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El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich dio una conferencia de prensa junto al titular de Cancillería,  Héctor Timerman, y la consejera legal de esa cartera, Susana Ruíz Cerruti, en la que ofrecieron detalles sobre la presentación que Argentina realizó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

 

Capitanich explicó que la decisión se tomó por la "violación de la soberanía de la Argentina y de sus inmunidades" como consecuencia del accionar de la justicia norteamericana en el caso de los fondos buitre. 

 

Timerman aclaró que “Argentina ya demandó a Estados Unidos” ante la Organización Naciones Unidas, y agregó que, hasta el día de hoy,  el gobierno de Estados Unidos  no respondió si "acepta o no" dirimir en la Corte de La Haya la demanda iniciada por nuestro país. Timerman también explicó que Argentina optó por resolver el conflicto de manera “imparcial”.  

 

El canciller también se refirió a que "los tribunales internacionales son al ámbito donde las potencias hegemónicas deben dialogar de igual a igual con el resto de los países". Y detalló que, "si los Estados Unidos no se avienen a presentarse" ante la Corte I de La Haya, "deberán indicar un método alternativo pacífico de solución de controversias". Y resaltó que "la Argentina está dispuesta como siempre a negociar, en forma pacífica e igualitaria, la resolución a un caso fruto de la controversia entre los Estados Unidos y la Argentina".

 

Timerman también explicó que la acción es contra Estados Unidos, “no contra los fondos buitre”. Y resaltó que nuestro país "no cedió su soberanía" y que "el juez (Thomas) Griesa no es soberano en la Argentina", sino que sus acciones "deben ajustarse al derecho internacional".Para el canciller hay una "campaña contra la Argentina" esgrimida por algunos miembros del Congreso estadounidense. Varios congresistas estadounidenses, denunció, recibieron donaciones de Paul Singer, responsable del fondo NML, o alguna de sus empresas, “por más de 10 millones de dólares".

 

Susana Ruiz Cerruti, consejera legal de Cancillería, comenzó trazando un paralelismo entre lo que sucedió el 2 de octubre de 2012, cuando fue embargada la fragata Libertad en el puerto de Ghana, y la situación actual. En aquel entonces, como ahora, fue el juez de primera instancia en intervenir en el caso quien no hizo lugar al pedido de liberación presentado por el gobierno argentino, que contó con el apoyo del ghanés. El cambio de posición se dio tras la intervención del Tribunal del Mar en Hamburgo, que ordenó liberar la embarcación.  

 

Ruíz Cerruti remarcó que los "Estados son responsables de las decisiones de su Poder Judicial", y que "no puede el Ejecutivo escudarse en que fue el Judicial" el que tomó acciones de resultan violatorias de la normativa internacional. La asesora legal también destacó que las últimas resoluciones de Griesa no fueron las primeras que afectaron a nuestro país. La primera de ellas “fue en 2004” cuando Argentina le pidió a Griesa que hiciera una interpretación de la cláusula Pari Passu para “evitar sorpresas desagradables” y él consideró que “no era oportuno”. 

 

Ruíz Cerruti también destacó que, ante el Tribunal de La Haya, Estados Unidos participó “en más de 20 casos como actor y demandado. Estamos poniendo a disposición un instrumento que, en el fondo, tiene Estados Unidos en su Poder Judicial”.