La última sentencia judicial es de 2007 e intima a los trabajadores a desalojar el inmueble. Ellos piden la expropiación del hotel y el freno al desalojo.
En la puerta del hoten BAUEN, ubicado en Callao 360, pleno microcentro porteño, habrá hoy un festival en repudio al desalojo del edificio, controlado por sus trabajadores desde hace más de once años, y pidiendo la expropiación definitiva del inmueble. La convocatoria es a las 16 bajo la consigna “El BAUEN es de todo”, y participarán bandas como La perra que los parió, La Beriso y Attaque 77, entre otras.
El conflicto enfrenta a los trabajadores del hotel con Mercoteles. Esta firma es dirigida por el cuñado de Marcelo Iurcovich, quien construyó el hotel con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) en 1978, en el marco del Ente Autárquico Mundial 78. Poco más se sabe sobre este crédito: el decreto 1261/77 permitía al ente el silencio sobre su gestión. Iurcovich no pagó ni la primera cuota de este crédito.
La década del ’80 fue dorada para el BAUEN: a la torre de Callao se agregó el BAUEN suite, sobre Corrientes, y las habitaciones siempre estaban ocupadas. En los ’90 albergó encuentros del peronismo provincial al punto de dar nombre al Grupo BAUEN que allí se reunía. En el hotel, Antonio Cafiero lanzó su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. También hubo actos para lograr la reelección de Carlos Menem en 1995.
El hotel era identificado como un bastión de la élite, enclavado en pleno microcentro porteño, corazón de la Buenos Aires turística y glamorosa de los ’90. Pero en esa década el esplendor se acabó: ganaron la pulseada las cadenas hoteleras internacionales, desembarcadas en el marco del neoliberalismo que abrió las puertas del país al mercado mundial. En 1997, la firma chilena Solari compró el hotel por 12 millones de dólares y, aunque comienza a gestionarlo, sólo paga un tercio de ese valor. Es entonces cuando Iurcovich, constructor del hotel, crea la firma Mercoteles dirigida por su propio hijo.
Mercoteles compró el hotel a Solari, que se declaró en quiebra en 2001 después de un largo proceso de vaciamiento. Es entonces cuando comienza la disputa legal por la propiedad del inmueble. Los proyectos de expropiación fueron varios: el último es de la diputada nacional Adriana Puiggrós, del Frente para la Victoria. Anteriormente hubo otros dos que fueron unificados, presentados por Victoria Donda y Carlos Heller, que van camino a perder estado parlamentario. Según Federico Tonarelli, trabajador del hotel y expresidente de la cooperativa Buenos Aires Una Empresa Nacional, la solución es política, ya que el conflicto judicial llegó a un callejón sin salida.
El BAUEN en la justicia
La última sentencia judicial es de 2007, lleva la firma de la jueza comercial Paula Hualde y determinó que el hotel pertenece a Mercoteles, intimando a los trabajadores a desalojarlo en 30 días. En ese momento hubo un festival como el de hoy, al que asistieron unas 4.000 personas, impidiendo cualquier intento de desalojo. Los 130 trabajadores del hotel hacen funcionar actualmente unas 170 de las 220 habitaciones de la torre, además del auditorio, los seis salones y el bar. La pileta y el solárium todavía esperan su reapertura, retrasada por cuestiones logísticas.
Aquella sentencia de Hualde fue apelada por los trabajadores, pero en 2009 la Cámara de Comercio confirmó la titularidad de Mercoteles. Presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema, que lo rechazó por ser cosa ya juzgada. Como último recurso, denunciaron penalmente a Iurcovich y solicitaron a Hualde que se declarara incompetente, cosa que no hizo, aunque sí suspendió el desalojo. Los últimos días antes de la feria de 2013, la causa penal prescribió, retrotrayendo la situación a la sentencia de 2007. El 21 de marzo de este año fue publicado un edicto en los diarios de mayor tirada, dando 30 días para el desalojo, el cual busca evitarse con el festival de hoy.
Los trabajadores plantean que el hotel pertenece, en rigor, al estado nacional, que fue quien financió la construcción del hotel cuyas cuotas Iurcovich nunca pagó. De esta manera, el estado está en condiciones de expropiar el edificio y sentarse a negociar con los trabajadores una solución, sea en forma de alquiler, comodato, o un préstamo a varios años para poder comprarlo.