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La creación de un canal formal de intercambio digital de información entre el Ministerio Público Fiscal y los organismos registrales dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acordaron hoy el titular de esta cartera, Julio Alak, y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El acuerdo habilita a los fiscales a la utilización de los sistemas de remisión y contestación de oficios e informes en formato digital con la Inspección General de Justicia, y también les facilita el servicio de consulta de dominio e inhibiciones de automotores y motos de los registros nacionales del Automotor.

Por su parte, a través de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal se habilitará el acceso al Sistema de Consulta de Índice de Titulares de Dominio (SICOIT) y al Sistema de Consulta de Índice de Inhibiciones (SICOIN), que permite corroborar las titularidades de dominio inscriptas en el Registro y realizar consultas referentes a inhibiciones y anotaciones personales.

Alak explicó que el acuerdo firmado esta mañana “pone al alcance de los fiscales una información valiosísima para los procesos judiciales”.

Gils Carbó, en tanto, consideró que el convenio tiene una “significativa importancia” y, en ese orden, señaló que “contar con esa información contribuirá de modo decidido a la aceleración de los procesos”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Bienes decomisados y secuestrados

Alak y Gils Carbó también acordaron que el Ministerio Público Fiscal y el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados intercambiarán información relativa a los bienes involucrados en delitos de criminalidad compleja, que podrá ser utilizada con fines de monitoreo y supervisión y en casos de investigación criminal y estudios tendientes al trazado de políticas de persecución penal en caso de la Procuración General de La Nación.

En ese orden, se convino que una mesa de trabajo conformada por funcionarios de ambos organismos se encargará de participar en la planificación, el diseño y la coordinación de políticas de recupero de activos de fuente ilícita, así como de coordinar las normativas, los acuerdos, las propuestas y los proyectos de ley sobre sistemas transparentes y eficientes de  administración de los activos recuperados que asegure su afectación a fines de utilidad pública.

Junto a Alak y Gils Carbó estuvieron los directores del Sistema Argentino de Información Jurídica, Paula Pontoriero; de Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, Florencia Carignano, y del Registro de Bienes de Secuestrados y Decomisados, Nicolás Barbier.

Otros acuerdos

En el encuentro entre la procuradora y el ministro se convino, asimismo, promover el acceso a la justicia de las víctimas y denunciantes de delitos, sean parte querellante o particular damnificada, asegurando el seguimiento de la causa penal respectiva mediante el contacto directo con el fiscal interviniente.

En ese orden, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia se comprometió a facilitar el acercamiento de los damnificados o denunciantes a las unidades fiscales correspondientes, con el objeto de asegurar el conocimiento del trámite del proceso penal de que se trate.

Otro acuerdo firmado por Alak y Gils Carbó servirá para desarrollar actividades y proyectos en materia de formación e informática jurídico-legal, especialmente, para facilitar el intercambio de información y promover la difusión de las actividades y servicios prestados por INFOJUS, de manera de garantizar el acceso igualitario a la información jurídica.