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Tres grupos de bonistas presentaron su respaldo a la posición argentina en el litigio que mantiene con los fondos buitre en los tribunales de Estados Unidos. Los bonistas se suman al acompañamiento que el gobierno de Francia hizo público también a través de un escrito ante la Corte Suprema estadounidense.

Las presentaciones se hicieron a través de un amicus curiae, un instrumento judicial en respaldo de una de las partes en conflicto. Los bonistas, que representan al 93% de los acreedores de la deuda externa argentina, expusieron su posición a favor de la Argentina. Se trata de los fondos Exchange Bondholder Group, Fintech, y los Euro Bonhonders, que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, y aceptaron reducir sustancialmente su reclamo a las condiciones que el Estado argentino ofreció como forma de pago, a partir de la generación de recursos propios.

Argentina mantiene un litigio en los tribunales de Nueva York con los fondos buitre NML Capital –del multimillonario Paul Singer-, Aurelius, Olifane y otros trece bonistas minoristas. Representan apenas el 7% de la deuda que tenía Argentina antes de impulsar una reestructuración en dos etapas. Los fondos buitre no quisieron ingresar en el canje, porque pretenden cobrar los bonos a su valor original, aun habiéndolos comprado a precio vil, cuando Argentina ya se encontraba en default.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también había dado a conocer que acompañaría la posición de Argentina, pero la semana pasada dio un giro en la decisión, a partir de que el gobierno de Estados Unidos también diera marcha atrás con su idea de insertar un escrito. El representante de Brasil en el FMI repudió la decisión del FMI, que ya había presentado su apoyo en instancias anteriores.

El juez de primera instancia Thomas Griesa había condenado a la Argentina al pago de la deuda soberana a los fondos buitre, en efectivo y en un solo pago, algo que produciría el default técnico de un país que tiene capacidad de enfrentar sus deudas, que genera recursos propios y ya no acude al mercado internacional en busca de financiamiento. Las reservas argentinas superan ampliamente el monto reclamado, que es de aproximadamente 24 mil millones de dólares, pero en las arcas del Estado no se tiene previsto ese desembolso.

Los tres grupos de bonistas y la Caja de Valores presentaron un amicus curiae ante la Corte Suprema de Estados Unidos, donde aguarda la apelación argentina al fallo de Griesa, que fue confirmado en la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito. Si la Corte no favorece a la Argentina, el 93% de los accionistas que ingresaron al canje podrían reclamar el monto total de su crédito, dejando de lado la reestructuración de la deuda, y eso llevaría a la Argentina al default técnico, porque no cuenta con la liquidez para hacer frente a esos pagos.

Los abogados de la Caja de Valores –Raúl Herrera y Ramón Marx, de la firma Arnold and Porter-, opinaron que la sentencia debe ser revertida por la Corte porque “la orden dictada por la Cámara es una decisión sin precedentes que ignora los límites territoriales impuestos por la Ley de Inmunidad de la Soberanía Extranjera a la jurisdicción de los jueces americanos”, consignó Télam. Se referían a que un juez estadounidense no puede decir sobre activos que se encuentran fuera del territorio de ese país, algo garantizado por una ley federal.

En las presentaciones de los bonistas se plantea el “riesgo de disrupción del mercado de bonos internacionales y del sistema de pagos” a partir de un fallo a favor de los fondos especulativos, y destacaron el conflicto entre la sentencia de segunda instancia y los precedentes jurisprudenciales de otros tribunales estadounidenses.