Franquismo: España rechaza la detención de los reclamados
El fiscal dijo que no considera necesaria "la detención preventiva, habida cuenta la antigüedad de los hechos" en un escrito presentado ayer al juez de guardia
Un fiscal español se opuso ayer a detener a los cuatro expolicías españoles reclamados por la jueza federal Servini de Cubría por presuntos crímenes cometidos durante el franquismo (1939-1975), pero se mostró favorable a abrir un proceso de extradición.
El fiscal Carlos Bautista, de la Audiencia Nacional –tribunal español con sede en Madrid y que tiene jurisdicción en todo el territorio de España- dijo que no considera necesaria "la detención preventiva, habida cuenta la antigüedad de los hechos" en un escrito presentado ayer al juez de guardia, Pablo Ruz.
Respecto a dos de los reclamados por la justicia argentina, Ruz confirmó hoy la muerte de dos de los cuatro represores. Se trata del excomisario José Ignacio Giralde González, fallecido el 2 de abril de 2007, y el exescolta del dictador Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, fallecido el 3 de agosto de 2009, informaron a Télam fuentes judiciales.
Los otros dos represores, el exguardia civil Jesús Muecas Aguilar y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias "Billy El Niño", están localizados por la justicia y pendientes de ser citados a declarar.
Los acusa de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y sustracción de menores, rechazó.
Respecto de González Pacheco, de 67 años, por lo menos 17 testimonios lo incriminan por estar al mando de las torturas que se perpetraban en los calabozos del emblemático edificio de la Puerta del Sol a principios de los setenta.
La jueza Servini dictó el 18 de septiembre una orden de busca y captura contra ellos después de abrir en el 2010 una querella de víctimas españolas residentes en Argentina. La causa incluye crímenes perpetrados en España entre el inicio de la Guerra Civil (julio de 1936) y la caída del franquismo (julio de 1977).
La magistrada reclamaba su detención para tomarles declaración indagatoria. Además, incluía un exhorto al gobierno español para colaborar en su localización en virtud de los convenios bilaterales vigentes, como ocurrió en el caso del exoficial argentino Adolfo Scilingo, condenado en España por crímenes de lesa humanidad por su implicación en los denominados vuelos de la muerte.
La causa hace mención a 114 mil víctimas y 30 mil menores de edad de familias del bando republicano robados durante el período franquista.
“Es interesante que reflexionemos sobre la justicia como tal”
“España no investiga ni deja investigar cuando se trata del franquismo”
