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Infojus Noticias

17-9-2013|20:24|Trata Nacionales
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El debate oral llega siete años después de la primera denuncia

Empezó un megajuicio contra once talleristas por trabajo esclavo

El tribunal integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Luis Panelo deberá determinar la responsabilidad de once imputados por los delitos de “reducción a la servidumbre” e infracción a la ley de MIgraciones. Están previstos los testimonios de al menos 150 testigos.

  • Los trabajadores dijeron que los obligaron a trabajar entre 14 y 16 horas por día. Prensa Ministerio de Justicia y DDHH
Por: Matías Máximo

Las dos primeras instancias de la megacausa contra la explotación de talleristas comenzaron esta mañana en el Tribunal Oral N° 6 de Comodoro Py. En esta etapa se investiga la actividad en seis talleres ubicados en la ciudad de Buenos Aires. El tribunal integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, José  Martínez Sobrino y Julio Luis Panelo deberá determinar la responsabilidad de once imputados por los delitos de “reducción a la servidumbre” e infracción a la ley de MIgraciones. Están previstos los testimonios de al menos 150 testigos.

Según fuentes del tribunal, hoy comenzó el juicio con normalidad y se leyeron los documentos del caso, además de enumerar a los testigos que declararán. La lista de imputados incluye once nombres: Juan Carlos Salazar Nina, Remedios Flores Alarcón, Amalia Cancari Nina, Han Ki Gone, Kim Ki Ja, Julio Parisaca Cocarico, Sung Ho Han, Martín Fernández Llanos, Lucio Huaca Calisaya, Esteban Lucana Choque y Andrea Mariana Beatriz Reparaz Fiori.

Pero la megacausa no siempre tuvo el prefijo “mega”. En octubre de 2005, la Defensoría del Pueblo porteña, junto a la ONG “La Alameda”, denunciaron por primera vez los talleres de Salazar Nina y Flores Alarcón. Una decena de costureros que habían sido explotados en los talleres ubicados en las calles Eugenio Garzón 3853 y Laguna 940 dijeron que los habían traído engañados de Bolivia, que los obligaron a trabajar entre 14 y 16 horas por día y que no los dejaban salir del taller.

En esa primera denuncia también figura que los talleristas estaban “arreglados” con la comisaria N° 40, ubicada justo detrás del taller de Garzón 3853, en el barrio de Floresta. Los dos talleres confeccionaban para las marcas Lacar y Montagne.

“A fines de octubre del 2005, Oyarbide allanó los talleres y las oficinas de las dos marcas denunciadas. Pero al mes se declaró incompetente”, contó a Infojus Noticias Mario Ganora, que en 2005 participó como miembro de la Defensoría en los procedimientos y ahora es uno de los testigos en el juicio.

Entonces, Oyarbide quiso pasar la causa a un tribunal inferior, pero la Cámara Federal de Apelaciones le ordenó en 2006 continuar con el caso. No sólo eso: le exigieron que sume en esa causa a todas las marcas y talleres que fueron denunciados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires por delitos similares. “Fue como si la Cámara lo penara por querer patear la pelota y sacarse un caso complicado de encima”, dedujo Ganora.

Así nació la megacausa contra el trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires, que al momento tiene en su órbita 106 marcas y más de seiscientos talleres clandestinos con trabajo esclavo.

Siete años después de la primera denuncia, el juzgado Federal N° 1 ordenó en abril de este año el allanamiento a los talleres textiles esclavos de Salazar Nina y Flores Alarcón. Mientras algunos de los talleristas procesados se dieron a la fuga, Salazar Nina y Remedios Flores rearmaron el taller clandestino con trabajo esclavo en la misma casa donde fue allanado y procesado. Al juicio de la megacausa llegarán limpios de ese antecedente, ya que fueron sobreseídos recientemente.

Acerca de esta trama, a fines de julio Infojus Noticias cubrió la apelación que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ante una resolución del juez Norberto Oyarbide, que rechazó la solicitud del ente para constituirse como querellante en una causa donde se investiga trata de personas y explotación laboral en talleres clandestinos de producción de indumentaria. Lo que la  UIF pretende es incorporar a la causa el lavado de dinero que podrían estar realizando grandes marcas a partir de la comercialización de esos productos.

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