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A 23 años del atentado contra la embajada de Israel, en el que murieron 22 personas y hubo cientos de heridos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso "la desclasificación de la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia" relacionados con el caso, luego de que ayer que se lo pidiera la Corte Suprema de Justicia.

El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial instruye a la  Agencia Federal de Inteligencia para que, previo análisis, remita a la Corte “aquellos documentos donde se encuentre información relacionada con el brutal atentado" que el 17 de marzo de 1992 destruyó la sede diplomática. La norma lleva la firma de la mandataria y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

La Presidenta había anticipado la decisión de desclasificar la documentación en marzo pasado, tres reunirse con sobrevivientes y familiares de las víctimas en la Casa de Gobierno, en el marco del 23° aniversario del hecho.  “Ni bien la Corte lo solicite, se procederá de igual forma que en la causa AMIA”, anticipó el 19 de marzo a través de su cuenta de Twitter.

En el oficio enviado ayer al Ejecutivo, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal solicitó “desclasificar los archivos de inteligencia con información reservada relacionados con el hecho”. En el decreto del Ejecutivo se hace explícita referencia a la desclasificación de la “totalidad” de esa información.

El expediente por el atentado a la Embajada

El expediente donde se investiga la explosión que borró del mapa la sede diplomática, ingresó a la Corte el 24 de marzo de 1992. Desde entonces está caratulado “sumario instruido en la comisaría 15 por averiguación de los delitos de explosión, homicidio y lesiones calificadas y daños con motivo del atentado a la embajada de Israel”. Esta es la primera vez que quienes tienen a cargo la instrucción solicitan la información recopilada por los servicios de inteligencia al respecto.

Durante esos primeros años, la causa estuvo liderada por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Levene (hijo), hoy ya fallecido. Por entonces y sin explayarse sobre los fundamentos, la Corte rechazó cada pedido de los querellantes para que le tomaran declaración a los policías de la Federal que ese día se ausentaron de la custodia (porque se retiraron antes o porque llegaron después). Tampoco hicieron lugar a los pedidos para convocar a los integrantes de la empresa encargada las obras de remodelación en el edificio.

Las primeras fojas de ese expediente, que ya supera los 250 cuerpos, acumulan imprecisiones y el sistemático rechazo a las pruebas que pedían los familiares de las víctimas, únicos impulsores de la causa. Por ejemplo: recién en 1999 –cuando se creó una Secretaría Especial para seguir el caso- el máximo tribunal informó el número exacto de víctimas. No habían sido 29 como se dijo inicialmente, sino 22.

A los cuatro años del atentado, Levene abonó la teoría de implosión y desató el escándalo. No había certezas en el expediente. La cuestión pareció zanjarse en 1997, con la creación de una Secretaría Especializada para investigar el caso. Al frente quedó el secretario de la Corte Esteban Jorge Canevari.

Sentencia de medio tiempo

Después de siete años y nueve meses del atentado, el 23 de diciembre de 1999, la Corte dictó una sentencia “interlocutoria” o “de mitad de tiempo”. Allí se consideró probado que una camioneta Ford F-100, cargada de explosivos, se estrelló contra la sede diplomática, y no como afirmaba Levene que hubo explosivos en el interior del edificio. Y también el número de víctimas fatales.

La sentencia recupera el trabajo de Canevari que descartó la hipótesis inicial, que tuvo como imputados a cuatro ciudadanos paquistaníes (Mohammad Nawaz, Azhar Iqbal, Mohammad Azam y Mohammad Nawaz Chaudry) detenidos por estos hechos.

En el punto 298 de esa sentencia, basada en versiones difundidas en periódicos islámicos, cables de la embajada argentina en el Líbano e informes de Interpol y embajadas de otros países, la Corte consideró que el atentado fue organizado y perpetrado por la Jihad Islámica, brazo armado del Hezbolá. Y pidieron la captura internacional para el libanés Imad Mughniyah, jefe de seguridad exterior de Hezbolá, y luego para el colombiano Samuel Salman, alias "El Reda".

El jefe de Hezbolá, conocido con más de trece alias, habría muerto en Damasco, Siria, hace ya casi cinco años, en manos de un operativo militar presuntamente ejecutado por fuerzas israelíes. Oficialmente, su deceso no ha sido confirmado en la causa, y sobre ambos acusados continúa abierto el pedido de captura internacional.

En 2006, la Corte integrada por Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolsaco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Luis Lorenzetti y Carmen Argibay volvió a avalar el trabajo de Canevari. El padre de una de las víctimas, Carlos Susevich, presentó un escrito pidiendo que el caso no prescribiera. Los integrantes del supremo tribunal negaron que la causa pudiera prescribir, y reiteraron el pedido de captura internacional para Mughniyieh. Desde entonces la causa sigue abierta sin mayores movimientos, hasta la solicitud de los familiares de las víctimas para que se solicitar la desclasificación de la información reservada referida al atentado. 

MB/MEL