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Hay datos que aislados son un “caso” o un “hecho”, pero unidos pueden transformarse en una herramienta para codificar la realidad y pensar políticas públicas. En busca de esa unión, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) firmaron un convenio con el que se buscará sensibilizar, capacitar y transformar necesidades en derechos. También fortalecer “los avances que se hicieron con las organizaciones en los últimos años y promover nuevos desafíos”, dijo a Infojus Noticias María Rachid, secretaría general de la Mesa Nacional por la Igualdad y legisladora porteña (FpV). En la firma participó el ministro Julio Alak, el presidente de la FALGBT, Esteban Paulón, la vicepresidenta, Claudia Castrosin Verdú, y Flavia Massenzio, coordinadora de la Defensoría LGBT de la ciudad de Buenos Aires.

“Una de las cosas que acordamos fue seguir capacitando al personal del ministerio en temas relacionados en los temas de diversidad y géneros. También, a partir de la buena experiencia que tuvimos coordinando con los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), pensar una manera de profundizar esa conexión, ya que en muchas de las provincias los abogados ayudan a patrocinar los casos que llegaron a la justicia. Los nuevos derechos como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género fueron conquistas que abrieron un horizonte de nuevos desafíos por los que vamos a seguir trabajando”, dijo Rachid.

Otro de los puntos habla del intercambio de experiencias para desarrollar actividades conjuntas que promuevan derechos de las personas LGBT. “Hay muchos recursos que maneja el Estado y que las asociaciones no conocen. Creemos importante empezar a familiarizarse, por eso planeamos que el trabajo de capacitación sea mutuo. Venimos trabajando con el ministerio desde hace muchos años, ya sea con la Secretaría de Derechos Humanos o el INADI, y acumulamos trabajo y experiencia. Compartirlo con la gente que está asesorando en los distintos lugares del país puede aportar a una construcción colectiva, para que la igualdad legal sea social”, dijo Rachid.

Políticas públicas de igualdad

Desarrollar investigaciones e informes sobre la situación de la población LGBT es un objetivo del convenio. “Hay que diseñar un instrumento de recolección de datos, porque vemos que muchas veces las personas llegan a un organismo dependiente del Ministerio, ya sea en las provincias y municipios, y hacen denuncias o reclamos que no quedan sistematizados. Lo mismo pasa con los registros de las fuerzas de seguridad. Después, en las noticias trascienden los casos más tremendos: cuando hay violencia o muerte de por medio. Pero es importante tener un registro serio de todos los casos, para poder tenerlos en cuenta al momento de pensar políticas de Estado para la población LGBT”, dijo Paulón. Y evaluó que cuando aparecen “informes de estadísticas hechos por la sociedad civil, en muchos casos no se da cuenta de las situaciones reales de desigualdad”.

Otros puntos del convenio hablan de “capacitación recíproca de recursos humanos” y del impulso de  las propuestas de políticas públicas que se desprenden del Plan de Ciudadanía LGBT2, elaborado por la FALGBT junto al Sistema de Naciones Unidas. El plan propone consolidar y profundizar la igualdad para el colectivo LGBT en Argentina y pensar la diversidad sexual de forma global, incidiendo en todas las expresiones de la vida cotidiana: desde el ámbito legislativo, ejecutivo y jurídico, laboral, sanitario, educativo, cultural, comunicativo, participativo y solidario.

Un plan LGBT integral

En su plan de ciudadanía, la FALGBT propone los cambios a través de los siguientes principios:

Equidad: “Las personas LGBT deben llegar a gozar de los mismos derechos y oportunidades que los demás ciudadanos y ciudadanas y es responsabilidad del Estado en todos sus niveles garantizar dicho goce igualitario. Para ello, debe haber ausencia de disparidades, sistemáticamente asociadas con ventajas y desventajas sociales”.

Derechos humanos: “Los derechos de las personas LGBT son Derechos Humanos avalados por la constitución y los tratados internacionales, entendiendo que los derechos humanos son inalienables, sin importar las condiciones sociales, orientaciones sexuales o de identidad de género, religiosas, políticas o de cualquier tipo de cada quién”.

Corresponsabilidad: “El Estado y la sociedad civil, incluida las personas LGBT son responsables de garantizar, promover y defender los derechos de la población LGBT, además de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra este colectivo”.

Integralidad: “La política pública debe contemplar a cada persona LGBT en sus dimensiones política, social, cultural, económica, erótica-afectiva y psicológica”.

Autonomía: “Es el derecho que tiene cada individuo para tomar sus propias decisiones y a tener la libertad de actuar de acuerdo con ellas, en los diferentes escenarios públicos y privados. La autonomía reconoce la libertad de acción y expresión de los seres humanos y de esta forma, contrarrestar los modelos hegemónicos sociales y culturales que no aceptan las diferencias y donde las personas con una orientación sexual e identidades de género no heteronormativas no tienen cabida”.

Coordinación: “Todos los organismos públicos – en todos los poderes y todos los niveles - que tengan dentro de sus funciones la atención y garantías de los derechos de ciudadanos y ciudadanas, deben considerar la protección de las personas LGBT, en tanto eso, deberán reconocer y ejercer acciones afirmativas coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una atención integral y oportuna”.

Diversidad: “La diferencia, la pluralidad, multiculturalidad, interculturalidad, la singularidad, la creatividad, el disenso y las distintas identidades de género y de orientaciones sexuales, son valores intangibles que deben ser respetados, en armonía con el marco filosófico de los derechos humanos y los principios constitucionales”.

Participación: “Los procesos organizativos y el fortalecimiento político constante de ciudadanos, ciudadanas y organizaciones que trabajan por el reconocimiento y respeto de las diversidades sexuales y las identidades de género deben ser promovidos, con el fin de potenciar su incidencia política, en búsqueda de la consolidación de procesos de cambio social y cultural, al igual que es menester, posibilitar la construcción de agendas comunes, para la reivindicación de sus derechos políticos, económicos y sociales”.

MM/RA