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“Estamos en una región altamente violenta, y nuestra situación es relativamente privilegiada”, dijo en una de las definiciones más contundentes el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, al presentar un nuevo informe sobre homicidios dolosos registrados durante 2013 en la ciudad de Buenos Aires y en cuatro provincias argentinas. La investigación, desarrollada por el Instituto de Investigaciones del máximo tribunal y presentada este mediodía en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia, arroja estadísticas que, bajo una lectura cuidadosa, relativizan en muchos los títulos sensacionales que suelen conmover desde la tapa de los diarios y los zócalos de noticieros televisivos.

El informe que presentó el magistrado revela la cantidad de homicidios dolosos que sucedieron a lo largo de 2013 en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Corrientes, La Rioja, Misiones, San Luis y Tucumán. Los datos revelan un índice relativamente alto en Tucumán, pero un promedio general muy bajo en comparación con la región. El índice a lo largo de los últimos años ronda los 6 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras en el mundo hay 23 países con tasas por encima de los 20 casos. De esos 23 países, 18 están en América Latina y 5 en África.

El documento arroja datos sobre un universo de 7.200.000 personas, sobre el que hay una tasa de 5.82 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes. La tasa es de las más bajas de la región, junto a Chile y Uruguay. En la ciudad de Buenos Aires es de 6.08 víctimas, en San Luis de 4.62 y en Misiones de 5.35. De las cinco provincias relevadas, La Rioja tiene el índice más bajo, con 3.29 homicidios por cada 100 mil habitantes -y sólo 11 casos registrados durante 2013 en toda la provincia-, mientras en Corrientes la tasa es de 4.13. Tucumán tiene los números más graves, con una tasa de 7.73 por cada 100 mil habitantes -y 112 homicidos durante el año pasado-.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que precedió a Zaffaroni en la presentación, afirmó que la realización del informe “está enmarcado en una política de Estado implementada desde la Corte” y afirmó que “es importante que cuando hablamos nos apoyemos en hechos, y esos hechos surgen de las investigaciones”. Dijo que “es una fotografía que se va transformando en una película porque muestra cómo evoluciona lo que sucede en esta materia”.

Destacó que los datos sobre los cuales se construyen estas estadísticas “han sido documentados en causas judiciales, con información precisa y corroborada”, y celebró que el equipo de investigación fue creciendo desde 2010, cuando realizó su primer informe. El instituto que se encarga de recopilar los datos depende de la Dirección de Biblioteca e Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y está integrado por una docena de especialistas, entre los que se destacan Rodrigo Codino, Mariana Caraballi, Gabriela Gusis, Matías Bailone y Renato Vannelli Viel.

Víctimas de primera y de segunda

En la ciudad autónoma de Buenos Aires se cometieron 176 homicidios durante el año pasado. Eso arroja una tasa de 6,08 casos cada 100.000 habitantes, un número considerablemente bajo si se lo compara con el de los países de la región. Sin embargo, la disparidad entre el norte y el sur de la ciudad es muy grande. El 74,4 % del total de los homicidios se concentra en la medialuna sur de la ciudad, y más de la tercera parte del total son homicidios ocurridos en villas miserias.

La concentración se da en la comuna 1 (Constitución, Puerto Madero, Monserrat, San Nicolás, Retiro, San Telmo), la comuna 4 (Barracas, Nueva Pompeya, Parque Patricios; la Boca), la comuna 7 (Flores, Parque Chacabuco), la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo) y la comuna 9 (Mataderos, Liniers, Parque Avellaneda). En esos barrios, ocurrieron 131 de los 176 asesinatos. La cifra refleja una idea que casi nunca tiene eco en los medios: la mayoría de las víctimas de los crímenes viven en barrios pobres o barrios de emergencia.

El eminente penalista destacó que en la ciudad “no se observan picos en la dinámica general” y que aunque existen pequeñas alteraciones en las tasas registradas durante los últimos años, “no son muy significativas” y tienen que ver con la variaciones en la coyuntura y con que el universo de casos con los que se trata “no es demasiado grande”. Concluyó que “estamos en una meseta” en la que el índice de este año arrojó una tasa de 6.08 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, después de haber oscilado por los 5.81 en 2010, los 6.57 en 2011 y los 5.46 durante 2012.

“No varía mucho sobre lo del año pasado”, dijo Zaffaroni. Se centró en la concentración de estos crímenes “en la medialuna sur de la ciudad y fundmentalmente enlas villas”, donde se registra un índice de 13.18 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, mientras que en el resto de la ciudad el índice es uno de los más bajos del mundo, y ronda los 2.37 casos en la misma representación demográfica. “En el resto de la ciudad de Buenos Aires estamos acercándonos a lo que sería deseable que es alcanzar los índices de Europa y Canadá que son los más bajos”.

“El foco más alto de muertes está en las villas”, afirmó. Aclaró que esa concentración “es preocupante, porque la gente se mata ahí y hay un 42 por ciento de casos no esclarecidos”. Explicó que aunque no haya una intencionalidad en no investigar esos casos, “el efecto funcional que se produce es que hay víctimas de primera categoría y de segunda categoría”. “El 74% de los casos ocurrieron en la medialuna sur de la ciudad”, reveló el juez, alarmado.

