Infojus Noticias

La Argentina apeló hoy un fallo del juez estadounidense Thomas Griesa en el marco del litigio que los fondos buitre impulsan contra nuestro país ante los tribunales de Nueva York. El juez de distrito había ordenado a varios bancos que revelasen la información relativa a depósitos del Estado argentino en las distintas entidades financieras, para que los fondos Elliott Management Ltd., NML Capital, Dart y Aurelius contaran con los datos para un posible embargo.

La maniobra está vinculada a la declaración del Banco Central como “alter ego” del Estado argentino, una resolución abstracta de Griesa que buscaba poder embargar los fondos soberanos para responder a los reclamos de los especuladores. La resolución del juez se volvió inútil a partir de que la Cámara de Apelaciones revocó el embargo de los fondos del Central, aunque sin aclarar la disyuntiva teórica sobre si el banco es “alter ego” o no del Estado.

Aprovechando esa laguna, Griesa concedió a los buitres el pedido de información a los bancos sobre los depósitos del Estado en los bancos de Estados Unidos, desoyendo el precedente de la Cámara, que ya declaró inembargables los fondos públicos. Ahora Argentina apeló esa resolución, y es esperable que la Cámara de Apelaciones de Nueva York rechace la medida de Griesa y los datos de los depósitos argentinos no lleguen a Paul Singer, Kenneth Dart y los demás magnates especuladores.

Buitres al acecho

Grandes conglomerados financieros como Aurelius, Dart, AC Paster y Blue Angel, junto a trece particulares exigen en los tribunales estadounidenses que la Argentina les pague la totalidad del valor de los bonos que adquirieron cuando Argentina ya había declarado el default. Los “holdouts” compraron los títulos a una milésima parte de su valor, y acudieron a los jueces para reclamar la totalidad, obviando la cesación de pagos, y la reestructuración de la deuda argentina, que promovió una histórica quita de capital e intereses.

Aunque Argentina puede afrontar el pago de los 1330 millones de dólares reclamados por los buitres, cumplir con esa expectativa significaría violar la cláusula “pari passu” establecida en los canjes voluntarios de 2005, 2010 y 2013, al que ingresaron más del 93% de los acreedores. Según esa norma, ninguno de los bonistas puede obtener mejores condiciones que las estipuladas en esos acuerdos, para que todos se encuentren en pie de igualdad.

Dejar de lado esta regla implicaría desconocer todo tipo de reestructuraciones de deuda, y eso habilitaría a los bonistas que sí ingresaron al canje a que reclamen la totalidad de sus créditos, obviando su participación en la reestructuración y su ingreso a los canjes. En un supuesto como ese, Argentina ingresaría en un default técnico, y los fondos buitre lograrían otro negocio exigiendo el pago de elevadas sumas a las aseguradoras del crédito.

El desconocimiento a la reestructuración argentina es algo que alarma al gobierno de Estados Unidos y al de Francia, e incluso al Fondo Monetario Internacional. Todos ellos respaldaron la posición argentina a lo largo del litigio, pensando en los otros países centrales en crisis, y en la posibilidad de que tengan que implementar medidas similares a las que realizó Argentina en 2005 y 2010, y que volvió a encarar este año con la reapertura indefinida del canje.