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El desafío de encarar políticas públicas de prevención de las violencias estatales desde adentro del propio Estado es posible. Desde el año pasado, existe en el ámbito de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Unidad de Registro Sistematización y Seguimiento de hechos de violencia institucional. El organismo releva los casos que llegan, a través de distintos canales, a la Secretaría y a partir de ahí se trabaja en posibles intervenciones. En una entrevista colectiva con Infojus Noticias repasaron el trabajo que lleva adelante la Unidad desde su creación.

El abogado Lucas Ciarniello es el coordinador de ese espacio. Lo acompañan la licenciada en ciencias políticas, Miranda Cassino; la trabajadora social María Jimena Armida y el periodista y comunicador, Sergio Sorín. Están sentados alrededor de una mesa en una oficina del octavo piso de la Secretaría. Sobre sus escritorios los esperan carpetas con expedientes y oficios. En la pared, una agenda de trabajo colectiva. Y en un armario, un pilón de "Los derechos humanos frente a la violencia institucional", el cuadernillo que lanzaron hace dos semanas junto al Ministerio de Educación de Nación. “Es una guía de derechos. Más allá de que está pensado para los docentes de la escuela media, puede servir para otras áreas. Tiene conceptualización y una serie de actividades para hacer en el aula”, explicó Ciarniello. El manual, que fue presentado por Raquel Witis en la Universidad Nacional de La Plata, ya puede descargarse del sitio educ.ar.

Desde sus diversas disciplinas, cada uno del equipo aporta su mirada sobre las violencias estatales. “Uno toma conocimiento a diario de las prácticas de violencia institucional. Suceden en todas las provincias. Es un fenómeno amplio y complejo”, señaló Ciarniello.

Cassino detalló desde donde se posicionan: “abordamos el tema desde el enfoque de los perpetradores y no tanto de la víctima. Una mirada de derechos humanos tiene que focalizarse en los perpetradores. Las víctimas son víctimas independientemente de lo que hayan hecho. Ponemos la mirada en el Estado para restructurar esas acciones”.

— Desarrollaron un concepto propio de lo que es la violencia institucional ¿Cómo llegaron a esa definición?

Miranda Cassino: Cuando empezamos a revisar y hacer reuniones con los distintos programas y áreas que trabajaban la temática en la Secretaría, lo primero que vimos es que la definición que se usaba sobre violencia institucional era ambigua, laxa y restrictiva. Todo eso a la vez. Había mucha experiencia pero dispersa.

Nosotros hablamos de situaciones concretas que tienen que tener tres elementos. El primero es un conjunto de prácticas violatorias de derechos. En segundo lugar están los perpetradores que son agentes públicos. Esto es: determinados funcionarios pertenecientes a las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios, efectores de salud y algunos operadores judiciales. Y el tercer elemento son los que nosotros llamamos contextos de restricción de autonomía y libertad. Son situaciones y lugares que van desde la vía pública hasta penales, pasando por geriátricos pero lo que hacen es poner en juego a los perpetradores y el modo en el que se ponen en diálogo con personas que no son funcionarios públicos. Comprendemos que existen categorías: violencia física, psicológica, de género y las referidas a las condiciones de alojamiento.

Lucas Ciarniello:Son prácticas específicas que van desde la muerte, conocida como gatillo fácil, hasta situaciones de aislamiento en condiciones de detención, golpizas, denegación de tratamientos de salud. 

— ¿Qué pasa con el encubrimiento de estos hechos? ¿Los consideran violencia institucional?

M.C.: Hay un segundo conjunto de prácticas que tienen que ver con las cuestiones específicas de encubrimiento administrativo y un tercer grupo que está relacionado con la actuación del Poder Judicial. Un caso típico sería: se da determinada práctica violatoria de derechos, la investiga la policía y la encubre. Así llega al Poder Judicial que acepta la versión de la policía. Así se investiga y se caratula un expediente. Se investiga un suicidio, por ejemplo, cuando pueda haber habido responsabilidad estatal en esa muerte que ocurrió en el encierro.

