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La comisión que redactó el anteproyecto de reforma del Código Penal inauguró el período de 90 días de debate académico y social sobre el texto elaborado a lo largo de casi dos años. El acto se realizó en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Contó con la presencia de Raúl Eugenio Zaffaroni, León Arslanian, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelata. También participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

Alak abrió el encuentro y celebró la labor de la comisión, “cuya elaboración ha sintetizado lo mejor del pensamiento penal argentino de nuestra historia y de nuestro devenir como Nación independiente”. Planteó que el nuevo texto permitirá incorporar los preceptos de los tratados internacionales y los surgidos de la reforma a la Constitución Nacional de 1994.

El ministro agradeció al ministro de la Corte, Zaffaroni, “por el aporte que ha hecho al Derecho Penal argentino”, y por su participación en el proyecto. El penalista ha sido reconocido con más de veinte honoris causa de distintas universidades del país y de Latinoamérica.

“El trabajo realizado y la voluntad de elaborar esta obra son un activo muy importante para nuestro país”, señaló Alak. Y agregó que se trata de “un esfuerzo para transformar las buenas ideas en realidad”. Expresó que esta acción servirá para “someter (el anteproyecto) a consideración de los sectores que conocen estos temas”. Destacó el nivel de las universidades públicas y privadas de nuestro país, que serán los foros en que se discuta el nuevo texto penal.

Durante tres meses, universidades nacionales públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de magistrados y de abogados fueron convocadas a estudiar el anteproyecto para proponer modificaciones. La comisión recibirá las sugerencias y realizará los cambios o argumentaciones que considere necesarios a partir de las propuestas. Muchas de las universidades estuvieron presentes a través de sus rectores y decanos. También asistieron magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal, de cámaras de apelaciones nacionales y provinciales, y de los máximos tribunales provinciales.

El ministro de Justicia definió el trabajo de la comisión como “un aporte patriótico de nuestros representantes” y explicó que “son juristas que provienen de distintos sectores políticos”.

El modelo de desarrollo multipartidario de un Código Penal fue aplicado también para la elaboración del Código que está vigente en la actualidad -a pesar de las más de 900 modificaciones que sufrió mediante leyes circunstanciales-, sancionado en 1921. El último antecedente similar es el del proyecto Soler, que hace cincuenta años se truncó por la interrupción del orden democrático.

“El pensamiento mágico logró convertir la ley penal en un talismán”

Gil Lavedra destacó que el anteproyecto se realizó mediante una comisión plural y representativa de las distintas fuerzas políticas. “Lo digo desde una posición que ha sido sumamente crítica a distintas iniciativas del Gobierno en otros sentidos”, aclaró. Afirmó que “es inusual en nuestra Argentina democrática” y que, por eso “es un camino positivo que debe reiterarse”.

El radical sostuvo que “el texto refleja mucho más que los puntos de vista de cinco personas”, porque retoma normas internacionales, las más de 300 leyes de contenido penal que han sido sancionadas sin tener en cuenta la codificación. “Todo código significa un límite al ejercicio punitivo del Estado”, planteó. Y aclaró: “Ese ejercicio no es irracional ni arbitrario”. Ponderó el debate en el marco de una “democracia deliberativa”, donde la discusión debe darse con argumentos y en forma diversa, pero sin caer en los prejuicios: “En esta materia nada es más peligroso que actuar en base al oportunismo”.

Pinedo planteó que “la Argentina padece un severo problema de inseguridad”, y ponderó la necesidad de un nuevo Código Penal para cambiarlo. También pidió responsabilidad a jueces y fiscales para trabajar en ese sentido, y destacó que es necesario modificar el sistema penitenciario, otro debate inaugurado por el Ministerio de Justicia de la Nación. “Es el principio de un debate que tiene que ser serio, respetuoso y constructivo”, consideró. Y respondió a las críticas al anteproyecto: “No se puede avanzar sin un espíritu de respeto, pensando en la conveniencia personal. No podemos dejar al Estado de derecho democrático en manos de quienes no creen en él”.

“Ninguna de las 900 reformas padecidas por el Código Penal sirvieron para que las tasas de criminalidad bajaran”, apuntó Arslanian. Y criticó que, aun así, “esa idea jamás cedió como el único recurso para recuperar la tranquilidad perdida”. Sostuvo que es necesario apoyarse en estudios criminológicos y de campo para analizar cuáles son las verdaderas causas del delito y así atacarlas de raíz. “Así se logró un derecho penal puramente simbólico, cuya visión no es contener la violencia sino satisfacer las necesidades emocionales. El pensamiento mágico logró el objetivo de convertir la ley penal en un verdadero talismán”, afirmó. Y concluyó: "La ley penal no es un instrumento de venganza. Si fuera así, regresaríamos a la Edad Media".

Barbagelata expresó que “el debate es indispensable” y que “esto da inicio a una discusión muy saludable”. Denunció que el camino del debate mediático “nos va a llevar a más autoritarismo y punición, algo recurrente en algunos sectores que recurren a estos atajos del facilismo”. Por el contrario, afirmó que el trabajo de la comisión fue “a contramano” de los desarrollados en forma tendenciosa en medios de comunicación.

“Nosotros trabajamos buscando consensos. Hemos dejado de lado muchas posturas personales para aportar propuestas como resultado del trabajo en común”, afirmó la abogada que fue convencional constituyente para la redacción de la carta magna porteña. Ponderó que las disidencias fueron publicadas junto al anteproyecto final, y serán sometidas a la discusión pública y académica con el resto del texto. Pidió compromiso republicano para quienes “prefieren que sigan las contradicciones antes que sentarse a discutir realmente”.  

“El Código Penal debe ser obra de todo el pueblo"

Zaffaroni afirmó que “iniciamos una nueva etapa en un camino muy largo”. Y puso de ejemplo el primer Código Penal argentino, sancionado en 1886 tras diez años de vaivenes científicos, políticos y sociales. “Tampoco creamos que este va a ser muy rápido”, bromeó. Definió al código como “un catálogo de infracciones y sus precios”, y lo consideró “un apéndice de la Constitución Nacional”. Celebró que el anteproyecto se someta al debate académico, de abogados y magistrados, y aseguró que las observaciones que se realicen serán analizadas por la comisión para elaborar un nuevo dictamen. “Pero la última palabra la tendrán los legisladores”, aclaró.

“El Código Penal debe ser obra de todos, obra del pueblo, porque es un producto cultural”, afirmó. Según el penalista, la función de la comisión ha sido la de recoger los valores socialmente consagrados para darles forma técnica, porque “hasta la más humilde de las profesiones tiene un aspecto técnico” -parafraseó al jurista Von Ihering-. “A nadie se le ocurra remendar un zapato sin conocer esa técnica, porque se le van a llagar los pies y no va a poder caminar”, bromeó.

Finalmente, Zaffaroni, que cerró encuentro, agradeció personalmente a los otros cuatro miembros de la comisión. “Me han enseñado mucho”, afirmó. Sostuvo que “en ellos estuvieron reflejadas las tradiciones políticas del derecho”. Mirándolos desde su lugar en el panel, dijo: “Les agradezco que me hayan reforzado la confianza en la política, la que conoce los límites éticos”. Y concluyó que “la política bien concebida puede lograr consensos y construir todo lo que nos falta para esta patria”.