Infojus Noticias

La agrupación "Justicia Legítima" lanzó un comunicado sobre la necesidad de que se concrete la democratización del Poder Judicial y advirtió que la oposición a esa reforma "encontró diversos caminos para lograr el objetivo de mantener todo como estaba". Consultada por Infojus Noticias, María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la asociación, señaló que la estructura de la justicia nacional mantiene un status quo afianzado en “obstaculizar cualquier tipo de acceso democrático”.

"En estos días en que celebramos 30 años de democracia y un año desde que firmamos la solicitada ‘Por una justicia legítima’, más que nunca reafirmamos nuestra postura y reiteramos que mientras se pretende defender la mentada ‘independencia judicial’, los poderes reales siguen actuando al seno de las corporaciones en defensa de sus intereses", señaló “Justicia Legítima” en el comunicado.

La agrupación indicó que "la ansiada democratización del Poder Judicial, que pretendió iniciarse con las seis leyes sancionadas a principio de año, no parece destinada a concretarse" y denunció que "la oposición a la reforma encontró diversos caminos para lograr el objetivo de mantener todo como estaba".

Garrigós de Rébori criticó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Analizamos todas las leyes que sancionó el Poder Legislativo y demostramos que la Corte anuló toda posibilidad de democracia. Así como mostró voluntad en intervenir en el narcodelito, dejó de atender cuestiones importantes como la expropiación del IMPA, que es un tema gravísimo a nivel social. Siguen existiendo normas poco claras, que impiden el acceso libre y llano a la justicia. Los otros poderes, como el Legislativo, tienen reglas más claras”, dijo.

Entre esos caminos, "Justicia legítima" mencionó que "cuando los proyectos todavía estaban en el congreso, el presidente de la Corte, con el apoyo de algo más de veinte jueces -presidentes de cámaras nacionales y federales-, logró mantener el manejo del  presupuesto para la corte" y señaló que el máximo tribunal "declaró mediante una acordada que no aplicaría la ley que dispone la publicación de las declaraciones juradas de los jueces, por considerar que afecta la independencia judicial", con lo cual mantuvo la situación actual que "entorpece el trámite desalentando al más insistente".

Su presidenta enumeró, además, que "una acordada suspendió el procedimiento casatorio hasta que existan las cámaras pertinentes". Y respecto de la modificación del régimen de las medidas cautelares "se presentaron múltiples amparos para neutralizar la ley, los que se desarrollan con diversas suertes".

En cuanto al ingreso democrático, Garrigós de Rébori dijo que se "espera su reglamentación, que no se terminó de elaborar en el año, y sin la cual no se van a confeccionar a tiempo las listas de postulantes a la justicia".

En otro párrafo del comunicado, se hizo referencia a la ley de servicios de comunicación audiovisual y señaló que, a pesar de que consagró su constitucionalidad, el máximo tribunal "tomó otros rumbos al dedicarse a los temas que suelen utilizar los medios de prensa para fustigar al gobierno". En este marco, puso como ejemplo "una acordada en la que convocó a los jueces penales a presentar en 90 días proyectos para acelerar los juicios penales" y un comunicado en el que solicitó al Poder Ejecutivo "más recursos para los tribunales del norte del país con el fin de combatir la narcocriminalidad".

Garrigós de Rébori dijo que la justicia sigue favoreciendo “los procesos lentos” y de ese modo no cumple con el reclamo de los más vulnerables. “Sus derechos están trabados, porque cuanto más dure un juicio laboral por un despido, más se beneficia el patrón y menos el empleado. Los verdaderos dueños del poder judicial no usan el camino de la justicia. Por ejemplo, las  trasnacionales se manejan con arbitrajes privados”, enfatizó.

Por último, el comunicado mencionó la "inactividad" del Consejo de la Magistratura, al señalar que "no se avanzó en el diseño del perfil del juez, o el control de la gestión de los tribunales o un estudio de lo que se requiere para poder dar respuesta al nivel de conflictividad que crece con el aumento de población".

Para Garrigós de Rébori, “el Consejo sólo produjo un concurso este año cuando hay más de doscientas vacantes. Tampoco se ocupó de regularizar las condiciones laborales de los trabajadores judiciales. Tenemos una gran cantidad de trabajadores en negro y en situación provisoria. Hay que aceitar la gestión y la ejecución de las cuestiones cotidianas, porque si no se compran el papel y el tóner necesarios no podemos trabajar”.

"Esta reseña no parecería un listado de anacronismos si 30 años de democracia no nos hubieran animado a replantear las prácticas y costumbres que dificultan el acceso de la gente común a los poderes judiciales. Queremos democratizar la justicia para tener una democracia más justa", concluyó el documento de “Justicia Legítima”.