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La Corte Suprema de Estados Unidos decidió rechazar la apelación de la Argentina en el juicio que mantiene contra los fondos buitre en los tribunales de Nueva York, pero aún no está dicha la última palabra. La sentencia apelada sometía a embargo los capitales soberanos de la Nación depositados en Estados Unidos y afectaba el dinero que Argentina envía regularmente al Bank of New York para pagar los intereses de la deuda a los bonistas estadounidenses que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

La decisión de la Corte podría haber sido no considerar el tema, pero eligió rechazarlo. Eso significa que el caso argentino no formará parte de los cincuenta sobre los que sí decidirá el máximo tribunal estadounidense durante el próximo año. En cambio, integrará la larga nómina de cerca de siete mil litigios rechazados. A pesar de este revés judicial desfavorable para la Argentina, aún queda un camino por recorrer que desembocará de nuevo en la Corte.

¿Qué rechazaron?

La sentencia que la Corte de Estados Unidos se negó a revisar es la que firmó el juez Thomas Griesa, y que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito. En ese fallo los jueces decidieron el embargo de los capitales argentinos para afectarlos al juicio. En caso de que se le diera la razón a los fondos buitre en su reclamo, ese dinero serviría como garantía de pago. Argentina planteó que Griesa se estaba extralimitando al decidir sobre fondos soberanos movilizados para el pago de otras obligaciones, que nada tenían que ver con el reclamo de los buitres, y protegidos por la inmunidad del Estado.

Tiempo después, Griesa falló en contra de la Argentina en el reclamo central que llevaron adelante los bonistas especuladores –entre los cuales se encuentra el multimillonario Paul Singer y sus fondos NML Capital y Elliot-. Grandes conglomerados financieros como Aurelius, Dart, AC Paster y Blue Angel, junto a trece particulares, pedían que la Argentina les pagara la totalidad del valor nominal y los intereses de los bonos que adquirieron cuando nuestro país ya había declarado el default. Estos fondos compraron los títulos a una milésima parte de su valor, y acudieron a los jueces estadounidenses para reclamar la totalidad, como si la declaración de cesación de pagos nunca hubiese existido.

¿Cómo sigue?

Los jueces fallaran a favor de los fondos y quieren obligar a la Argentina a desembolsar 1330 millones de dólares en efectivo y al contado para el pago de esos títulos. Con la apelación de esa sentencia, la resolución quedó en “stay”, es decir, con efecto suspensivo: no se aplicará hasta que no se ratifique en última instancia. Ayer se discutía si con esta sentencia caía el efecto, pero como queda pendiente la segunda parte del litigio, el “stay” no se modifica.

La sentencia de Griesa sobre la cuestión central fue apelada ante la Cámara de Apelaciones, que ratificó la decisión de primera instancia. Argentina no bajó los brazos y volvió a apelar: le pidió a los tres jueces de esa sala de la Cámara que revisaran su sentencia. A la vez, pidió a los trece jueces de la Cámara que se reúnan “en banc” –esto es, en forma plenaria- para analizar el caso. Son planteos que todavía están pendientes, pero la Corte de Estados Unidos tuvo en cuenta al momento de rechazar la apelación ayer. Los jueces del máximo tribunal imaginan que volverán a tener el caso una vez que Argentina o los fondos buitre apelen la decisión de la Cámara de Apelaciones, sea favorable a una parte o a la otra, algo que podría suceder en el primer semestre de 2014.

En efectivo y al contado

Argentina puede afrontar el pago de los 1330 millones de dólares reclamados, pero cumplir con esa expectativa significaría violar la cláusula “pari passu” establecida en los canjes voluntarios de 2005 y 2010. Según ella, ninguno de los bonistas podría obtener mejores condiciones que las estipuladas en esos acuerdos, para que todos se encuentren en pie de igualdad.

Dejar de lado esta regla implicaría desconocer todo tipo de reestructuraciones de deuda, algo que alarma al gobierno de Estados Unidos y al de Francia, e incluso al Fondo Monetario Internacional. Todos ellos respaldaron la posición argentina a lo largo del litigio, pensando en los otros países centrales en crisis, y en la posibilidad de que tengan que implementar medidas similares a las que realizó Argentina en 2005, 2010 y 2013, con los sucesivos canjes de deuda que captaron al 93% de los acreedores.