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La juez federal María Servini de Cubría dispuso que Interpol concrete su "arresto preventivo" a 20 personas por los crímenes del franquismo para fines de extradición a la Argentina con miras a tomarles declaración indagatoria, entre ellos a los exministros  Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. La magistrada hizo lugar a un pedido hecho la semana pasada por el fiscal de la causa, Ramiro González, luego de que ambos viajaron a España para tomar declaración a sobrevivientes, familiares de víctimas y recopilar documentación.

Según la resolución de 286 carillas, la jueza federal consideró que los delitos atribuidos a los imputados "constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal". 

La juez cree que Utrera Molina, ministro de Vivienda de Francisco Franco entre 1973 y 1974, y Rodolfo Martín Villa, ministro del gobierno de la UCD entre 1976 y 1979, pudieron haber cometido un delito de homicidio en grado de tentativa con la circunstancia agravante de haber sido premeditado

De esta forma, Servini ratificó lo sostenido al ordenar las cuatro primeras detenciones en la causa el año pasado en lo referido a los argumentos para sostener "la jurisdicción" de Argentina "para juzgar los hechos que motivaran" la querella criminal por homicidios, secuestros, torturas y robo de bebés durante la dictadura franquista en España.

La decisión recayó sobre Antonio Carro Martínez, José Utrera Molina, Fernando Suarez Gonzalez, Jesús Cejas Mohedano, quienes fueron autoridades de la época y ex miembros del Consejo de Guerra del franquismo y policías.

Además, se pidió la detención de Licino de La Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez, Licino De La Fuente, Ventura Pascual, Alfonso Osorio Garcia, Jesús Quintana Saracibar, Rodolfo Martín Villa, Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey Gonzalez. Jesús Gonzalez Reglero, Ricardo Algar Barrón, Felix Criado Sanz, Pascual Honrado De La Fuente Reglero, Jesús Martinez Torres, Benjamín Solsona Cortes y Atilano del Valle Oter, entre otros.

En la resolución se les adjudican distintos tipos de delitos a los acusados, desde homicidio, hasta secuestros, tortura y sustracción de un recién nacido según el caso, todos cargos que contemplan penas de prisión elevadas y de cumplimiento efectivo.

En varios casos la jueza imputó a los buscados por homicidio agravado, que prevé penas de reclusión o prisión perpetua.

En su viaje a España, en el mes de junio, Servini de Cubría logró interrogar a las "víctimas y querellantes en el proceso argentino, que por su edad o condiciones no pueden viajar a Buenos Aires a prestar declaración ni trasladarse a cualquiera de los consulados argentinos".

Con el motivo de recabar "pruebas y documentación sobre los crímenes franquistas en diferentes entidades y archivos de la nación española" y "tiene previstas reuniones con representantes de diversas instituciones del Estado español".

Esta causa se originó por una denuncia penal que el 14 de abril de 2010 radicaron en la Justicia federal argentina el hijo de un gallego fusilado en 1936 y la sobrina nieta de dos hombres ejecutados en 1937, a esta primera denuncia se le fueron sumando querellantes, hasta llegar a ser "entre 150 y 200", según confió la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo ( Ceaqua).

Por lo que también se presentaron como querellantes la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Sociales y Legales(CELS), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Comité de Acción Jurídica.