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El caso de Walter David Bulacio marcó una época y una generación. Su muerte desnudó la brutalidad policial y la impunidad judicial. Veintidós años pasaron desde que el joven de 17 años murió asesinado. Había ido a ver el recital de Los Redonditos de Ricota y lo detuvo personal policial de la comisaría 35. Lo golpearon y Walter sufrió un aneurisma. Lo trasladaron a un hospital público y murió una semana después. Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le exigió al Estado argentino castigo a los responsables. Ahora el Tribunal Oral en lo Criminal 29 de Capital Federal solo juzga la privación ilegítima de la libertad, porque la causa por asesinato prescribió en 2002. Hay un único imputado: Miguel Ángel Espósito. En abril de 1991 era comisario de la seccional donde Walter estuvo detenido y en 2008 fue exonerado.

Después de cinco audiencias testimoniales, el juicio entró en la etapa final. El tribunal integrado por los jueces Rodolfo Gustavo Goerner, María Cristina Deluca Giacobini y Alejandro Litvack tiene previsto escuchar el viernes próximo el alegato de la parte querellante. Será el turno de la abogada María del Carmen Verdú, que representa a Graciela Rosa Scavone, madre de Walter.

Scavone fue a la primera audiencia y no volvió a ir. Espósito, el único imputado, también estuvo sólo esa jornada inicial. Declaró por teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura. No quiso ir a la sala de audiencia porque, se excusó, estaba “deprimido”.

Y los días 15 y 23 de octubre se prevé que exponga la fiscalía, a cargo de Horacio Fornaciari, y la defensa, de la mano de Pablo Argibay Molina. Aún no se definió la fecha de audiencia de lectura del veredicto.

El primer día del juicioel defensor de Espósito quiso empezar a preguntar sobre cuestiones médicas vinculadas a su tesis de que Walter murió “naturalmente”, lo que fue bloqueado con firmeza por Verdú: “Si cambió el objeto procesal de este juicio y vamos a discutir la muerte de Walter, pido que empecemos de nuevo, para que nosotros podamos acusar por tortura seguida de muerte”. El fiscal Horacio Fornaciari apoyó el planteo, y el tribunal resolvió que, si sólo se va a juzgar la privación ilegal de la libertad, la pregunta era impertinente.

En las audiencias siguientes declararon ex policías y ex secretarios de juzgados de menores. El eje de sus testimonios giraron en averiguar qué era el “memorando 40”: para qué servía, qué importancia tenía y quién podía utilizarlo. Verdú logró que el ex jefe de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, Silvio Latanzio, dijera que el memorando era una normativa policial, impulsada por jueces en la década del 60, y que tenía rango inferior a la ley. Pero sobre todo, dijo que cuando había menores de edad detenidos en comisaría por contravenciones, había que avisar inmediatamente al juzgado de menores. Así lo ratificaron otros testigos.

La ex jueza María Cristina Camiña dijo que con el caso Bulacio descubrió este memo, que ella no lo conocía y que en 1992 lo declaró inconstitucional. Verdú se negó a hacerles preguntas a testigos que ella considera que deberían ser imputados como el caso de los ex policías de la comisaría 35: Ricardo Liceri, Alberto Muiños y Juan Antonio Tossi.

El objetivo de la defensa es probar que no existió la detención ilegal y demostrar la validez del memorando 40. Argibay Molina no preguntó demasiado a los testigos Propuso pocos, la mayoría de ellos fue convocada por la fiscalía. Citado por Arbigay Molina, el exjuez Carlos Elberg fue cuestionado por contradicciones entre documentos y cuestionó su función como juez. Elberg contestó irritado: “Pensé que me había citado para aportar sobre la causa. Siento que usted está actuando de fiscal”, le dijo al abogado de Espósito.

El primer día de audiencia, Argibay Molina, que fue abogado del empresario Alfredo Yabrán, le dijo provocador ala madre de Walter que ella “tendría que estar en el banquillo por haber descuidado a su hijo”.