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Infojus Noticias

11-8-2014|20:10|Charla Nacionales
Se opusó a la muestra de León Ferrari

El operador de la agenda reaccionaria

El abogado Pedro Andereggen primero, intentó impedir los matrimonios igualitarios. Después, un aborto no punible en Capital Federal. Ahora organizó una charla, en el Colegio de Abogados de Capital Federal, para promover la educación religiosa en el ámbito de la educación pública.

  • Pedro Andereggen
Por: María Florencia Alcaraz

Primero fue contra el matrimonio igualitario, después cargó contra el aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el abogado Pedro Andereggen será el encargado de coordinar una actividad en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que cuestiona la laicidad en las escuelas. “La educación religiosa en el ámbito de la educación pública”, es el título de la charla que organizó y está prevista para el próximo jueves.

Como director del Instituto de Derecho de Culto y Libertad Religiosa del CPACF, Andereggen es el responsable de esta jornada que tiene como premisa que la educación religiosa en el ámbito de la educación pública de gestión estatal y privada es un derecho humano. Entre los expositores está el Obispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, que participa como Presidente de la Comisión para la Educación Católica de la Conferencia Episcopal Argentina (C.E.A.). Aguer y Andereggen parecen coincidir en distintas cuestiones de la agenda reaccionaria: hace unas semanas, durante una misa, Aguer habló de la homosexualidad como una “abominación" que ahora estaba “amparada por la ley”. Por sus dichos se ganó el repudio de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Militantes y abogadas vinculadas a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto repudiaron la charla y también a su promotor.  “Es grave que desde el Colegio de Abogados se promueva una actividad que es contraria al mandato constitucional. La libertad de culto consagrada en el artículo 14 de la Constitución tiene aspectos positivos y negativos. La escuela pública es un ámbito en el que debe preservarse el respeto por la diversidad. Esta diversidad también es religiosa”, explicó a Infojus Noticias la abogada Sabrina Cartabia Groba, abogada Investigadora del Núcleo de Abogacía Feminista (NAF) de la Universidad de Palermo (UP). Y agregó: “es lesivo que una es una institución diversa a la que los abogados y abogadas debemos inscribirnos obligatoriamente para poder ejercer nuestra profesión en la Ciudad convoque a estas actividades que proponen retrotaer la agenda derechos a 1947, que fue el año en el que el peronismo borró la enseñanza católica de las currículas escolares”.

"Es un tema que hay que debatir. Porque el Estado no está garantizando el derecho humano de los padres que se eduque a los hijos en sus creencias religiosas y esto está en tratados internacionales a los que adhiere el país", se defendió el polémico abogado en diálogo con Infojus Noticias. Y aclaró que la jornada “no tiene nada que ver con la posición del Colegio Público”. También evadió los cuestionamientos de las activistas: “Acá no estamos hablando de aborto”. Para el director del Instituto de Derecho de Culto y Libertad Religiosa del CPACF, “hay un interés de la comunidad entera de que trasmitan valores éticos y morales a través de la religión”. Según él, “no entra en contradicción con la Constitución Nacional porque no dice estrictamente el tema de la educación laica”.

¿Quién es el abogado del diablo?

La última vez que el nombre de Andereggen emergió en la escena pública fue en octubre 2012. Él junto a Jorge Nicolás Lafferriere, representaron a la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia-conocida como Pro Familia- en una cuestionada maniobra judicial que frenó un aborto no punible en un hospital porteño. La perjudicada fue una mujer de 32 años que había sido rescatada de una red de trata y había decidido abortar. Estaba embarazada producto de una violación durante su cautiverio. El caso entró en la vorágine mediática después de que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunciara la realización de la práctica médica en el Hospital Ramos Mejía. El anuncio de Macri movilizó la presentación del amparo de Andereggen que recorrió un degradé de irregularidades.

El abogado, a favor de la educación religiosa, fue primero hasta el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14 donde rechazaron el pedido. Ante la negativa, optó por no pasar por la mesa de entradas de la Cámara Civil, donde se hace regularmente el sorteo del juzgado. Entonces fue directo a golpear las puertas del despacho de quien en ese entonces era titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, Myriam Rustán de Estrada. El dato es sugerente: es probable que Andereggen conociera la posición de la magistrada y cómo se pronunciaría ante el caso.  “Hizo ´forum shopping´ es una falta a los deberes profesionales muy grave. Su pretensión era suspender algo que por ley está garantizado. Fue jurídicamente una aberración”, dijo a Infojus Noticias Virginia Menéndez, otra abogada del NAF.

En su fallo Rustán de Estrada justificó haber recibido la denuncia de manera irregular. "No exijo la presentación por parte del peticionario ante la mesa de entradas para el sorteo de la causa, a fin de evitar un daño irreparable en absoluto, como la pérdida de la vida de un niño que aún no ha nacido, pues se trata de un aborto que se llevaría a cabo en estos momentos conforme lo anunciara el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", dijo en su dictamen.  La jueza hizo la vista gorda ante lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el histórico fallo conocido como F.A.L. en 2012, en relación a la temática. El caso del Ramos Mejía llegó hasta el máximo tribunal que autorizó la intervención y dictó la nulidad de lo actuado por Rustán de Estrada. A partir de ahí se abrió una mamushka de apelaciones por la competencia del juzgado. Se terminó de resolver en 2013 y en su dictamen la Corte Suprema cuestionó cómo se manejó Andereggen: “el Tribunal concuerda con lo expresado en el dictamen del Ministerio Público acerca de la necesidad de examinar la conducta de la asociación peticionaria y del letrado que patrocinó la demanda que dio lugar al pronunciamiento que se anula”, dijeron los jueces. Rustán de Estrada presentó la renuncia a su cargo en mayo del año pasado. Se fue con cinco denuncias en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en su contra.

Andereggen también provocó dolores de cabeza a la comunidad homosexual. En 2009, antes de que se aprobara la ley que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, el abogado se convirtió en el principal enemigo de Alex Freyre y José María Di Bello, el primer matrimonio entre varones en Latinoamérica. Después de varios amparos, la pareja tuvo que viajar hasta Tierra del Fuego para casarse. "Nos hizo la vida imposible” dijo Di Bello a la prensa, en ese entonces. El abogado se volvió la sombra de la pareja: cada vez que la Justicia autorizaba la unión formal, él aparecía con un amparo en la mano y nuevos argumentos para oponerse al matrimonio igualitario.

Las páginas católicas autodenominadas “ProVida” suelen cubrir sus presentaciones judiciales. Para ellos es un abogado audaz y referente a la hora de defender “el derecho del niño por nacer” o los derechos de los chicos de tener “mamá y papá”.  Pero el prontuario de Andereggen recorre todos los lugares comunes de la agenda reaccionaria. En 2004 fue uno de los patrocinantes de la Asociación Cristo Sacerdote, que pidió el cierre de la muestra de León Ferrari, “Retrospectiva: Obras 1954-2004” en el Centro Cultural Recoleta, que contenía una fuerte crítica a la Iglesia. Para el abogado la exposición dañaba los sentimientos religiosos “de la mayoría” del pueblo argentino. Según un artículo de Horacio Verbitsky publicado en Página 12 hace dos años, era Secretario de la Cámara Federal de la Capital cuando se inició el juicio contra las juntas militares en 1985 y, en ese entonces, intentó anular el juicio contra los ex generales Ramón Camps y Ovidio Riccheri, alegando que el tribunal había entregado al fiscal Julio Strassera un borrador de la sentencia.

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