Lo dijo el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Julián Álvarez, al referirse a las leyes que anoche aprobó el Congreso para implementar el nuevo Código Procesal Penal, aprobado en noviembre pasado. "Se trata de una deuda histórica de la democracia", señaló.
Esta madrugada el Congreso de la Nación sancionó un paquete de leyes para implementar el nuevo Código Procesal Penal de la Nación desde el primero de marzo del 2016. Se trata del nuevo régimen orgánico del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría, modificaciones al Código Penal para compatibilizarlo con la reforma y las leyes necesarias para la reorganización del sistema judicial. Infojus Noticias habló con el Secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, sobre los detalles de la implementación de un Código que permitirá “terminar con la puerta giratoria y con la chicana judicial”.
Álvarez, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, destacó la importancia de la implementación gradual del nuevo Código porque “se necesita capacitar a todo el personal” porque “tenemos que pensar que van a pasar de un sistema a otro: de un sistema que es escrito, vetusto con un montón de formalidades, a un sistema oral, dinámico y rápido”.
-¿Qué significa la implementación del Código Procesal Penal?
Se trata de una deuda histórica de la democracia. (Raúl) Alfonsín intentó hacerlo con (Julio) Mayer y no pudo y quedó a mitad de camino. Después, en el 1991 hubo una sanción que no cumplía el objetivo. Que era pasar de la formalidad, de los escritos de 200 hojas, a la oralidad. Lo que se sancionó ayer implica que haya una sentencia justa en un tiempo oportuno; colaborar para terminar con la puerta giratoria; y que efectivamente el fiscal pueda investigar y el juez decidir. Antes, aunque esto parezca una redundancia, no pasaba. El juez hacia su propia investigación y decidía sobre su propia investigación. Ahora se divide: cada uno tiene su rol natural, y cumplimos con esta sanción que es un paquete de leyes que tienen un solo objetivo, la implementación de un sistema: oral, rápido y efectivo, para terminar con las injusticias, por ejemplo en una causa que prescribe donde un sujeto era culpable, porque se tardó diez años en hacer el juicio. Ahora va a tardar un año como máximo. Los casos de flagrancia pueden tardar dos meses como mucho en un juicio que antes duraba como dos años.
-¿Cómo será la implementación?
En forma gradual. El 1° de marzo en toda la Justicia Nacional, que es en la Ciudad de Buenos Aires y después consecutivamente en todas las Cámaras Federales en el interior del país. Se fijó esa fecha porque hay que capacitar a todo el personal. Tenemos que pensar que van a pasar de un sistema a otro: de un sistema que es escrito, vetusto con un montón de formalidades, a un sistema oral, dinámico y rápido, lo que requiere una capacitación en el desenvolvimiento de los magistrados en las audiencias, y la metodología de estas. Por eso tenemos estos meses que vienen.
-¿Qué va a pasar con los trabajadores judiciales?
Cómo la parte investigativa pasa a las fiscalías, los trabajadores de los juzgados se planteaban que iba a pasar con ellos porque el juez al estar en un sistema oral iba a descomprimir el trabajo de los juzgados. Hay varias cuestiones: la norma permite que puedan trasladarse a las oficinas judiciales y al ministerio público fiscal. Este personal que estaba abarrotado de causas va a poder intervenir con mayor tranquilidad. Y que no pasen las cosas que cotidianamente suceden, que liberan a un tipo y reincide y vuelve a violar o a matar porque el juzgado no leyó los psicodiagnosticos y no vio las recomendaciones del servicio penitenciario, y vuelven a pasar estas tragedias que tanto nos atormentan.
-¿Qué ocurre con las causas que están en trámite?
Este nuevo sistema se va a implementar con las causas iniciadas con posterioridad a la fecha de implementación. Hasta el primero de marzo va a regir el sistema anterior y después va a regir este nuevo sistema.
-El nuevo Código Procesal Penal crea una nueva oficina judicial ¿Cuál es su importancia?
La Oficina Judicial es la encargada del sorteo de audiencias, es la que impone la agenda. Las causas ingresan a la oficina y esta le dice al juez, al fiscal y al defensor, tienen una audiencia para determinada cuestión tal día. Esto permite un rigorismo fuerte en relación a los tiempos y una exigencia a todos para que concurran a la audiencia. Es central para que el sistema de oralidad funcione tener un organismo que determine constantemente el tiempo y no pueda dilatarse de los tiempos que establece el Código Procesal.
-¿Se necesita de nuevos tribunales, jueces y nuevos cargos para la implementación del Código Procesal Penal?
Hay un anexo cuando se sancionó el nuevo Código en noviembre que crea nuevas fiscalías y cargos para determinadas jurisdicciones que efectivamente lo necesitan, con los cambios de rol que van a existir. Se crearán más juzgados y fiscalías.
-¿Qué derechos se plasman con la implementación del nuevo Código?
La oralidad es un sistema dinámico, ágil y justo. Esa es la forma de resumir estas leyes que modifican todo el procedimiento. Tenemos que pensar que no estamos hablando del derecho de fondo, el que dice la pena de prisión es tanto, sino de cómo se llega a esa pena, es decir el trámite. Esto va a terminar con la chicana judicial. Lo que hacía demorar el expediente, se termina con la puerta giratoria y con la chicana judicial.
-¿Qué otros cambios habrá en el Ministerio Público Fiscal y en la Defensoría?
Habrá nuevos procuradores y defensores ante la Corte, nuevas fiscalías de cámara. La Defensoría y la Procuración ya se están dotando de nuevos edificios para las creaciones de estas nuevas oficinas judiciales. Si antes una persona trataba cien causas, ahora eso va a estar dividido en muchos más sujetos. Muchas veces los expedientes hacen no ver que atrás hay personas, y esa conciencia es la que nosotros pedimos para el Poder Judicial. Cuando hablamos de Poder Judicial como un servicio de justicia para los ciudadanos que son víctimas y buscan la condena de los que cometen delitos.
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