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El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, explicó que la reforma del Código Procesal Penal "busca acelerar los tiempos de todas las causas, incluyendo las de corrupción" y negó que el artículo referido a la expulsión de extranjeros que delinquen afecte la política migratoria argentina.

En una entrevista con Página 12, el funcionario defendió el proyecto de reforma promovida por el Ejecutivo y subrayó que el objetivo es "revertir la ecuación que hace que de cada cien procesados sólo treinta reciban condena".

“Nosotros estamos dando una transformación global del sistema jurídico argentino, y lamentablemente se lo analiza en términos coyunturales: si es el momento, si no es el momento”, dijo Álvarez. “El esquema legislativo que estamos generando es estructural y para esta época, la del Bicentenario. La respuesta a esto son chicanas: cuando mandamos el fuero del consumidor dijeron que íbamos a entrar a los campos a expropiar la soja; cuando mandamos el Código Civil dijeron que íbamos a entrar a los bancos a secuestrar los dólares. Ahora con el Procesal Penal, dicen que buscamos garantizar la impunidad. Esas son chicanas, no críticas”, criticó.

El rol de los jueces y fiscales

Álvarez se refirió al rol de los fiscales a partir del paso de un sistema mixto -entre inquisitorio y acusatorio- a uno plenamente acusatorio, donde el fiscal es el que investiga y el juez resuelve. “El Ministerio Público es un órgano extra poder independiente. En todo el mundo no existe un ministerio público débil porque lo que necesitan justamente es poder para investigar y motorizar los procesos. No se puede tener un sistema en el que los fiscales no pueden investigar. Sin embargo, en última instancia el poder de decisión recae en el juez, que va a tener mucho más poder de decisión. Ya no va a estar ocupado reuniendo pruebas, sino simplemente va a tomar decisiones sobre la validez de las pruebas que se le presenten. Los fiscales investigan, los defensores también investigan y se defienden, porque los defensores también pueden presentar prueba, y el juez, imparcial, decide quién tiene la razón. Además, se le da más poder a la víctima, porque incluso si el fiscal no quiere investigar, con el nuevo código, la víctima va a poder decidir seguir haciéndolo”, sostuvo el funcionario.

“Un juez tiene que tener tres características: tiene que ser democrático, tiene que ser independiente de las corporaciones tanto políticas como económicas, y tiene que hacer sus sentencias mirando al más débil. La sentencia es un hecho político. Enrique Petracchi decía que los jueces son políticos, les guste o no, y si no serán como el cangrejo, que es crustáceo y no lo sabe”, sostuvo.

Causas por corrupción

El funcionario también se refirió a las críticas de algunos medios de comunicación que plantearon que el nuevo Código busca hacer caer causas por corrupción. “Es exactamente lo contrario: este código busca que haya condenas”, dijo el secretario de Justicia. Y agregó: “Ya no van a durar diez años los expedientes, cajoneados, para que eventualmente un juez, según la conveniencia política, decida dejar proscribir o acelerar la causa. En un año, como todos los ciudadanos, procesado a juicio y condenado”.

Respecto a la reducción de los plazos para conseguir pruebas, Álvarez explicó que “en los casos complejos se duplica o hasta triplican los plazos para conseguir pruebas. Pero se ponen plazos perentorios, no para la causa, sino para el juez y el fiscal, que si no resuelven pueden ser sancionados”.

Extranjeros

“El articulado dice lo siguiente: cuando un extranjero, en condición irregular -no cualquier extranjero- comete un delito en flagrancia, es decir que lo agarran con las manos en la masa, en el momento en que lo está cometiendo, ¿qué salida le vas a dar? La expulsión del país. Es algo que está presente en numerosas legislaciones del mundo. Esto no afecta nuestra política migratoria, los vínculos con la Patria Grande, la ampliación de derechos a los migrantes”, explicó.

El funcionario dijo que en estos casos “la expulsión es una de las soluciones posibles” y que el fiscal deberá tener en cuenta otros aspectos, como la opinión de la propia persona y el arraigo familiar del individuo, entre otras situaciones. “Esta norma está dirigida a quienes ingresan al país para robar, punto. Tampoco se va a aplicar a delitos insignificantes, nadie va a ser expulsado del país por colgarse del cable”.

Conmoción social
“Bajo el nuevo código habrá prisión preventiva de acuerdo con el fallo Díaz Bessone: si hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa. Igual que hasta ahora. Pero entre los supuestos de peligro de fuga se incluye la conmoción social que haya causado este hecho. Esto se pensó para casos excepcionales donde se privilegia el bien de la sociedad”, detalló Álvarez.

Reformas

El secretario de Justicia explicó las cuatro fases de reformas a la Justicia que viene impulsando el Ejecutivo nacional. “Ya cerramos el digesto, pasamos de 33 mil normas a tres mil, que son las normas vigentes en la Argentina. En una segunda fase de trabajo, actualizamos los códigos de fondo. Hace tres años comenzamos con el Código Civil y Comercial, y con el Código Penal. Tercera fase de trabajo: la estructura del Poder Judicial, las leyes conocidas como de democratización de la Justicia: el ingreso al Poder Judicial, su funcionamiento, las Cámaras de Casación, lo estructural. Cuarta fase, lo procedimental. Ahí vienen el Código Procesal Penal y para el derecho privado, el fuero de la Justicia del Consumidor, normas procedimentales, no de fondo”,

“La reforma arrancó cuando Néstor Kirchner bajó los cuadros y dijo que la Argentina tenía que tener como premisa los derechos humanos. Esto impactó en la sociedad y también en la Justicia, instalando un nuevo consenso, de dignidad humana y ampliación de derechos. Luego vino la transformación de la Corte, y la transformación poco a poco de sujetos que fueron volviéndose factores de poder en un medio que nunca había sido traspasado por un cambio de tal magnitud. Eso fue muy fuerte y sigue en marcha. El Código Procesal Penal es parte de la democratización de la Justicia. El Código Civil y Comercial también es parte de la democratización de la Justicia. Las leyes de defensa del consumidor también son parte de ese proceso.

En relación al proyecto de reforma del Código Penal, Álvarez explicó que el texto está siendo analizado por las universidades, que tenían plazo hasta el 31 de agosto y pidieron una prórroga para estudiarlo. “Argentina merece un Código Penal, porque el último es de 1921 y lo que está vigente ahora es un montón de parches. Hay que tener seriedad para comprender que no estamos discutiendo una ley coyuntural, sino un código de fondo, que es necesario en los tiempos que corren”.

El funcionario contó que el Ejecutivo proyecta una reforma del Servicio Penitenciario Federal que busca “pasarlo a un esquema de conducción totalmente civil”. “Estamos terminando ese proyecto y lo enviaremos al Congreso en lo inmediato”, dijo. Y habló de otros proyectos de reformas relacionadas con la Justicia: “la unificación del fuero penal económico con el fuero tributario, las leyes de la matrícula federal de abogados, que reconoce la existencia de una sociedad diversa que no gira solamente en torno de los tribunales en la ciudad de Buenos Aires, para que haya debate en todo el país.