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El gobierno argentino apeló este viernes el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que obligaba al país a pagarle a los fondos buitre la totalidad del capital que reclamaban. Fue al cierre del plazo disponible, y en simultáneo con una presentación similar de bonistas que sí entraron al canje. Es un período de reconsideración, un paso previo a la apelación a la Corte Suprema.

El fallo apelado había sido emitido por Thomas Griesa en primera instancia, y ratificado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito, de Nueva York. Los jueces habían dispuesto que hasta tanto Argentina no pagara a los fondos buitre los 1330 millones de dólares que reclamaban, no podría pagarle a los demás acreedores que sí accedieron a ingresar al canje, muchos de los cuales también reciben sus pagos a través de un banco neoyorquino.

La apelación consiste en un pedido de revisión doble. Por una parte, solicita a los tres jueces que componen la Sala que emitió la sentencia (Barrington Parker, Reena Raggi y Rosemary Pooler) que revisen su fallo. Al mismo tiempo, un grupo de bonistas nucleados en el denominado Exchange Bondoholders Group (EGB) también apeló el fallo en el mismo sentido. El grupo reúne a bonistas por 1500 millones de dólares de deuda, que sí ingresaron al canje y accedieron a recibir el pago con quitas, plazos reprogramados y disminución de intereses, y que consideran que la solución de la Cámara de Nueva York viola sus derechos.

Argentina y los bonistas consideran inconstitucional y violatorio de los derechos de los tenedores de deuda que ingresaron al canje. A la vez, con los mismos fundamentos, el pedido se extiende a los trece jueces que componen el tribunal –entre todas sus salas-, para que se reúnan y emitan una solución en común que tendría mucha más fuerza legal.

La solicitud de que la Cámara falle “en banc”, o en forma plenaria, es una petición usual ante los tribunales norteamericanos, pero que pocas veces es aceptada por los jueces. Argentina ya apeló de esa forma la primera parte del fallo –que obligaba a pagar el valor nominal de los títulos al fondo NML Elliot, de Paul Singer, entre otros-. Ante la respuesta negativa de los magistrados, el Estado recurrió al máximo tribunal estadounidense.

La Corte del país norteamericano deberá decidir si acepta el caso para su próximo período de sesiones, que empieza en octubre. Si la Cámara insiste en la negativa de rever la segunda parte de la sentencia, Argentina y los bonistas perjudicados prevén apelar al máximo tribunal, para que la revisión sea completa.

Los fundamentos de la apelación giran en torno a que Griesa y la Cámara de Apelaciones se extralimitaron en sus competencias. Su decisión no se ciñe sólo a los fondos que reclaman los “buitres” sino que también afectan los pagos que Argentina realiza al resto de los bonistas. Al tratarse de deuda soberana que no está en debate judicial, los jueces no debieran poder afectar sus pagos.

El otro pilar de la apelación se basa en la imposibilidad de sostener ningún tipo de reestructuración de deuda ante fallos como este. Si la soberanía económica de una nación queda desprotegida ante el reclamo de una parte minoritaria de sus acreedores, será imposible que países que buscan reponerse de una crisis puedan sostener una planificación a mediano plazo.

En derecho privado, ante la quiebra inminente de una empresa está previsto que el acuerdo de al menos la mitad más uno de los acreedores, que representen dos tercios del capital total adeudado, ya consolida un acuerdo preventivo con nuevas condiciones de pago. El resto de los acreedores –minoritarios- queda obligado a ceñirse al mismo pacto, aunque no tenga la misma opinión sobre las condiciones. Esa práctica está extendida a lo largo y a lo ancho del mundo, como forma de reestructurar las deudas de una compañía.

A nivel internacional no existe una regulación sobre la reestructuración de la deuda soberana de un país. De allí surge que aunque el 93% de los acreedores de la deuda argentina haya ingresado a los canjes, técnicamente no obligue al restante 7% a adherirse a esas condiciones.

Ese aspecto hace tambalear ya no sólo a economías emergentes, generalmente presas fáciles de los fondos buitre a partir de su poder de lobby en los tribunales estadounidenses –bajo cuya ley suele emitirse la deuda de estos países-. Las nuevas víctimas podrían ser naciones europeas como Italia, España o Grecia, que caminan por la cornisa del default y caerían en la misma desprotección.

La semana pasada, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribía para el medio británico The Guardian que a partir del fallo contra la Argentina, “se ha derrumbado un principio básico del capitalismo: que cuando los deudores no pueden pagarles a los acreedores, hace falta un nuevo comienzo”. De allí que en las primeras instancias del juicio, la posición Argentina haya recibido el apoyo expreso del gobierno de países como Estados Unidos y Francia, e incluso del mismo Fondo Monetario Internacional.

Argentina propuso reabrir el canje indefinidamente, como gesto de diálogo ante la justicia estadounidense. La intención es captar a parte del 7% de los acreedores, bonistas que no ingresaron en los canjes anteriores de 2005 y 2010, y de los que apenas el 0,45% está en juicio. Las condiciones del canje serían las mismas que en los dos anteriores, y se prevé que esta semana la Cámara de Diputados lo convierta en ley. A la vez, ofreció a todos los acreedores que tienen deuda con legislación extranjera un reaseguro, cambiando sus títulos por otros similares pero con legislación nacional, y pagaderos en Argentina. De esa forma, un fallo adverso en Estados Unidos no afectaría los pagos a más del 93% de los acreedores.