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En una semana, la Corte Suprema de Estados Unidos hará pública su decisión respecto a la apelación argentina en el litigio contra los fondos buitre. “Algunas cosas son innegociables, como entregar la patria a buitres que la quieren despedazar”, expresó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un pasaje de su discurso. Son tiempos de definiciones, pero la oposición aún no aclaró si respaldará o no la posición nacional ante los tribunales estadounidenses.

La presidenta reaccionó a las ambigüedades de los diputados de FAUNEN, el PRO y el Frente Renovador, y cuestionó “¿Qué les pasa a algunos que no pueden distinguir el Gobierno con los intereses de la Patria?”. Los legisladores aún no terminaron de acordar si redactarán una nota formal para llevar ante el Departamento de Estado y a los parlamentarios, o si respaldarán la declaración que el Frente para la Victoria llevó al Congreso. Según fuentes parlamentarias, la idea de una declaración separada surgió del radicalismo. “Hay una sola forma de entender la patria, que es amarla y defenderla con la propia vida si es necesario”, afirmó la presidenta.

Una delegación de la Cámara baja viajará hasta el país del norte para llevar la declaración argentina. Estará presente cuando la Corte, el jueves 12, anuncie si toma el caso, si lo rechaza, o si lo remite al gobierno de Barack Obama para que exprese su posición. Hasta el momento, sea con un documento de unidad o varias notas separadas, la delegación tiene confirmada la presencia de representantes del Frente para la Victoria y el PRO. El Frente Renovador también enviaría un representante, y se esperan definiciones de FAUNEN en las próximas horas. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, pidió esta mañana que los dirigentes de la oposición “acompañen” a la delegación oficial.

“Espero que así como lo hicieron los parlamentarios británicos, los miembros del Congreso de la oposición acompañen una delegación, promuevan un documento y expongamos una posición unificada ante los estrados de carácter judicial”, expresó el chaqueño. Y explicó: “Los legisladores británicos han emitido un documento crítico respecto de esta situación y los legisladores argentinos de la oposición no dicen nada. Por lo menos nos llama la atención”.

La presidenta también se había referido a la declaración que la red internacional católica Jubileo entregó ante la corte. El amicus curiae fue firmado por 106 diputados británicos, y se presentó como “moción de apoyo” ante el máximo tribunal de Estados Unidos. La semana pasada, el titular de la ONG, Eric LeCompte, también entregó la presentación al papa Francisco. Jubileo es una alianza de más de 75 organizaciones de Estados Unidos, 400 comunidades religiosas y otros 50 socios globales.

El litigio

El reclamo de los fondos buitre NML Capital y Aurelius Capital Management no representa ni siquiera al 1 por ciento de los tenedores de la deuda defaulteada en 2001. El 93 por ciento ingresó a los canjes de deuda de 2005 y 2010. Los fondos reclaman el pago en efectivo y al contado de 1500 millones de dólares de bonos que adquirieron “a precio de remate cuando a todas luces Argentina no iba a poder honrar sus deudas”, según definió el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis. El juez neoyorquino Thomas Griesa, sin embargo, le dio la razón a Paul Singer y Kenneth Dart –los representantes de ambos fondos–.

La reestructuración de la deuda lograda por el Estado argentino incluyó una quita histórica de capital e intereses, y varios países europeos se inspiran en ella para plantear eventuales salidas a la crisis económica que los castiga. Grecia es uno de los países que prevé la posibilidad de impulsar una reestructuración de su deuda. Las futuras reestructuraciones de otros países se podrían ver frustradas con un antecedente judicial negativo de la Corte estadounidense.

La última presentación argentina hizo hincapié en esa lógica: el Ministerio de Economía informó mediante un comunicado que “el escrito de la Argentina demuestra el impacto negativo y alcance sistémico” de los fallos de los tribunales inferiores. Y expresó que los fallos firmados hasta ahora “violan la soberanía de la Argentina, porque pretenden que se pague a los holdouts con reservas que gozan de inmunidad soberana”.

El litigio por los fondos buitres

Argentina entró en default en 2001. El estado de cesación de pagos afectó bonos y títulos públicos de deuda por 130 mil millones de dólares. La bancarrota fue remontada mediante el proceso de reestructuración que comenzó en 2003. La negociación llevó a que en 2005 y 2010 se abrieran propuestas de canje de títulos. Los bonos en default fueron intercambiados por otros bonos bajo nuevas condiciones: la quita llegó a afectar a más de la mitad del capital y los intereses de la deuda, y en algunos bonos, llegó hasta el 73 por ciento. Los nuevos plazos y tasas de interés le permitieron al país afrontar los pagos con fondos genuinos obtenidos con el crecimiento de la economía y la revitalización de la industria.

El 93 por ciento de los bonistas que tenían títulos declarados en quiebra ingresaron a los canjes. Del resto de “holdouts” –acreedores que no ingresaron a los canjes– los llamados “fondos buitre” no representan ni al 1 por ciento de los tenedores de bonos. Los dos principales fondos, NML Capital (conducido por el multimillonario Paul Singer) y Aurelius Capital Management (encabezado por Kenneth Dart), lograron un fallo en su favor por parte del juez Thomas Griesa, que condenó a la Argentina a pagar 1500 millones de dólares en efectivo y al contado a los grupos especulativos. Su fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito, y llevado por el país ante la Corte Suprema estadounidense.

Los fondos buitre adquirieron los bonos “a precio de remate cuando a todas luces Argentina no iba a poder honrar sus deudas”, según definió el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis. Cuando los compraron, esos títulos ya estaban en default y Argentina había anunciado que no iba a poder pagarlos.

Varios países europeos se inspiran en la reestructuración argentina para plantear eventuales salidas a la crisis económica que los castiga. Grecia es uno de ellos, y prevé la posibilidad de impulsar una reestructuración de su deuda en caso de no poder afrontar los próximos pagos. Las futuras reestructuraciones de otros países se podrían ver frustradas con un antecedente judicial negativo de la Corte estadounidense. Es por eso que gobiernos de países como el mismo Estados Unidos, y también Francia, Brasil y México, también expresaron su apoyo a la posición argentina.

Un fallo en contra de nuestro país podría tener un alto “impacto negativo” y un “alcance sistémico” en sus consecuencias, según expresó el Ministerio de Economía de la Nación mediante un comunicado difundido la semana pasada. El país hizo la última presentación ante la Corte el 27 de mayo, y expresó que los fallos firmados hasta ahora “violan la soberanía de la Argentina, porque pretenden que se pague a los holdouts con reservas que gozan de inmunidad soberana”.