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Hoy fue el turno de los testigos pedidos por las defensas del almirante retirado Jorge Godoy y Benito Rótolo, su segundo, en el juicio por espionaje ilegal a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew (Chubut). En la tercera audiencia, declararon Alberto Fernández, ex jefe de gabinete del gobierno nacional y el actual vicario castrense Pedro Candia.

En el debate -que preside el juez Sebastián Casanello- Godoy y Rótolo deberán responder por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Están acusados de ordenar “recopilar, analizar, procesar y distribuir información” sobre militantes y organizaciones “en forma sistemática y habitual” o bien de omitir “intencionalmente” hacerlas cesar, violando las Leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Estos delitos prevén penas de hasta dos años de prisión.

En la sala A, una de las más pequeñas en la planta baja de los tribunales de Comodoro Py, Fernández recordó que en 2006, cuando supo de la denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se comunicó con Godoy. Recordó que el entonces jefe de la Armada le "transmitió su pesar" y se dijo "ajeno" a los hechos. Consultado por la defensa, Fernández dijo que Godoy estuvo al frente de la fuerza que tuvo “elementos más reactivos”, tanto de marinos retirados como en ejercicio, a la política en derechos humanos que impulsó el presidente Néstor Kirchner.

"Ni Kirchner, ni yo jamás avalamos que las Fuerzas Armadas hicieran inteligencia interna", dijo Fernández, cuando el abogado del CELS Rodrigo Borda le preguntó al respecto. Como el fiscal federal Fernando Gélvez, Borda le pidió precisiones. Le pidió que aclarara si el gobierno que integró conocía u “homologó” el “Plan Básico de Inteligencia Naval”, firmado por Godoy en 2005. La respuesta de Fernández fue: “terminantemente, no”.

En ese plan, Godoy dispuso que se realizaran tareas de inteligencia sobre "amenazas asimétricas", provenientes del “narcotráfico, terrorismo internacional, crimen organizado, contrabando de armas, deterioro del medio ambiente, migraciones y cualquier otra que como tal se manifieste” (cuya inteligencia está vedada a las Fuerzas Armadas). Según la acusación, esa fue la puerta de entrada para que la Armada “espiara” a la comunidad islámica chubutense, grupos piqueteros y activistas indígenas, así como a periodistas, militantes sindicales, políticos y funcionarios.

Cuando Juan Rodríguez, el abogado de Godoy retomó el interrogatorio, volvió a consultar al ex jefe de gabinete sobre la política nacional en materia de Inteligencia. Le pidió que explicitara si el “narcotráfico”, el “terrorismo”, el “contrabando de armas” y el “crimen organizado” son considerados “amenazas externas”. “Sí, son todos conflictos o amenazas exteriores”, aseguró Fernández y dijo que como tal “están reconocidas en tratados internacionales” a los que el país suscribió.

Luego fue el turno del vicario castrense. Como los otros testigos convocados por la defensa, Candia recordó que, cuando estuvo al frente de la Armada, Godoy organizó una serie de cursos vinculados a la defensa de los derechos humanos. Al respecto, la querella preguntó si estaban orientados a los sectores de inteligencia y los testigos dijeron desconocer ese dato.

Las carpetas de inteligencia

Esta causa se inició en 2006, cuando el cabo Carlos Alegre envió un correo electrónico al CELS contando que estaba siendo presionado para realizar tareas de espionaje explícitamente prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. El CELS y uno de los espiados, el abogado sureño Eduardo Hualpa, presentaron la denuncia penal. En ese momento, la justicia federal de Chubut dispuso un allanamiento en la Base y el material secuestrado se incorporó como prueba en este juicio.

En las carpetas, computadoras y diskettes que se llevaron de la Base había partes de inteligencia que circulaban horizontal y verticalmente. En la Sección de Inteligencia (SI) recibían órdenes de jerarquías superiores, como el Comando de Aviación Naval, por ejemplo. Y también tenían semblanzas de funcionarios que les habían sido enviadas por Dirección de Inteligencia Naval (DIIA), como la del entonces viceministro de Defensa, Jaime Garreta, donde constaba su participación en una marcha organizada por la Federación Juvenil Comunista, en la década del 60, y su posterior exilio en México y Suecia, durante la dictadura.