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El almirante retirado Jorge Godoy y Benito Rótolo, su segundo en la jefatura de la Armada hasta 2006, fueron condenados respectivamente a dos y un año y ocho meses de prisión en suspenso por el espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew (Chubut). A un mes de iniciado el debate, este mediodía el juez federal Sebastián Casanello dio a conocer el veredicto. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo miércoles 25 de marzo.

“Antes de leer el veredicto voy a decir algo no muy convencional”, dijo Casanello a pocos minutos de ocupar su lugar en el centro de la sala A, en los tribunales de Comodoro Py. Destacó “la altura del debate” y la “conducta de las partes”. Después, leyó las condenas. E indicó que los ex jefes de la Armada deberán tomar un curso de 50 horas cátedra para formarse en derechos humanos o constitucional.

El titular Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional  7, decidió además poner en conocimiento de la causa tanto a la Presidencia de la Nación como a los legisladores, a través de la comisión bicameral para el control de los organismos de Inteligencia, para evitar que situaciones como estas se repitan. Y marcó la necesidad de evaluar la creación de figuras penales específicas para actividades de inteligencia prohibidas, cuya propuesta se vendría a sumar a la recientemente sancionada nueva ley de Inteligencia.

Ordenó además que lo actuado en la causa, así como los registros secuestrados en la base, al momento de quedar firme la sentencia, sean enviados para su conservación a la Secretaría de Derechos Humanos. 

El caso tuvo su puntapié en 2006 cuando el cabo Carlo Alegre escribió un correo electrónico al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y contó que estaba siendo presionado para realizar tareas de espionaje explícitamente prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Tras la presentación formal de la denuncia, la justicia federal de Chubut ordenó allanar la base. En esos operativos, secuestraron carpetas y documentos con seguimientos, entre la década del 90 y el año 2006, a referentes de derechos humanos, sindicales y políticos de la zona, y también a periodistas y funcionarios locales, provinciales y nacionales, como la entonces ministra de Defensa Nilda Garré o el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

En 2012, trece marinos fueron condenados por estos hechos. Ahora Casanello responsabilizó a los ex jefes de la Armada por la “violación de los deberes de funcionario público”, porque ordenaron tareas ilegales de inteligencia o “bien omitieron –intencionalmente-- hacerlas cesar”; un punto que se conocerá en detalle cuando el magistrado dé a conocer los fundamentos de su decisión.

Control democrático de los organismos de inteligencia

“En la sentencia reflejó la importancia del control democrático de los organismos de inteligencia”, dijo a Infojus Noticias Paula Litvachky, la directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, y una de las víctimas del espionaje ilegal en la base Almirante Zar, por su actuación en la causa por la masacre de Trelew en agosto de 1972, cuando dieciséis militantes de organizaciones revolucionarias fueron fusilados en la misma base aeronaval.

El magistrado además ordenó poner en conocimiento del trámite de la causa al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3, que instruye la investigación por la destrucción de documentos de Inteligencia en otras bases navales. Las carpetas secuestras en la base Almirante Zar en 2006 daban cuenta de una “práctica sistemática y extendida, y de comunicaciones en sentido vertical y horizontal, pero cuando se allanaron las bases en Bahía Blanca y en Capital Federal, por ejemplo, no se encontró nada”, recordó el fiscal a cargo de la acusación, Fernando Gelvez a esta agencia.

“Lejos estaban los imputados de querer corregir deficiencias en el sistema de Inteligencia”, dijo Rodrigo Borda a cargo de sostener la acusación de la querella junto a su colega Lucía de la Vega. Durante los alegatos, el abogado recordó que dos años después de haber asumido la jefatura de la fuerza, en 2005, Godoy firmó el “Plan Básico de Inteligencia” y que, aún sin que llegara a entrar en vigencia trabajó en un nuevo reglamento de Contrainteligencia para reemplazar el de 1975, que llevaba la firma del represor Emilio Massera.

En esos documentos, por ejemplo, la “propaganda” era definida como “cualquier argumento o noticia que agrupada pretende influir en la Armada”. Y bajo la figura de "amenazas asimétricas" provenientes del “narcotráfico, terrorismo internacional, crimen organizado, contrabando de armas, deterioro del medio ambiente, migraciones y cualquier otra que como tal se manifieste”, se abrió la puerta de entrada para que vigilaran ilegalmente a la comunidad islámica chubutense, grupos piqueteros y activistas indígenas, entre otros grupos. Ahora, por decisión del juez Casanello, de quedar firme la sentencia todos estos materiales serán enviados a la secretaría de Derechos Humanos para su conservación, e impulsar las políticas de la memoria.

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