En la Villa 31 se observó un descenso muy pronunciado de la violencia en los últimos años, porque antes superaba los 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, y el año pasado descendió hasta 4 casos. “Se ve que ha habido una labor de urbanización importante”, dedujo. Y sostuvo que esa política debe reproducirse en las demás villas de la ciudad, especialmente en las de Barracas, donde está el índice más alto de homicidios en el distrito. De 22 casos registrados en 2013, 20 ocurrieron dentro de la villa de Zavaleta, según el informe.

Un genocidio por goteo

Zaffaroni comparó el índice que obtuvo el Instituto de Investigación con el de otros países de América Latina y afirmó que “somos privilegiados en la región”. Según el último informe oficial de la ONU, en Honduras la cifra llega a 90 casos por cada 100 mil habitantes, y en Venezuela a 58. Les siguen El Salvador con 41, Colombia con 31, Trinidad y Tobago con 28, Puerto Rico con 26, Brasil con 25, República Dominicana con 22. Mención especial para México, que tiene un índice de 21,5 homicidios pero donde el magistrado resaltó “según cifras oficiales”.

Preocupado por el índice de las zonas más marginadas de la ciudad de Buenos Aires -donde llega a superar los 13 casos por cada 100 mil habitantes-, Zaffaroni planteó que “hay que bajar la incidencia del alcohol y tratar de controlar la enorme e inútil profusión de armas de fuego que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país”. Las armas de fuego tienen una incidencia muy elevada en todos los muestreos realizados por el Instituto de Investigaciones.

“Tener un arma de fuego en la mano convierte a cualquier conflicto en un conflicto letal”, afirmó. Y volvió a destacar que la tendencia es que la mayor parte de los homicidios se produce por conflictos intrafamiliares y peleas entre conocidos. “Algo que puede terminar en un golpe o en una mera situación desagradable, cuando hay armas puede terminar en un homicidio”, cerró.

Y aclaró que “no somos un pedazo de Europa en América, como se nos hizo creer. Somos un pedazo de América Latina”. Dijo que aunque tengamos tasas privilegiadas en ese contexto, al igual que Uruguay y Chile, “somos parte de un continente que tiene una violencia absolutamente increíble, con cifras espantosas”. Reveló que entre 2002 y 2012, Brasil perdió más de 2 millones de habitantes en muertes evitables -homicidios, suicidios y siniestros de tránsito-, en lo que supone “cifras propias de un genocidio por goteo. No se produce de un dia para el otro sino que se va produciendo a lo largo de los años, y se va sumando”.

Mitos que se caen y causas de la violencia

“No hemos encontrado homicidios bajo efecto de tóxico, sí sobre efectos de alcohol”, reveló Zaffaroni. Aclaró que cuando en el informe se hace referencia a casos vinculados con la droga, se trata de homicidios cometidos en medio de conflictos derivados del comercio o el tráfico de drogas, “pero no porque se produzca bajo efecto de intoxicación”. Destacó que “el tóxico que tiene una altísima incidencia en la ciudad pero mucho más en algunas de las provincias que hemos registrado sigue siendo el alcohol, tanto en víctima como en victimario”.

Afirmó que “hay hechos” de violencia e inseguridad, pero dijo que “si un hecho me lo muestran diez veces, aparece como diez hechos”. Comparó la situación con las de otros países de Latinoamérica y dijo que “en los países donde hay una altísima violencia, como es Honduras, hay 90 casos por cada 100 mil habitantes, son cifras casi bélicas”. Según el nuevo relevamiento, “acá estamos hablando de 6 y algo por cien mil”.

Explicó que en esos países “los medios normalizan” esa tasa, mientras que “en los países que tenemos menos, como acá y en Uruguay, lo que se ve es una maximización”. Y resumió: “La poca que hay acá se multiplica, y en los otros países la mucha que hay se vuelve insignificante en la comunicación”. Al analizar la realidad de México, Honduras y Brasil, dijo que “de alguna manera esa violencia es una forma de control social”, porque “se matan entre los excluidos sociales”.

Para explicar las razones de esas elevadas tasas de homicidios dolosos, estableció un parámetro común: “Cuidado que en chiquito, nos está pasando lo mismo”, advirtió. Aunque “no tenemos la extensión de la exclusión que tienen otros países”, el índice en la medialuna sur de la ciudad indica que “esa violencia es una forma de control social, en la medida en que los segmentos más desfavorecidos se maten entre ellos, no toman conciencia de protagonismo, no toman conciencia de situación, y no pueden coalidarse para ejercer alguna influencia política”.

El estudio discrimina según el móvil del crimen y su contexto y arroja conclusiones importantes: el 44% (78 casos) está relacionado discusiones, riñas y/o venganzas; mientras que un 18% (37 casos) se corresponden a las causas que comúnmente se etiquetan como inseguridad. Se trata de un 14% por homicidios en ocasión de robo y un 4% en legítima defensa, es decir, casos en los que civiles o miembros de fuerzas de seguridad mataron porque su vida o la de un tercero estaba en peligro. Ese indicador y la referencia geográfica de dónde suceden pone en relieve la conflictividad en los territorios y la violencia vinculada a la exclusión social. Estos números, en proyección, tienden a crecer, ya que hay un 22 por ciento (38 casos) de los que se desconoce el móvil.

Los mitos sobre la identidad de los potenciales homicidas caen ante los indicadores sobre victimarios menores de edad o victimarios extranjeros. Por los 176 homicidios dolosos, la justicia imputó a 269 personas. Sólo 26 son extranjeros y sólo 10 son menores de edad: 6 de ellos tienen entre 18 y 16 años -punibles- y sólo 4 son más chicos -no punibles-.