Infojus Noticias

El juicio por el espionaje ilegal que tiene como imputados al ex jefe de la Armada, Jorge Godoy y su segundo en el mando, Benito Rótolo, concluirá el próximo miércoles cuando el juez federal Sebastián Casanello dicte sentencia. Infojus Noticias repasó con el abogado Eduardo Hualpa su doble rol en el caso, donde a la vez que actuó como querellante fue solicitado como testigo por las defensas. El abogado había sido víctima de uno de los tantos seguimientos dispuestos desde la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew, Chubut.

El caso tuvo su puntapié en 2006, cuando el cabo Carlo Alegre escribió un correo electrónico al Centro de Estudios Legales y Sociales y contó que estaba siendo presionado para realizar tareas de espionaje explícitamente prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. “Llevamos la denuncia al despacho del juez federal Jorge Pfleger, pero no sabíamos el grado de credibilidad”, recordó Hualpa y contó que ese mismo día, viernes 17 de marzo, el juez ordenó el allanamiento.

El centro de espionaje funcionaba en la base, en una casa con dos habitaciones, cocina y baño, que había sido acondicionada como oficina. “Secuestraron cajas y cajas, y cantidad de documentos con seguimientos a militantes sociales, políticos, sindicales y de derechos humanos, periodistas y funcionarios de la provincia y nacionales”, recordó Hualpa. Y supo que el juez, en ese mismo momento, clausuró el lugar y confiscó las computadoras.

“Era la única forma de conseguir los documentos, porque el cabo Alegre también nos había dicho que tenían un sistema para desarmar la oficina y destruir todos los documentos en dos horas”, recordó Hualpa. “No sabíamos qué habían encontrado pero al otro día, por los medios, nos enteramos que habían relevado al comandante de Operaciones Navales Eduardo Avilés y al director de Inteligencia Naval, Pablo Rossi”, comentó y aclaró que eso lo hizo suponer que se trataba de “algo grave”.

Entre los informes secuestrados, había algunos que le seguían los pasos a Hualpa, que por entonces trabajaba en la reapertura de la causa por la masacre de Trelew en agosto de 1972, cuando dieciséis militantes de organizaciones revolucionarias fueron fusilados en la misma base aeronaval. Por ejemplo, en un parte catalogado “secreto y confidencial”, del 15 de febrero de ese año, está transcripta la nota de un medio local donde aparece nombrado como “el conocido abogado trelewense” que representará a los familiares de las víctimas.

-¿Cómo impactó esta noticia en Trelew, entre la militancia de la zona?

-Hubo una gran conmoción. Trelew es una ciudad muy politizada, que personas de nuestra comunidad fueran vigiladas inquietó mucho. La gente quería saber qué información tenían.

-¿De qué momento datan los informes secuestrados? ¿Qué características tienen?

- Desde ‘90 hasta la misma semana del allanamiento. Los informes eran remitidos a la superioridad de la Armada, por sistema encriptado. Quedaba constancia en un libro de mensajes navales que está secuestrado, donde se le hacía saber de los datos a la dirección de Inteligencia, al comando de Operaciones de Bahía Blanca y a otras dependencias, con día y hora, con firmas y sellos oficiales.

-¿La investigación judicial de la masacre de Trelew era uno de los objetivos de esa vigilancia?

- El cabo Alegre dijo que hacia fin de 2005, cuando se supo que se iba a abrir esta causa, hubo un mayor seguimiento del tema y de las personas que estábamos vinculadas. Tenían un informe de del entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, por una visita que hizo a la provincia con familiares de las víctimas. Nuestra presentación como querellantes fue en 2006, y también había un seguimiento sobre eso.

- De los documentos secuestrados, ¿se desprende la presencia de agentes infiltrados en la comunidad?

- No es lo que más abunda. Pero hay informes que da cuenta que había presencia militar subrepticia en espacios de militancia social, comunitaria y política. Por ejemplo, la proyección de la película “Trelew” de Mariana Arruti era informada. Esos partes describían donde se presentaba, cuánta gente asistía, el perfil de público -si eran estudiantes, gente más grande o sectores de izquierda- y si había o no debate posterior. Lo mismo con respecto a los actos por el golpe cada 24 de marzo.

- En 2012, trece marinos fueron condenados por estos hechos, ¿la comunidad participó en el juicio?

- Se hizo en el teatro Centro Cultural de Rawson, y el público participó de la apertura, en las audiencias y especialmente en la sentencia, y de charlas y actividades de difusión. Y todavía lo hace, porque aún no se ha terminado de establecer qué va a pasar con toda esa documentación. Como querellantes creemos que el Estado tiene una deuda al respecto, hay que hacer una devolución individual u organizada que por lo menos muestre qué es lo que buscan. Por eso pedimos que sea remitida a la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora hay que esperar para ver qué dispone el juez.

-Usted fue pedido como testigo por las defensas. ¿Sobre qué lo consultaron?

-Las preguntas estaban orientadas a saber si conocía al cabo Alegre antes de la denuncia, algo que no es cierto. Intentan sostener que esto fue intento de infiltración dentro de la Armada, y nada más lejos. A Alegre lo conocí por esta investigación. Y justamente, sus dichos fueron corroborados por otro cabo, de apellido Sánchez. La información que Alegre veía salir de la base Almirante Zar, Sánchez la recibía en el comando superior de Bahía Blanca. Esto descarta la hipótesis de que es algo circunscripto a Trelew. Esto es parte de un sistema general, institucionalizado, que atravesó a toda la fuerza.
 

MB/JMM