que nuestra condena será más grave que la que vuestra justicia puede aplicar”, decía el mensaje.

Para reducir los riesgos de los testigos, el Programa Verdad y Justicia seguirá empleando en 2015 los informes de riesgo. En 2014, el programa hizo 20 informes de riesgo en expedientes de diez jurisdicciones federales distintas. Eso implica haber estudiado la situación de riesgo potencial o real de 2660 testigos y 195 imputados. Para hacer esos informes, un grupo de abogados del organismo analiza varios elementos propios del expediente y del contexto político de la región. Por ejemplo, la existencia de antecedentes de amenazas en los juicios de esa jurisdicción, si hay imputados prófugos en la zona, si actúan grupos defensores del accionar represivo de la última dictadura cívico militar o si hay cierta organización identificable entre los imputados por ser de una misma fuerza, como sucedió efectivamente con el grupo CAOS.