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Los fondos buitre presentaron un escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el que exigieron que se ejecute la sentencia que obliga a la Argentina a pagarles 1330 millones de dólares. Hasta tanto no haya una sentencia firme, la aplicación del fallo está suspendido por una medida que en inglés se denomina “stay”, pero los bonistas que no ingresaron a los canjes quieren derribar esa protección de la que goza Argentina.

El juez Thomas Griesa había condenado al país a pagarles ese monto a los fondos Elliot, NML Capital y Aurelius, entre otros, y el fallo fue ratificado por los jueces de la Cámara de Apelaciones. Argentina apeló esa condena ante los mismos jueces de la Cámara y pidió que la sentencia sea revisada “en banc” por los trece jueces que componen todas las salas de la segunda instancia. Hasta que la Cámara no resuelva esa apelación, el efecto suspensivo de la sentencia se conserva en pie: es decir, Argentina no tiene que pagar esa deuda.

Los grupos especulativos encabezados por Paul Singer y Kenneth Dart le piden a los jueces de la Cámara que levanten el “stay” y ejecuten la sentencia contra la Argentina, porque consideran que la Corte Suprema ya rechazó tratar el caso. Además, sostienen que Argentina intenta dilatar el litigio para poder efectuar los pagos que restan este año a los bonistas que ingresaron al canje, casi doscientos millones de dólares que se transfieren a través del Banco de Nueva York. Si la Cámara les diera la razón, ese dinero correría el riesgo de quedar embargado.

Aunque hace dos semanas la Corte Suprema estadounidense rechazó tratar el caso, el vocero del máximo tribunal dio a entender que esperarán otro planteo de la Argentina cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el pedido de apelación “en banc”. La última instancia judicial podría tomar el juicio una vez que se hayan resuelto todas las cuestiones preliminares y todos los reclamos estén listos para un fallo definitivo. Recién con un fallo de la Corte habría una sentencia firme y correspondería que cayera el “stay”, pero los fondos buitre intentan apurar el pago y presionan con un nuevo escrito judicial.

Buitres al acecho

Grandes conglomerados financieros como Aurelius, Dart, AC Paster y Blue Angel, junto a trece particulares exigen en los tribunales estadounidenses que la Argentina les pague la totalidad del valor nominal y los intereses de los bonos que adquirieron cuando nuestro país ya había declarado el default. Estos fondos compraron los títulos a una milésima parte de su valor, y acudieron a los jueces para reclamar la totalidad, como si la declaración de cesación de pagos nunca hubiese existido, y haciendo gala de su poder de lobby.

Aunque Argentina puede afrontar el pago de los 1330 millones de dólares reclamados, cumplir con esa expectativa significaría violar la cláusula “pari passu” establecida en los canjes voluntarios de 2005, 2010 y 2013, al que ingresaron más del 93% de los acreedores. Según esa norma, ninguno de los bonistas puede obtener mejores condiciones que las estipuladas en esos acuerdos, para que todos se encuentren en pie de igualdad.

Dejar de lado esta regla implicaría desconocer todo tipo de reestructuraciones de deuda, y eso habilitaría a los bonistas que sí ingresaron al canje a que reclamen la totalidad de sus créditos, obviando su participación en la reestructuración y su ingreso a los canjes. En un supuesto como ese, Argentina ingresaría en un default técnico.

El desconocimiento a la reestructuración argentina es algo que alarma al gobierno de Estados Unidos y al de Francia, e incluso al Fondo Monetario Internacional. Todos ellos respaldaron la posición argentina a lo largo del litigio, pensando en los otros países centrales en crisis, y en la posibilidad de que tengan que implementar medidas similares a las que realizó Argentina en 2005 y 2010, y que volvió a encarar este año con la reapertura indefinida del canje.