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Con opiniones favorables a terminar con la figura del juez de instrucción y el respaldo a un sistema que favorezca la celeridad de los procesos, se realizó hoy la última jornada de debate sobre la reforma del Código Procesal Penal, que comenzó hace casi un mes en el plenario de comisiones Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Las críticas volvieron a centrarse sobre la posibilidad de que la "conmoción social" sea un factor a evaluar al momento de conceder la prisión preventiva.

"Mi opinión es extremadamente favorable. Es un paso enorme terminar con la figura del juez de instrucción. Es un personaje con un nivel de concentración de poder inadmisible en un sistema constitucional", dijo el vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder, al abrir la reunión que se realizó en el Salón Azul, en el primer piso del Palacio Legislativo.

La posición de Binder repite lo que ocurrió en los debates previos. Durante cada uno de los encuentros,  que incluyó a penalistas, fiscales y jueces, se expresó el acuerdo con que se debe cambiar del actual sistema inquisitorio al acusatorio. "Pero no significa que el poder del juez de instrucción va a pasar al fiscal en el nuevo sistema porque el fiscal estará sometido a un doble control", completó Binder y definió como "una idea odiosa e inútil" la inclusión de la conmoción social como factor para definir la prisión preventiva.

Sobre el final del debate, que se extendió hasta las 19, algunos asesores de los legisladores coincidían que en el texto referido a la “conmoción social” seguramente será quitado del dictamen que firmarían mañana por la mañana los legisladores. Según el cronograma previsto, el plenario volverá a reunirse a las 11 y se prevé que se firme el texto que será debatido la próxima semana en el recinto de sesiones.

A la exposición de Binder siguió la del secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, quien cuestionó el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo y critico el "tratamiento exprés" del texto. Piumato, quien apiló sólo críticas al proyecto, citó varias veces a Binder, quien ante cada cita de Piumato –“porque como dice Binder”- sonreía y hacía comentarios a quienes estaban a su lado. Quienes lo escucharon comentaron después: “Me cita pero siempre al revés”.

Por su parte, el profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA, Fernando Díaz Cantón, dijo que la ineficacia del sistema actual "no es la puerta giratoria sino la duración de los procesos". Subrayó: “Tenemos jueces que se sientan sobre las causas”.

El debate continuó con las palabras del subdirector de la Dirección de Legales y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Rodrigo Borda, quien consideró necesario hacer una precisión en el Artículo 5 para incluir que sea posible “revisar las causas por delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos”. Y, al igual que Binder, cuestionó el factor de “conmoción social” como elemento para definir la prisión preventiva: “Es un injerto que es violatorio de la Constitución”.

Sobre el final de la reunión hablaron el  profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA, Maximiliano Rusconi, quien se mostró de acuerdo “con el 80 por ciento” del texto pero cuestionó el nombramiento de fiscales. Esa misma crítica hizo el penalista Carlos Enrique Llera y señaló que la ampliación de Fiscalías “atenta contra la igualdad de armas” porque no se ampliaría el número de defensores públicos. El proyecto prevé la creación de 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.

Antes de que llegara la exposición de Pablo Ceriani Cernadas, miembro del Comité de la ONU sobre Derechos de Migrantes y sus Familias; el senador radical Mario Cimadevilla protagonizó un cruce con el titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el kirchnerista Pedro Guastavino. Fue cuando insistió –lo había reclamado Ricardo Sanz en la reunión de la semana pasada- con la necesidad de escuchar a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

“Que venga la procuradora es una decisión política. Escuchamos más de treinta expositores y aún quedan algunos”, respondió Guastavino y Cimadevilla retrucó: “Sí, pero ellos no están en la Procuración”. Guastavino insistió: “Es una decisión política del bloque”. Y allí se cerró el tema.

Ese pequeño cruce de palabras, que no llegó a caldear la escena, dio paso a Ceriani Cernadas, quien cerró la reunión con una fuerte crítica al contenido del artículo 35, que prevé la expulsión de extranjeros que tienen algún tipo de irregularidad en su situación migratoria y son sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito.

“Significaría la regresividad de una política modelo a nivel mundial, que es considerada un modelo por la ONU. Nuestra ley migratoria se toma como un modelo en Paraguay, Brasil y Chile”, señaló Ceriani Cernadas después de señalar que ese artículo era “inconstitucional”, “incoherente con la legislación vigente” y “violatorio del principio de inocencia”.

Sobre el final de su exposición, hizo un breve silencio, tomó aire y enfatizó: “El 22 de noviembre de 1902 fue un día trágico. Ese día se aprobó, por un parlamento oligárquico, la Ley de Residencia basado en lo que en ese momento se definió como la conmoción social”.