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Hoy en el piso 11 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se puso en funcionamiento el Consejo Consultivo de Políticas de Control de Armas de Fuego. Estuvieron presentes miembros de organizaciones y funcionarios. El ministro Julio Alak abrió la reunión y saludó uno por uno a los presentes. El director del Registro Nacional de Armas (RENAR), Matías Molle, expresó: “este es un espacio para debatir y generar propuestas. No todo es visible desde la gestión y ustedes, las organizaciones, pueden ver e impulsar nuevas iniciativas”.

El encuentro contó con la presencia de la Comisión Provincial por la Memoria, H.I.J.O.S., la Red Argentina para el Desarme (RAD), integrantes del Ministerio de Educación, del Consejo de la Mujer, de la Fiscalía de Armas (UFI-RENAR) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. El Consejo deberá reunirse al menos tres veces por años para evaluar y definir políticas de prevención y control de armas.  

La primera parte del encuentro consistió en un balance del RENAR durante el 2012. Pero también se resaltó que la tenencia bajó en una década a la mitad. Del 2003 al 2012 fue de un 92% menos. Mientras que en 2011 había 1409 nuevos portadores –es decir, personas autorizadas a llevar armas encima-, en el 2012 sólo eran 660.

Con la implementación de un sistema informático de registro y un código único para cada arma, desde que ingresa al país hasta que llega al portador, se logró que las inspecciones tuvieran más eficacia. Mientras que en el 2008 había 1600 inspecciones anuales, el año pasado hubo 4500. El número de armas secuestradas, a su vez, creció en un año de 900 a 7500. Y hubo 4 millones de pesos ejecutados en multas. “Hemos creado un sistema online para que las armerías carguen su stock desde cero –comentó Molle-. Eso impide que se puedan dibujar los datos de las armas que se venden en el mercado legal”.

De los 6500 usuarios inhabilitados para tenencia de armas en 2012, el 74% son ex agentes de fuerzas de seguridad exonerados, y el 16% personas imputadas en causas de Lesa humanidad. “Pero además, afirmó Molle, impulsamos la participación ciudadana por oposición para la tenencia”.

En esa línea, uno de los spot televisivos que difundirá el organismo muestra a estudiantes de escuela primaria hablando sobre la tenencia de armas. “Los niños son los que corren más peligro si los padres tienen armas en su casa” reflexionaba un nene de guardapolvo blanco, con el pizarrón de fondo. “Si tenés un arma en tu casa, desde chico aprendés cómo usarla”, decía otra niña.

El sistema implementado hoy permite que cualquier ciudadano pueda presentar una oposición formal para que un solicitante porte armas de fuego. En Córdoba, por ejemplo, los familiares de una persona que había recorrido muchísimos psicólogos y psiquiatras en busca del apto para la tenencia hasta que un profesional se lo otorgó, se opusieron y lograron frenarla.

“Otra veces actuamos de oficio – explicó el director del RENAR- porque frente a un hecho de violencia de género retiramos la habilitación. A un agente de una fuerza de seguridad denunciado por violencia, también se le retira el permiso, tanto reglamentario como particular”.

Ante un hecho de violencia doméstica o de género, el Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos creó un protocolo operativo donde todas las fuerzas federales deben constatar si el victimario está registrado en el RENAR y, además, pedir permiso a la Justicia para allanar o requisar la casa a fin de encontrar armas de circulación ilegal.

Si bien el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas logró que 140 mil armas y 1 millón de municiones fueran destruidas, para acelerar este proceso los ministerios de Justicia y de Seguridad preparan un proyecto a fin de modificar el artículo 23 del Código Penal. Esto permitiría acotar los tiempos que la Justicia mantiene armas secuestradas: hoy un arma puede estar hasta siete años en depósitos judiciales y la propuesta fija un máximo de 6 meses para después ser destruida.

Las organizaciones de la sociedad civil también tuvieron la palabra en el encuentro. “Lo interesante del Consejo Consultativo -apuntó una participante de la RAD- es que permite evaluar procesos, monitorear y corregir los errores de la gestión”. Desde la Comisión Provincial por la Memoria advirtieron que veían con preocupación los proyectos de ley de regulación de armas del Ejecutivo bonaerense porque, si bien toca el tema del control, lo hace duplicando normativas y registros, “desconociendo todo lo que se dijo recién sobre la necesidad de profesionalizar los mecanismos de control”. Además, advirtieron, deja afuera de los registros los arsenales de las fuerzas de seguridad. La organización H.I.J.O.S apuntó que “vamos a evaluar en asamblea qué podemos aportar en lo que concierne al desarme y el proceso de inhabilitación de personas que estén involucradas en las causas de lesa humanidad”.