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Hoy se realizó la séptima asamblea del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS) en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El gobierno nacional explicó los detalles de la nueva justicia del consumidor y se comenzó a charlar la posible adhesión de las provincias a las iniciativas actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación.

Después de agradecer la presencia de ministros de Justicia y referentes de las provincias argentinas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, sostuvo sobre los proyectos que están en debate en el Congreso que “eran desafíos pendientes de la Nación” y que tienen que ver con “proteger a un sector que estaba en inferioridad, los consumidores”.

Alak destacó el trabajo que desde hace meses se realiza en la Secretaria de Justicia, junto con la Secretaria de Comercio, y que derivó en los proyectos que permiten “limitar los abusos empresarios a los consumidores”, dijo. Después tomó la posta el secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien explicó los pormenores de la justicia del consumidor para ver “cómo podría aplicarse a las provincias”.

“Faltaba un sistema que lo operativice”, explicó Álvarez ante los representantes de las carteras de Justicia provinciales para aclarar que el objetivo es “cumplir con el artículo 42 de la Constitución Nacional y el derecho de fondo que ya existe, la Ley de Defensa del Consumidor.

Después detalló algunas modificaciones a la que se llegó tras las presentaciones en el Senado, como por ejemplo, se sacó la posibilidad de clausurar definitivamente un comercio cuando haya reincidencia en una multa; o la posibilidad de inhabilitar un comercio que se  dejó pero con autorización judicial, es decir, con el consentimiento de la justicia.

El fuero del consumidor

“Los consumidores van a cualquier lado”, explicó Álvarez al hablar del nuevo fuero que propone el proyecto y que pone “el foco en la víctima” porque hasta el momento “no existe un fuero específico”. El fuero nuevo que se propone fija un monto límite para esos tribunales de unos 55 salarios mínimo, vital y móvil, esto es, 220 mil pesos. Conflictos hasta esa suma podrán ser tratados por el fuero del consumidor.

El secretario de Justicia también destacó la incorporación de instancias de conciliación y, también, lo que se conoce como “audiencia de vista”. Se trata de un momento donde el juez se reúne con las dos partes (consumidor y empresa) e intenta conciliar una solución. Una audiencia de carácter oral que permite una agilidad en el proceso y una inmediata solución.

“Es importante generar sistemas únicos para que tanto el gobierno nacional  y los gobiernos provinciales tengan la misma información”, dijo Álvarez sobre la invitación que los proyectos hacen a las provincias a incorporarse en esas normas. “Lo más importante es que los consumidores sepan cómo hacer el reclamo”, dijo.

En la reunión estaba presente el grupo de trabajo que elaboró los proyectos integrado por Fernando Valsangiacomo Blanco, jefe de gabinete de la Secretaria de Justicia; Emiliano Rodríguez, asesor jurídico de la Secretaría de Justicia de la Nación; y la directora nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo de la Secretaría de Comercio, Laura Goldberg.

El equipo evacuó algunas dudas que planteaban los representantes ministeriales y detallaron la importancia de trabajar provincia por provincia para discutir la aplicación y adecuación de las provincias. “Se trata de un sistema eficiente que va a dar solución”, sostuvo el ministro Alak . El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casa, quien repitió nuevamente la voluntad de esa provincia de “tener un fuero del consumidor”. “El estado no ha estado presente en estas relación”, recordó Casal.

El próximo 3 de septiembre se realizará en  Tucumán un nuevo foro en torno a la Justicia del Consumidor.

El PROGRESAR en establecimientos penitenciarios

El Consejo Federal de Justicia (COFEJUS) continuó después con su agenda y los ministros avanzaron en la puesta a punto del plan PROGRESAR en los establecimientos penitenciarios provinciales y federales. Con la coordinación de Franco Picardi, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, se avanzó en que los privados de libertad entre 18 y 24 años puedan acceder al plan.

Se trata de un programa de respaldo a estudiantes  de Argentina que se está intentando incorporar a los jóvenes que se encuentren privados de su libertad en todo el país, tanto en establecimientos federales como provinciales. Los ministros avanzaron en algunos detalles.

De la reunión también participaron el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Mena; el subsecretario de Coordinación y Control Registral, Ernesto Kreplak y la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Florencia Carignano.