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El tratamiento mediático del secuestro del padre del futbolista Carlos Tévez abrió un nuevo debate sobre el rol del periodismo y su comportamiento en este tipo de noticias. La primera piedra la tiró el fiscal federal Federico Delgado, que lleva adelante la investigación de la causa. En un escrito enviado hoy a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, Delgado le sugiere la creación de un protocolo para unificar criterios en la difusión de detalles sobre secuestros extorsivos cuando aún el delito está en curso. El periodista de Policiales Ricardo Ragendorfer reconoce que el secuestro extorsivo es la modalidad delictiva más compleja de cubrir para el periodismo, sin embargo cree que los protocolos no siempre se ajustan a las situaciones reales y que siempre limitan la labor periodística.

En países como en Colombia, el debate sobre la cobertura mediática sobre los secuestros lleva décadas. Es que la frecuencia de este tipo de hechos durante los ‘80 y ’90 vinculados al despliegue de los cárteles del narcotráfico llevó a los medios y a las autoridades a pensar y debatir algunos criterios con una única premisa: siempre proteger a la víctima.

Según el Consultorio Ético de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, manejado por Javier Darío Restrepo, “es claro que si una información sobre secuestro hace más dura la situación de los secuestrados, o dificulta su liberación, o interfiere con las actividades de rescate de las autoridades, esa divulgación contradice los valores éticos, pero en esos casos no será el tema del secuestro el que debe prohibirse en nombre de la ética, sino la forma de tratarlo por los periodistas”.

Además, Restrepo dice: “Las informaciones sobre secuestros tienen validez ética en tanto en cuanto sean útiles a las víctimas. Se entiende que son víctimas los secuestrados y sus familiares y amigos (…) Si el propósito es hacer una información sensacional para aumentar la circulación o captar sintonía, es probable que el secuestrado y los familiares lleven la peor parte. El periodista será, para ellos, otra desgracia añadida a la acción de los secuestradores. El dilema ético es, por tanto, elemental: informar para servir, o para aprovecharse de la desgracia ajena”.

La preocupación del fiscal Delgado va en ese sentido. En su escrito, hace hincapié en la relación de comunicación necesaria y fundamental entre las actividades judiciales y las policiales: “Unos se encargan de las tareas operativas y otros de las propiamente legales. Sin embargo, esos segmentos requieren un diálogo permanente”, expresó. “No obstante, ayer (en el caso Tévez) ocurrió algo diferente. Con el hecho en pleno desarrollo, la fiscalía se enteraba de las novedades a través de los medios masivos de comunicación. La liberación de la víctima, los videos que documentaban el inicio del acontecimiento, las negociaciones y todo ese tipo de contingencias llegaron tarde a la administración de justicia” manifestó en el escrito.

“Hacer públicos los detalles de un secuestro en progreso pone en riesgo la vida de la víctima y mostrar materiales que no deberían conocer los imputados antes de estar sometidos a proceso puede frustrar la pesquisa”, remató Delgado.

Ragendorfer cree que el problema está en los investigadores y particularmente en la policía. “Si el secuestro se filtra al periodismo es un error de la investigación. El punto clave es que no trascienda, si eso pasa ya no hay protocolo que valga”, dijo.

El caso Echarri como antecedente

“Por la vida de mi papá, es indispensable poner a este tema un manto de silencio y piedad”. La imagen del actor Pablo Echarri en la puerta de su casa, a los gritos, haciéndole el pedido a los medios es paradigmática El secuestro de Antonio Echarri, padre del actor, por entonces de 66 años, se ejecutó el 24 de octubre de 2002 mientras trabajaba en su un kiosco de diarios del barrio Crucecita de Avellaneda.

Los secuestradores llamaron al actor y le pidieron 100 mil dólares de rescate. Además lo amenazaron: “si vemos un policía por tu casa, lo matamos”. El martes 29 de octubre, Echarri pagó 200 mil pesos y su padre fue liberado sano y salvo. Horas después comenzaron las detenciones.

La televisión cubrió con móviles en vivo desde la puesta de la casa de Echarri el minuto a minuto del caso. El programa televisivo del periodista Mauro Viale salía al aire con supuestas primicias entregadas directamente por los secuestradores. La investigación determinó Martín Murgía, uno de los productores del programa había entregado el celular del actor a cambió de información. En noviembre de 2002, Murgía fue detenido y procesado como partícipe del secuestro.

Ragendorfer recuerda el caso como “antológico” en lo que se refiere a lo “espantoso de las coberturas periodísticas”. “La casa donde se realizaban las negociaciones se había convertido en una especie de romería periodística”, contó y recordó que las conversaciones telefónicas con los secuestradores se pasaban casi en vivo por televisión. “Eso es un terrible riesgo para la vida del secuestrado”. “La labor periodística muchas veces deja de ser tal para convertirse en espectáculo y eso no hay protocolo que pueda resolverlo”, concluyó.

Algunas recomendaciones

Si bien en Argentina no existe un código de ética consensuado para la actividad periodística, desde diferentes foros se extienden algunas recomendaciones sobre el tratamiento de los casos de secuestros extorsivos. Pocas de las premisas se cumplen.

Las sugerencias apuntan a no revelar ninguna información extraoficial que pudiera poner en riesgo la vida de la persona secuestrada, ni detalles de la negociación que se lleva adelante por parte de la familia o los investigadores, mientras transcurre el secuestro. Evitar hablar de montos de dinero con respecto al rescate exigido o el finalmente abonado dado que eso, además de constituir una información privada, puede ser una potencial tentación para futuros secuestros u otros delitos contra las mismas víctimas. Tampoco se deben revelar datos sobre los movimientos de la familia, su fortuna o cuestiones vinculadas a su vida privada.

Además se recomienda trabajar sólo en información oficial, si es posible a partir de la brindada por fuentes judiciales más que policiales y de ninguna manera difundir datos que señalen la posible ubicación de los secuestradores, el secuestrado o el lugar donde pudiera estar en cautiverio durante el transcurso del hecho. En ese momento, tampoco se deben dar informaciones sobre el posible lugar de pago del rescate o el potencial sitio de liberación, antes de que eso haya ocurrido.

También se sugiere evitar la realización de guardias periodísticas en la puerta del domicilio de las víctimas, y más aún si eso puede complicar la negociación con los secuestradores, revictimizar a las familias que están padeciendo este flagelo o dar datos que pudieran facilitar futuros delitos contra ellos. En este aspecto, hay que respetar el pedido de familiares e investigadores al respecto.