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Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 absolvieron hoy a la travesti Yhajaira Falcón, la primera militante trans que utilizó el nombre de pila que responde a su identidad en un debate oral. Acusada por el supuesto robo a un taxista, soportó cuatro meses de detención en el penal de Ezeiza. Ahora, los jueces Luis Mario García, Fernando Ramírez y la jueza subrogante Ana Dieta, ordenaron que se investigue a los policías de la Federal que la detuvieron en el barrio porteño de Constitución.

Durante dos audiencias, Yhajaira, se sentó en el banquillo de los acusados. Pero hoy, poco antes de las cinco de la tarde, se conoció el resultado. El fiscal de juicio, Julio Castro, desistió de la acusación. Consideró que gran parte de los testimonios escuchados desde que empezó el juicio, el viernes, carecían de “lógica”. Y agregó que la instrucción policial “más bien se labró para ocultar una detención ilegal”.

Las pruebas fueron: la instrucción policial y una pequeña caja con vidrios rotos y un pedazo de baldosa que, según la policía, los tenía Yhajaira. Le endilgaron haberle sacado 150 pesos del bolsillo de la camisa al taxista José Anastasio. Para eso –aseguró la policía- lo habría amenazado con una tijera después de que la llevara por unas 15 cuadras.

Ella afirmó que esa noche, el 17 de abril pasado, corrió y pidió ayuda. Un grupo de taxistas la había atacado. Tenía miedo. “¡Matenlá! ¡Matenlá!”, contó que le gritaba uno de ellos, mientras le arrojaban piedrazos. Como pudo, toco puertas, y cuando se entreabrió la de un hotel en la calle Humberto Primo al 2000, empujó al encargado y se metió. “No me quería dejar entrar por puto. Me lo dijo con todas las letras”, dijo. A los gritos y llorando, versión que confirmó el encargado, su mujer y varios de los inquilinos del hotel que pasaron ante al tribunal, pidió auxilio y que llamaran a la policía.

“Ladrona que pide que llamen a la policía, resulta por lo menos llamativo”, dijo el fiscal. “Mi asistida desde un primer momento dijo la verdad”, agregó la titular de la Defensoría Pública Oficial N° 11, Cecilia Mage, cuando le tocó el turno de alegar.

En esta causa, Yhajaira dio muchas batallas: la primera que la llamaran por su nombre y la trataran como travesti. La primera defensora oficial que la asistió, Silvia Mussi Odriozola, le negó ese derecho y, finalmente, fue desplazada del caso. El hecho valió la intervención de la defensora general Stella Maris Martínez que, en mayo de este año, instruyó a los defensores a su cargo a respetar los postulados de la Ley de Identidad de Género.

“En particular, que las llamen y se refieran a ellas por el nombre de pila con el cual se reconocen y con la identidad de género auto-percibida, más allá de su correspondencia o no con su documentación personal”, señaló Martínez. Y en el penal de Ezeiza no tardó en organizarse con otras travestis y trans y presentó un hábeas corpus por las condiciones que agravan la detención de todas.

Acompañadas por el Colectivo para la Diversidad (COPADI) consiguieron que el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora advirtiera que “las condiciones de detención de las travestis y trans incumple la ley de identidad de género”. A partir de la presentación, un juez estableció que se modifiquen registros, tratos y prácticas a fin de garantizar el ejercicio de derechos de las presas travestis y trans: su identidad, salud, y la comunicación con organismos de defensa y promoción de derechos humanos.

Yhajaira ya en libertad, con amigos y parte de las organizaciones sociales que batallaron por su caso.

De víctima a acusada

Cuando comenzó el debate oral, el viernes, el taxista no se presentó. “Hoy lo mandaron a buscar con la fuerza pública”, explicó a Infojus Noticias el fiscal Castro. Su presencia fue breve. Cuando le preguntaron su edad, titubeó. Dijo que el viernes pasado no estuvo porque hace poco tuvo un problema cardíaco. Luego aclaró que había pasado mucho tiempo y que recordaba poco del hecho. Después, fue confuso: intentó explicar cómo hizo Yhajaira, con sus casi dos metros de alto, para subir fácilmente al asiento del acompañante, pero no fue convincente.

Tampoco explicó por qué la dejó subir si vio que la hacía señas desde atrás de un árbol. “Si hubiera habido luz no le paro”, “hay gente que tiene portación de cara, como éste” o “no me gusta este tipo de gente”, dijo en el tribunal. Después, se enredó cuando intentó explicar cómo, tras circular por lo menos unas 15 cuadras sin hablar, la vio sacar una tijera “como de jardinero” para manotearle 150 pesos del bolsillo de la camisa, sin reclamarle la recaudación o decirle que se trataba de un asalto.

Llegado el momento de hablar de la persecución que él y un grupo de taxistas emprendieron contra Yhajaira, dijo que se sentía mal. “¡Me baja la presión”, esbozó y colgó sus brazos al costado del cuerpo. Tras un cuarto intermedio, los médicos del SAME se lo llevaron en una silla de ruedas.

El debate se retomó y le tocó el turno al cabo Juan Benítez, de la comisaría 18, que fue quien firmó el acta y estuvo en la primera audiencia. “Cuando se le preguntó por algo que pasó dentro del hotel, dijo que estaba afuera. Cuando se le preguntó por algo que sucedió afuera, dijo que estaba adentro”, lamentó el fiscal.

Cuando los jueces dictaron sentencia se despejó la sala. Y, por unos minutos, Yhajaira quedó con los guardias del Servicio Penitenciario Federal, que esta vez iban a volver al penal sin ella. Afuera, la esperaban sus amigos, más de 30 personas, entre militantes afrodescendientes y de las organizaciones Las Paquitos, Putos Peronistas, Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y COPADI, periodistas y representantes del Ministerio Público Fiscal. También estuvieron presentes funcionarios de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, del ministerio de Seguridad y el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Ahora, que se preparen ellos”, dijo Yhajaira, en referencia a los policías.

El de Yhajaira no es un caso aislado. A partir de los registros del Ministerio Público Fiscal porteño, la COPADI denunció el uso recurrente del artículo 81 Código Contravencional para criminalizar a las travestis por oferta y demanda ostensible de sexo en espacios públicos no autorizados. Las estadísticas oficiales de 2011 indican que Constitución y Flores acumulan más del 90% de las instrucciones iniciadas, casi la totalidad de ellas por intervención de las fuerzas de seguridad.

Las contravenciones “levantadas contra las travestis y trans, y los arrestos arbitrarios y con policías como únicos testigos, son reiteradas y abultan las estadísticas de las comisarías 16 y 18 de Constitución”, advirtió la abogada Luciana Sánchez, integrante de COPADI. Ella fue la primera persona a la que Yhajaira abrazó cuando piso la calle. Libre.