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El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, firmaron hoy dos convenios para ampliar la presencia de los funcionarios del Ministerio Público de la Defensa (MPD) en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). “El objetivo es llegar a las personas más vulnerables”, expresó Martínez. Álvarez destacó que estos acuerdos también permiten “tomar conciencia de las políticas de Estado que este proyecto viene desarrollando”, y llamó a “seguir institucionalizando este modelo político de inclusión social”. Además, el Ministerio asesorará al MPD en la asistencia de personas con discapacidad.

María Forencia Carignano, subscretaria de Acceso a la Justicia, compartió el estrado con Álvarez y Martínez. Y dijo a Infojus Noticias: “Venimos trabajando en los barrios con la Defensoría hace cuatro años y notamos que el convenio con el que veníamos trabajando nos quedó chico”. Explicó que “era muy específico”, porque sólo acotaba la intervención del MPD a los aspectos migratorios y de violencia institucional. “Este convenio es mucho más amplio”, afirmó. “Estando en el territorio nos dimos cuenta que podemos brindar soluciones sobre muchas más cosas en las que la Defensoría tiene competencia para intervenir”.

En los CAJ ya había presencia del MPD. Hasta ahora, los abogados que participaban en esos espacios desarrollaban tareas de asistencia en términos amplios y con atribuciones limitadas. Su competencia legal, su experiencia profesional y su formación les permitía brindar tareas mucho más cabales, y con el tiempo fueron asumiendo esas funciones en el territorio. Los CAJ están desplegados en todo el país y ya son más de cincuenta. Con el nuevo convenio se formalizó en los papeles una ampliación de competencias que en los hechos ya venía sucediendo.

Julián Álvarez, Stella Maris Martínez y Florencia Carignano.

Los abogados del Ministerio Público podrán asistir y patrocinar a los vecinos que recurren a los CAJ en materias como la asistencia integral y protección al refugiado, los derechos del migrante, problemáticas sociales y relaciones con la comunidad, tratamiento institucional neuropsiquiátrico y de salud mental, tratamiento institucional de niñas, niños y adolescentes, violencia de género y población en situación carcelaria. “Estamos luchando para que el acceso a la justicia sea igualitario, porque de eso se trata: seguir construyendo derechos para hacer una democracia más fuerte”, celebró Martínez.

“A veces tenemos pocos recursos para enfrentar situaciones críticas, y debemos estar coordinados en la acción para utilizarlos de la mejor manera posible”, expresó la defensora general de la Nación en la apertura del acto. Y celebró “la actitud de colaboración y trabajo coordinado entre los organismos públicos”. Ponderó que el acceso a la justicia es considerado un derecho humano tanto en el sistema interamericano como en el sistema jurídico universal, y sostuvo que “es un derecho fin y un derecho puente”. Se refería a que es tanto un derecho en sí mismo como un derecho para lograr el reconocimiento o el ejercicio pleno de otros.

Álvarez destacó la labor de Stella Maris Martínez al frente del MPD durante los últimos ocho años. Aseguró que “lo transformó y ya nunca volverá a ser igual”. Llamó a conservar el crecimiento de las instituciones y las conquistas “de este proyecto”, de las que “a veces casi no somos conscientes”. Propuso contraponer las políticas de Estado actuales con las “políticas excluyentes” de la dictadura cívico militar, las de la década del '90 y las vigentes al momento de la crisis de 2001, para saber valorar y conservar lo realizado durante los últimos once años. “Algunas políticas, como la de Memoria, Verdad y Justicia, las llevamos ya como tatuajes. Pero hasta los que tienen tatuajes a veces se olvidan de que los tienen”, graficó.

Recordó la figura de Néstor Kirchner y de Eduardo Luis Duhalde, entre otros hombres y mujeres que contribuyeron “a que hoy estemos logrando estas cosas”. Planteó que el debate sobre el acceso a la justicia “germinó cuando Néstor bajó los cuadros” y se terminó de desencadenar el año pasado, “cuando nos dimos el objetivo de democratizar uno de los tres poderes del Estado”. Concluyó que “la democratización no es un lugar tangible al que se llegue en un momento determinado sino un proceso donde miles de operadores judiciales deben sentirse interpelados para tener una visión distinta de lo que es el servicio de justicia”.

El segundo convenio permitirá facilitar el acceso a la justicia y favorecer la defensa de las personas con discapacidad. Se trata de la colaboración y articulación de recursos con los que el Ministerio y el MPD cuentan a la hora de abordar esta problemática. El Ministerio, por ejemplo, podrá aportar los peritos especializados, intérpretes y demás especialistas para que el MPD asista a las personas con discapacidad que esté patrocinando o pueda asesorar en el futuro.

El programa ADAJUS, del Ministerio de Justicia, es el área que coordinará la colaboración, asistencia, asoramiento y capacitación a integrantes del MPD. Desde el Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores del MPD, también pondrán a disposición su experiencia y capacitación en la asistencia a personas con discapacidad. Ambos organismos también tendrán en este espacio la posibilidad de encarar investigaciones en forma conjunta.

Del acto, que se realizó el salón Emilio Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos, participaron también la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Débora Oliva; la coordinadora del programa nacional ADAJUS, Mabel Remón; el coordinador del equipo de Acceso a la Justicia del MPD, Mariano Gutiérrez; y la representante del programa sobre tematicas de Salud, discapacidad y adultos mayores, Rosana Feliciotti. Además, asistieron coordinadores de los Centros de Acceso a la Justicia de todo el país.