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La Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal implementó el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ) en el marco de un programa más amplio, que busca recolectar, producir y analizar informaciones sobre criminalidad y justicia penal en la Argentina. El sistema soluciona una falta histórica: el relevamiento unificado, oficial y periódico de información proveniente de poderes judiciales y ministerios públicos.

El informe es un retrato anual del sistema judicial. A medida que avance, permitirá detectar tendencias y servir como insumo crucial a las políticas públicas, más allá de estar disponible para legisladores, funcionarios y ciudadanos en general. En esta primera edición se hace hincapié en la problemática de género, mostrando estadísticamente la desproporción entre hombres y mujeres en la asignación de cargos, que crece cuanto mayor es la jerarquía.

La implementación del SNEJ se da por etapas:

-En la primera (la que consigna esta nota) se busca un relevamiento general de los poderes judiciales del país, incluyendo Superiores Tribunales, Procuraciones Generales, Ministerios Públicos y Defensorías Generales.

-La segunda etapa buscará conocer el movimiento anual de expedientes en la justicia para evaluar su funcionamiento, y en el presente informe se incluye un adelanto al respecto.

-Finalmente se llevarán a cabo informes anuales a nivel nacional y provincial: un primer informe general puede consultarse aquí

Qué dicen los números

Según el informe, elaborado con datos de 2012, en Argentina hay 1.221 fiscalías penales, sin contar las de Córdoba, Jujuy, San Juan y Santa Cruz que no presentaron información. En esas dependencias trabajan un total de 11.575 agentes entre fiscales, funcionarios y empleados. Las cifras dan una tasa nacional de 31,65 cada 100 mil habitantes. A nivel provincial hay grandes oscilaciones: mientras Santa Fe cuenta con 4,9 agentes cada 100 mil habitantes, Mendoza tiene 58.

La provincia de Buenos Aires lidera la lista con 459 fiscalías, pero la mayor tasa poblacional la poseen Entre Ríos, Río Negro y La Pampa, con números que oscilan entre los 3,12 y las 6 fiscalías cada 100 mil habitantes. El promedio nacional, en tanto, es de 3,34 fiscalías cada 100 mil habitantes.

Respecto de los tribunales penales, en el país hay un total de 1.323 con una tasa de 3,22 cada 100 mil habitantes, concentrándose sobre todo en la justicia nacional, con 279, provincia de Buenos Aires con 259 y Mendoza con 167. Estas últimas tienen también la mayor cantidad de operadores judiciales, con 3.899 y 1.922 respectivamente, sobre un total nacional de 13.553. Si bien Mendoza también tiene una alta tasa de operadores judiciales cada 100 mil habitantes, con 105,63, la provincia que lidera la lista es Tierra del Fuego con 285.

Finalmente, en el terreno de las defensorías, el país cuenta con un total de 510 en las que trabajan 3.072 agentes (casi un tercio que en las fiscalías y cerca de un quinto que en los tribunales), excluyendo a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Pampa, San Juan y Tierra del fuego que no enviaron datos. Entre Ríos, con 46 defensorías, es la que mayor cantidad tiene, mientras que la mayor tasa por cada 100.000 habitantes la ostentan Santa Cruz, con 7,5, y Chubut, con 3,74. Estas tasas no son, como en los otros casos, tanto mayores a la tasa nacional, que es de 2,51. Las jurisdicciones con mayor cantidad de agentes son la Defensoría General de la Nación, con 1.471, la Capital Federal con 185 y Neuquén con 200. Esta última provincia es la que mayor tasa de defensores tiene cada 100.000 habitantes, con 33,82, seguida por Santa Cruz con 14,31.

El techo de cristal

El informe cuenta con mucha información sobre la composición sexual de los agentes judiciales. En todas las jurisdicciones se observa la misma tendencia: si bien en el total del personal hay paridad entre hombres y mujeres (con leves diferencias a favor de los hombres), al desglosar las estadísticas se ve una predominancia de las mujeres en el personal técnico y administrativo y una baja incidencia en el personal de servicio.

Otra tendencia nacional es que, cuanto más alto es el cargo, menor es la presencia femenina, en un fenómeno conocido como “techo de cristal”. Así, en el ámbito más populoso, el de la justicia nacional, sólo el 23% de los fiscales son mujeres, y en el mayor entre los provinciales, el de Buenos Aires, sólo el 38% de los fiscales son mujeres. El personal en las defensorías va ligeramente en contra de la tendencia, con el 50% de los defensores son mujeres así como el 58% de los funcionarios. El ámbito de los tribunales, en cambio, profundiza la tendencia: sólo el 29% de los magistrados nacionales son mujeres, y en el ámbito exclusivo de la justicia nacional, este número baja a 20%.

Accionar de la justicia

Un último apartado del informe contabiliza las sentencias condenatorias dictadas anualmente por provincia. Así, el total de sentencias de 2012 fue de 29.773 (959 menos que en 2011) condenando un total de 37.724 delitos, de los cuales 4.979 fueron contra las personas, 1.463 por homicidio doloso (que suma otras figuras como robo seguido de muerte, violación seguida de muerte y abuso seguido de muerte) y 19.517 por delitos contra la propiedad, de los cuales 15.521 fueron por robo. Prevalecen las sanciones de hasta 3 años, los condenados son casi todos mayores de 20 años, el 75% no era reincidente y la duración de los procesos fue muy variada, sobresaliendo los que duraron menos de 6 meses y los de más de 3 años.