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Franco Vieira, hijo del futbolista de San Lorenzo Juan Ignacio "Pichi" Mercier, fue a bailar con su novia el sábado a la noche Privilege, en la Costanera Norte porteña. A la mañana siguiente despertó internado en el Sanatorio de la Trinidad. Tenía la cara desfigurada por los golpes de los patovicas del boliche. “Estaban saliendo del lugar, con la novia, cuando tuvo un altercado con alguien que no conocía. Esa persona lo increpó. El pibe le pegó, él se lo quiso sacar de encima”, contó Romina Vieira, madre del adolescente.

—No hace falta que me saquen ­—les dijo el joven camino a la puerta.

Según denunció Romina, los patovicas agarraron a Franco del cuello y le pegaron. “Un momento horrible tener que ver cómo cuatro patovicas golpean y dejan a tu novio con la cara desfigurada sin motivo alguno” contó en su cuenta de Twitter la novia del adolescente.

“En la Ciudad de Buenos Aires, hay un nivel más alto de casos de violencia porque no hay regulación”, explicó a Infojus Noticias Diana Prieto, del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA).

“Fue brutalmente golpeado y luego abandonado en la vía pública”, detallaron en un comunicado los padres de Franco, quienes aclararon que nadie del boliche se contactó con la familia. El joven fue atendido primero en el Hospital Zubizarreta y luego lo trasladaron al Sanatorio de la Trinidad, donde está internado. “Mi hijo no puede abrir un ojo porque le cortaron el párpado” contó Romina.

"A través del personal de seguridad del Club Atlético San Lorenzo, nos contactaron con la policía Metropolitana, quienes enviaron una brigada de investigaciones a los efectos de radicar la denuncia e iniciar las actuaciones judiciales. Personalmente, nos encargaremos de instar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de esta brutal golpiza", dice el comunicado.

Buenos Aires, sin ley

La Ley nacional de Espectáculos 26730, aprobada en 2008, regula la actividad del personal a cargo de “tareas de control de admisión y permanencia de público”. “Es importante que el objeto de control sea la comunicación y no la violencia. El controlador tiene que estar preparado psicológica y técnicamente para manejar la situaciones o desmanes que se produzcan sin hacer uso de la violencia”, explicó Diana Prieto, encargada de prensa del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA).

La norma a nivel nacional obliga a los patovicas a presentar certificados de antecedentes penales y reincidencia carcelaria y de aptitud psicológica. Además, prohíbe trabajar a personas condenas por delitos de lesa humanidad, personal de las fuerzas armadas o de seguridad, miembros del servicio penitenciario u organismos de inteligencia.

Pero la Ciudad de Buenos Aires no está adherida a la ley 26730. En diciembre de 2011 se sancionó la ley 1040, pero al poco tiempo fue derogada. “Hay un nivel más alto de casos de violencia porque no hay regulación”, detalló Prieto. “En las jurisdicciones que adhirieron a la ley notamos -a partir de estadísticas propias- que ha disminuido mucho la violencia”.

“En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay un centro de formación del sindicato coordinado con la Dirección General de Cultura y Educación. El curso es obligatorio. Tienen técnicas de neutralización de agresiones físicas, primeros auxilios, legislación. La capacitación es excelente”, contó Prieto.

La ley 26730, además, creó el Registro de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (RENCAP), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.