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La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá este viernes si acepta o no la apelación del Estado argentino para revisar una sentencia del juez Thomas Griesa. El fallo, ratificado por la Cámara de Apelaciones, habilitó a los fondos buitre a requerir información sobre activos y cuentas de la Argentina en países del exterior. Esas investigaciones permitirían que los acreedores fueran tras los depósitos soberanos para exigir el pago del total nominal de la deuda de la que son acreedores. Los fondos buitre no accedieron a ingresar a los canjes argentinos y reclaman 1330 millones de dólares en efectivo.

El litigio tramita en un expediente paralelo al principal. El gran conflicto gira en torno a la demanda de NML Capital, del magnate Paul Singer. El fondo especulativo accionó contra la Argentina en los tribunales de Nueva York en 2005, cuando el Gobierno nacional anunció que cancelaría la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En ese momento se abrió un canje de deuda con elevadas condiciones de quita de capital e intereses y reprogramación de los plazos de pago.

Según la edición local de la revista Forbes, existen grandes probabilidades de que el máximo tribunal de Estados Unidos tome el expediente, dado que ya le pidió al fiscal general de Estado, Donald Verrilli, que se pronuncie sobre el tema. En su dictamen, recomienda que la Corte se expida al respecto. Esto no significa necesariamente que vaya a tomar el reclamo de fondo, que llegaría a la Corte entre febrero y abril a partir de la apelación argentina.

Hasta ahora la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de Griesa que obliga a Argentina a pagar en efectivo y al contado la totalidad de la suma reclamada. Una eventual sentencia en ese sentido forzaría a un default técnico por falta de liquidez en las reservas.

La reestructuración de la deuda

Los acreedores que ingresaron entregaron sus bonos en 2005 –declarados en default tres años antes- a cambio de los nuevos. En 2010 se repitió la operatoria y se alcanzó a reestructurar el 93 por ciento de la deuda soberana, una cifra histórica en las finanzas internacionales. Gran cantidad de países, entre ellos potencias económicas, realizaron reestructuraciones de deuda a lo largo de los años, con canjes de bonos como mecanismo. La regla es que el bono emitido antes de la declaración de cesación de pagos, nunca se cobra. Ese es el riesgo que asume el inversor al acceder a la compra de los títulos, que en general ofrecen elevadas tasas de interés.

En 2013 se abrió por tercera vez el canje, esta vez sin plazos de cierre. Así, se busca que el siete por ciento de los acreedores que no accedieron a las condiciones con anterioridad, finalmente adhieran al nuevo cronograma de pagos. Una mínima porción de ellos, la de los fondos especulativos de Singer y de Kenneth Dart, entre otros, reclama judicialmente el pago nominal de lo que indican sus títulos de crédito, adquiridos a precio vil cuando ya estaban en default. Así, buscan obtener increíbles tasas de ganancia con la complicidad del aparato judicial de Estados Unidos, donde el lobby de los especuladores ha dado sus frutos hasta el día de hoy.

El litigio judicial cuestiona la cláusula “pari passu” establecida en los contratos de canje, que establece que ningún acreedor podrá obtener mejores ventajas que las ofrecidas al público mediante la ley. En caso de que el Poder Judicial estadounidense le diera la razón a los fondos buitre, esa cláusula se vería vulnerada y así toda la reestructuración quedaría fracturada. La herramienta de los canjes de deuda se verían deslegitimadas en todo el mundo, impactado por la palabra de la Corte del país del norte americano. En ese marco, el FMI y los gobiernos de Francia y del mismo Estados Unidos presentaron escritos ante los tribunales de Nueva York para respaldar la postura argentina.