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​​Este viernes terminará la inscripción para el segundo concurso público de la Procuración General de la Nación mediante el flamante mecanismo de ingreso democrático e igualitario. Es para cubrir las vacantes de técnicos jurídicos en el Ministerio Público Fiscal. El nuevo sistema fue creado para adecuar la contratación de personal a la normativa actual, modificada por una de las leyes de democratización de la justicia sancionadas el año pasado.

La inscripción comenzó el 19 de mayo, y es la segunda que se realiza con esta modalidad. Los postulantes tienen tiempo hasta el viernes para registrarse, cargar sus antecedentes académicos y laborales, y postularse en el concurso a través de un nuevo apartado del sitio web de la Procuración General. La inscripción anterior fue realizada entre el 12 y el 23 de mayo, y se abrió para recibir postulaciones para el servicio auxiliar (maestranza y oficios técnicos). La próxima inscripción será desde el 2 al 13 de junio, para cubrir vacantes de técnicos administrativos.

Las vacantes para técnicos jurídicos que se buscan cubrir con el concurso vigente son de las fiscalías federales de la ciudad de Buenos Aires, San Martín, San Isidro, Morón, Campana, Mercedes, Tres de Febrero, Moreno y La Matanza. Se requiere ser argentino o residente permanente en el país, y tener título de abogado. Los postulantes serán evaluados mediante una prueba escrita –que incluye la resolución de un caso práctico–. Los que aprueben el examen integrarán una nómina según un orden de mérito en base al análisis de antecedentes académicos y profesionales.

Los otros concursos

Para postularse como técnico administrativo sólo se requiere título secundario. Las funciones de los administrativos van desde el área de recursos humanos hasta los aspectos contables y financieros. La inscripción será del 2 al 13 de junio, y el examen escrito (“múltiple choise”) entre el 7 y el 18 de julio. Se evaluarán los conocimientos prácticos de informática, de la estructura institucional argentina y del Ministerio Público, y de conceptos teóricos de historia nacional y latinoamericana. Los postulantes que aprueben el examen integrarán una nómina que irá a sorteo.

El primer concurso terminó el viernes pasado. Se abrió para ocupar las vacantes de técnico auxiliar, que realiza tareas de maestranza, limpieza, vigilancia, mantenimiento, portería, y traslado de documentos y expedientes. Las evaluaciones se realizarán entre el 23 de junio y el 4 de julio. Para ocupar esas vacantes sólo se requiere educación primaria completa, y acreditar idoneidad para el cargo en la entrevista personal que tendrá lugar durante ese período.

La familia judicial ya no tiene ventaja

Se trata de los primeros tres concursos con esta modalidad, que fue reglamentada el 31 de marzo por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. El reglamento incorpora un “impedimento por parentesco”, donde se impide seleccionar a quien tenga lazos de sangre o afinidad –hasta el segundo grado–, o conviva con un magistrado o funcionario del Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal que se desempeñe en el mismo distrito, fuero y área de especialización a la que se aspire a ingresar.

Las postulaciones serán evaluadas por un comité especial integrado por quince funcionarios, encabezado por los fiscales generales Cecilia Pombo y Marcelo Agüero Vera. También lo componen Guillermo Orce, secretario letrado; Milton Khaski, prosecretario letrado; Gabriela Álvarez Juliá y Carlos Martín Amad, secretarios de fiscalía general; entre otros.

El puntapié de la democratización

La norma que abrió la convocatoria a los cargos es la Ley 26.861 de Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, que ya lleva un año vigente. Formó parte del paquete de leyes de reforma judicial que impulsó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y logró superar las numerosas impugnaciones judiciales que cuestionaron su constitucionalidad.

Con el ingreso por concurso público se busca terminar con las prácticas de la “familia judicial”, y privilegiar la idoneidad técnica de los aspirantes. El proyecto pone en pie de igualdad a aquellos cuya trayectoria se ha desarrollado fuera del Poder Judicial y realizaron tareas vinculados a la Justicia. Además, impide el ingreso de quienes hayan participado de la última dictadura cívico militar.

La Defensoría General también reglamentó el ingreso a sus dependencias. Convocó a las inscripciones, realizó los exámenes en marzo y luego sorteó las vacantes entre los mejores aspirantes. Ya incorporó una camada de administrativos, auxiliares y profesionales bajo el mecanismo de concursos. La Corte Suprema también reglamentó el ingreso al Poder Judicial, y durante marzo recibió más de treinta mil postulaciones en todos los fueros. Sin embargo, todavía ninguna de las Cámaras difundió fechas para concursar.