Infojus Noticias

Las pistas de los últimos diez años de trabajo están dispersas en las cuatro paredes del lugar. Justo enfrente de la puerta de entrada, al fondo de su despacho amplísimo, lo primero que resalta es un afiche enmarcado que reclama la aparición con vida de Jorge Julio López. Su destino de sombras, la forma en la que su nombre volvió a la boca de todos el día de la sentencia del juicio a La Cacha, fue la forma que eligió el juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, para comenzar la conversación con Infojus Noticias:

-Yo vi que (Miguel Osvaldo) Etchecolatz se quiso parar al principio de la audiencia, pero lo frené porque el veredicto no es un momento de diálogo de los imputados con el Tribunal. Yo estaba concentrado en la lectura del fallo, y no vi el papelito. Me enteré el fin de semana cuando vi las fotos- dice el juez.

Se refiere a la secuencia fotográfica que dos reporteros gráficos de Infojus Noticias –Leo Vaca y Sebastián Losada- captaron el viernes pasado, haciendo zoom sobre las manos del represor durante la sentencia de los crímenes por La Cacha. Es un trozo de papel que sostuvo contra la rodilla durante la lectura, donde se lee el nombre del albañil desaparecido dos veces y –del reverso- la palabra “secuestrar”.

-Cuando llegué al tribunal, el lunes a primera hora, lo primero que hice fue pedir la copia de la filmación, certificarla y enviarla a la fiscalía.

Según el juez, es la Unidad Fiscal por delitos de lesa humanidad en La Plata que integran Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira la que debe definir la forma en la que se va a investigar. Los fiscales imputaron al represor ante el juez Adolfo Gabino Ziulú. “Tuvo como fin poner en estado de alerta, temor y confusión al  colectivo de víctimas y testigos, pues sabía que el papel que exhibió podía ser registrado por los fotógrafos presentes”, dice el escrito. Y sostiene que Etchecolatz incurrió en los delitos de intimidación pública y perturbación al ejercicio de las funciones  públicas.

La primera y la última

Rozanski, nacido en Bariloche, preside el Tribunal Oral que condenó a Etchecolatz por primera y última vez. La primera condena fue en 2004 y ya casi nadie la recuerda: fue junto al médico de policía Jorge Bergés por la apropiación de Carmen Gallo Sanz, hija de Aída Fernández y Eduardo Gallo Castro. La última con los subrogantes Pablo Vega y Pablo Jantus, a una nueva perpetua junto a catorce represores. Hubo sentencias más leves -12 y 13 años para los tres agentes civiles de inteligencia- y una absolución. En una hora de entrevista, el magistrado exploró algunos aspectos del fallo, la dimensión política y cultural de los juicios, el costo emocional para los jueces, la necesidad de generar empatía con las víctimas y el proceso irreversible de juzgamiento ante un eventual cambio de signo político en el gobierno nacional.

-¿Cuál es la sensación del día después de un juicio tan intenso como el de La Cacha?

-Una sensación inevitable es de alivio, por haber llegado a una etapa casi final (porque el final es la lectura de los fundamentos) luego de casi un año de juicio. Y tiene que ver, en lo personal, con la tensión constante que tienen juicios que se hacen 37 años después, con personas muy mayores, no sólo las víctimas sino quienes son juzgados. Por otra parte, el 25 de noviembre empieza el juicio en Junín, asi que uno puede estar aliviado diez minutos, pero ya hay que pensar en los fundamentos de este y en el próximo juicio de un proceso que es histórico, sobre todo para la sociedad que es testigo: porque lo va recordando el que es mayor y se va educando el que es chiquito.

-Después de escuchar los relatos de tantos sobrevivientes, ¿qué diría que fue La Cacha?

-Falta aún la fundamentación de la sentencia, por eso no puedo profundizar en algunos aspectos. Pero lo puedo sintetizar en los términos del veredicto: fue un centro clandestino de detención. Eso ya es una verdad jurídica, aunque aún se pueda apelar. En el desarrollo de la fundamentación cada uno de los jueces va a poner los detalles que considere necesario.

-¿Cuál es la importancia política y cultural que tienen esta clase de juicios?

-Si yo tuviera que destacar dos efectos fundamentales son parte de la reparación de las víctimas, que como en cualquier delito es la que inmerecidamente ha sufrido un daño. Y en segundo lugar, forma parte de la elaboración de lo que sigue, que es construir el futuro en función del conocimiento cabal de lo que pasó, y no de su negación.

-¿Puede detenerse este proceso de juzgamiento ante un eventual cambio de signo político en el próximo gobierno?

