La entidad monetaria apeló otra vez la sentencia. Espera que el tribunal ratifique lo resuelto sobre la inembargabilidad de los fondos. Y que retome su fallo del año pasado para dar la razón a la Argentina.
El Banco Central apeló el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa en el que el magistrado consideró que la entidad monetaria es un “alter ego” del Estado, y que por ello sus fondos son embargables. La resolución es del 25 de septiembre, aunque forma parte de un litigio de larga data, surgido en 2005 ante el pago de la deuda argentina al Fondo Monetario Internacional. Todo indica que la Cámara de Apelaciones le daría la razón a la Argentina.
En aquel entonces, Kenneth Dart y Paul Singer –principales accionistas de dos grandes fondos buitre- le pidieron a Griesa que embargara cien millones de dólares destinados al pago del FMI, y el magistrado accedió. Argentina apeló y la Cámara de Apelaciones de Manhattan revocó la sentencia. En el fallo, declaró que los fondos eran inembargables por la ley de inmunidad soberana, pero no aclaró el aspecto formal sobre si el Central es o no el “alter ego” del Estado. Griesa aprovechó esa veta para ratificar su idea en aquel fallo del 25 de septiembre.
Ahora el Central apeló otra vez la sentencia de Griesa, esperando que el tribunal de alzada ratifique lo resuelto sobre la inembargabilidad de los fondos, y retome su fallo del año pasado para darle la razón a la Argentina y cerrar este expediente, que tramita en paralelo al principal. La disputa se da en el marco de una causa muy controvertida, en la cual Singer, Dart y menos de quince bonistas –entre los que se encuentran varios fondos especuladores- reclaman a la Argentina el pago del valor total de los bonos que poseen.
La cláusula “pari passu”
Argentina reclama que si le paga el valor nominal de esos bonos, violaría una cláusula de los canjes de 2005 y 2010, en los cuales el 93% de los tenedores de deuda soberana accedieron a una quita histórica y se sometieron a nuevos plazos de pago. Ambos canjes, así como el recientemente sancionado, incorporan la cláusula “pari passu”, que pone en pie de igualdad a los bonistas y asegura que Argentina no reconocerá mejores condiciones para otros bonistas.
De pagarle a los fondos buitre los 1330 millones de dólares que reclaman, Argentina violaría la paridad de los bonistas, que quedarían habilitados a exigir el pago de la totalidad de la deuda. Eso implicaría el quiebre total de la reestructuración de la deuda soberana, una política de Estado impulsada desde 2003 que permitió al país salir de su peor crisis económica a través de la generación de recursos genuinos.
¿La consecuencia? Una virtual cesación de pagos, contemplada en los seguros que contrataron los fondos buitre al comprar los bonos defaulteados, y que le permitiría a los especuladores un nuevo negocio: cobrar el cien por ciento del valor de sus bonos –comprados a precio vil-, pero de parte de las aseguradoras. La ecuación es simple: a los buitres les sirve que Argentina quiebre.
“Una prueba de amor a los fondos buitre”
El 25 de septiembre Griesa firmó la sentencia en la que declaraba que el Banco Central es un “alter ego” del Estado. Al otro día, dado a conocer el fallo, Gabriel Wolf –politólogo del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENAP)- opinó que la sentencia “es una prueba más de amor de Griesa hacia los fondos buitre y sus lobbistas”. Consultado por Infojus Noticias, analizó que “tanto Griesa como la Corte de Apelaciones responden al lobby de los fondos buitre, y los fallos desfavorables a la Argentina son muestra de ello”.
Wolf consideró que la sentencia dictada por Griesa “es un fallo político, y no técnico”, que no hará mella en la jurisprudencia norteamericana, que “es abstracto” porque no tendrá ningún tipo de aplicación. Y que, si tuvo alguna intención mediática para generar repercusiones en los mercados, “claramente no alcanzó su objetivo, porque no logró distorsionar la posición de los acreedores ni movió el amperímetro de los indicadores financieros”.
El fallo de Griesa ocurrió tres días después de la promulgación de la ley que permitió la reapertura del canje por tiempo indeterminado, y por la que el Gobierno espera llegar al 97% de adhesión de parte de sus acreedores, lo que significaría el aislamiento total de los fondos buitre en su reclamo. La apelación del Banco Central se da a tres días del rechazo de la Corte Suprema estadounidense al pedido argentino de tomar el expediente. La resolución de la Cámara de Apelaciones sobre la cuestión del “alter ego” quedaría para el año próximo, y dilataría la resolución final del conflicto.