L.C.:Toda muerte que se da en un contexto de encierro es una muerte bajo custodia. En el servicio penitenciario, muchas veces, las muertes se presentan como suicidio. En el caso de las instituciones de salud mental  dicen que no respondió a la medicación o hablan de muerte natural. Las muertes de personas bajo custodia del Estado merecen una investigación específica para saber lo que sucedió realmente.

— Si bien las violencias estatales son históricas, en los últimos años están en la agenda, se habla de ellas. ¿A qué creen que se debe?

L.C.: En distintas instancias del Estado y en el Poder Judicial se han creado áreas específicas que tratan la temática. Eso lo destacamos como auspicioso. Investigar estos delitos tiene que tener pautas y protocolos particulares. No es lo mismo investigar delitos cometidos por fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios que delitos entre particulares.

Este impulso también tiene que ver con una pelea histórica de los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil y de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

— ¿Cómo ven el tratamiento mediático de estos casos?

M.C.: Muchas veces es un problema. Algunos medios convalidan estas cuestiones en desmedro de una perspectiva de derechos. Justifican lo que pasó, de alguna manera. Están presos pero siguen teniendo un amplio conjunto de derechos.

Sergio Sorín: Los medios no cuestionan, no se preguntan si la versión que da la policía es verdadera. No piensan la lógica de los hechos que se describen.

— ¿Cuáles son las trasformaciones que hay que dar para prevenir que ocurran estos hechos?

L.C.: Como institución pública, somos conscientes de que es necesario transformar las instituciones para prevenir la violencia institucional.Hay que transformar los contenidos curriculares, los trayectos formativos de las fuerzas de seguridad, los Códigos contravencionales o de faltas, las leyes orgánicas. Muchas de estas leyes son de la última dictadura. Otras son más modernas y recientes pero conservan figuras que son violatorias de derechos. Cuando uno busca cambios en esa dirección, es más difícil pero creemos que es el camino.

M.C.: Nosotros revisamos los contenidos de los trayectos formativos. En la mayoría de las fuerzas federales hay materias de derechos humanos, el tema es cómo están dados y cómo se articulan en la formación. Son titulares muy lindos pero hay que transversalizar la mirada de derechos humanos. No alcanza con una materia. Tiene que estar en todas las materias de los futuros policías y los que tengan que ascender, en las formaciones de todos los futuros penitenciarios y los que tengan que ascender. Después hay otro campo que trabajar que es los efectores de salud y agentes judiciales.

María Jimena Armida: Nos dimos cuenta que no es un problema de información. Ellos saben lo que pueden hacer y lo que no. Tiene que ver con cómo se estructura esa práctica en determinada institución. Y por eso decimos que  tiene que haber una restructuración. Muchas de estas prácticas demuestran que más allá de que terminó la dictadura, se siguen reproduciendo como si no hubiera terminado. Son estructuras violentas y lógicas institucionales.

— Este año se dieron una serie de fallos ejemplares que demuestran que, al menos, esos Tribunales en representación del Poder Judicial no van a tolerar ciertos hechos de violencia institucional. Por ejemplo, el juicio por las torturas a Luciano Arruga, la muerte de Patricio Barros Cisneros y los tormentos que sufrió Brian Núñez.

L.C.: Llegamos a fallos ejemplares gracias a la creación de instancias específicas dentro de Estado, la lucha histórica de los organismos de derechos humanos en post de investigar estos hechos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acompañó varios de esos casos. Participó la Procuraduría especializada de Violencia Institucional (PROCUVIN). Todo eso provoca que las sentencias vayan en determinado sentido.

M.J.A.: Son fenómenos muy extendidos. Conocemos cuatro o cinco fallos pero también conocemos un universo enorme de causas cajoneadas que no avanzan.

MFA/LC