-Absolutamente no. Habría otros cambios, pero no en este sentido. Argentina es un país que está haciendo los juicios en todos lados y todos los tribunales. Este es un proceso que no sólo es una decisión política, es una decisión colectiva, de la sociedad a través de sus representantes. No creo que ninguno de los que podría protagonizar ese cambio de signo político, se atrevería a dar un paso atrás en un avance social de la magnitud del que se logró en Argentina. Estoy convencido.

-¿Son una prioridad, en lo personal y en lo profesional, para usted?

-Todos estos juicios por delitos de lesa humanidad fueron un desafío extraordinario para el sistema. Al país como sociedad, al Estado, pero también al sistema judicial. Yo estaba en la facultad hace 40 años, y no se aprendía nada que tuviera que ver con esto. Cuando llega el momento, es cuando cada uno de los operadores judiciales tiene que demostrar si la preparación que tiene está acorde a las circunstancias. Y no me refiero a la preparación técnica-jurídica, que es la que a mí personalmente no me preocupa, porque los libros se compran y cuestan poca plata. Sino la preparación ética, moral, emocional, ideológica para tener un equilibrio indispensable: no digo que objetividad total porque ni las computadoras lo son. Esa es la garantía del debido proceso para los acusados y para las víctimas. Tampoco es sano que el juez no tenga costo emocional, porque si no nos transformaríamos en máquinas. No creo en eso. Quienes lo predican suelen alegar un profesionalismo extremo y objetividad total, que no es humanamente posible. El desafío es qué hacemos con ese costo.

-Las víctimas de este tipo de juicios son de su misma generación. ¿Siente una identificación o una empatía particular por ellos?

-La empatía significa la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Como dice un dicho aborigen, ponerse en los zapatos del otro. Yo soy un convencido de que es no sólo posible sino imprescindible tener empatía. No sólo con la víctima sino con el acusado. El equilibrio es no identificarse con el acusado y de repente en el nombre del garantismo olvidarse del rol de la víctima, ni tampoco identificarse con la víctima y olvidarse de la garantía que se le debe al acusado.

De pensiones y memorias

Suena Jarabe de Palo en los parlantes de una computadora. Arriba, cuelga una tapa enmarcada del diario Página/12  después de la sentencia del juicio el 20 de septiembre de 2006, contra Etchecolatz. “No es este tribunal el que me condena, sino que son ustedes los que se condenan”, dijo el genocida en las últimas palabras. Dos días antes, alguien volvió a secuestrar –esta vez para siempre- al albañil Jorge Julio López. El resto del mobiliario está desperdigado: una mesa ratona con sillones de cuero negro, otra grande y rectangular de reuniones, un aparador con una máquina de café, y tres grandes ventanas que dan a la calle 4, donde cinco días atrás unas setecientas personas celebraron la sentencia.

-Hubo algunos puntos novedosos en el veredicto, como la quita de las pensiones y jubilaciones a los condenados.

-Si se analiza el tema es completamente lógico. Al terminar un juicio y determinarse la participación en delitos gravísimos, de una persona que lo hizo desde el propio Estado con su cargo, la idea de que esa persona continúe gozando de un beneficio a nosotros nos resultó incompatible y por eso tomamos esa determinación.

-¿Qué peso puede tener la recomendación de convertir La Cacha y al Destacamento 101 de Inteligencia en sitios de memoria?

-Que una dependencia estatal donde sucedieron los hechos que nosotros tenemos por comprobado que sucedieron siga funcionando, es un hecho inaceptable para la democracia. Esos lugares no sólo tienen que ser desafectados, sino que sean destinados a lugares de memoria. Porque es el aporte que el Estado –esta vez desde el Ejecutivo- estaría haciendo para que se preserven. Eso sí es lo que va transmitiendo la memoria colectiva. Es lo que le transmiten a los chicos de un colegio cuando van a ver esos lugares y les transmiten lo que pasó. Esa es una forma de transmitir culturalmente vivencias muy fuertes de las que no tengo dudas, que en el lugar adecuado de los programas de estudio, van a tener un efecto para esos chicos para toda la vida, porque van a completar una visión de lo que es la democracia, lo que no tiene que suceder.

-¿Van a terminar algún día de juzgarse?

-El final lo va a marcar la naturaleza, y no algún funcionario del Estado. Yo hice una proyección, hace cinco años, que los juicios tardarían 100 años en terminarse. Bien, llegará un momento en que los responsables, las víctimas y nosotros no estaremos más. Ese día terminarán los juicios, antes no.